Argentina, país regresivo

La propuesta original era que, aprovechando las ventajas naturales del país, iban a venir capitales del exterior (del extranjero y local en el exterior fruto de la fuga de capitales), y con su inversión se incrementaba el producto bruto interno y las exportaciones.

La demanda agregada se compone de consumo interno + IBIF (inversión interna bruta fija) + gasto público + exportaciones.

Fruto del brutal ajuste económico realizado en estos 29 meses y días de la administración de Luis Caputo y su equipo, se produjo el descenso drástico del consumo interno y del gasto público. Pero la IBIF, lejos de crecer, también descendió, pero no sólo en la actividad interna (construcción e industria ligada al mercado argentino), sino también incluso en lo que el gobierno presentaba como el nuevo eje de crecimiento por el RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones), que desde el comienzo de su ejecución en julio de 2024 a marzo de 2026 no alcanza a ser el 9,5% del monto planteado en los 16 proyectos aprobados por el comité evaluador presidido por el ministro Luis Caputo, de 32.000 millones de dólares.

Esto tiene tres agravantes:

1. La mayor parte de las inversiones fueron realizadas por los dos proyectos que ya estaban planteados en Vaca Muerta antes de que existiera el RIGI. Estos proyectos luego fueron presentados para gozar del beneficio de amortizar máquinas y equipos en cinco años y pagar una tasa preferencial en el impuesto a las ganancias del 25%: a) Vaca Muerta Sur (VMOS), consorcio liderado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell, oleoducto e infraestructura en Río Negro para duplicar las exportaciones de petróleo; y b) Southern Energy, Proyecto GNL, propiedad de Pan American Energy y Golar LNG, barcaza en el golfo de San Matías para producir gas natural licuado.
2. Gracias a la flexibilización del mal llamado “cepo cambiario”, las empresas extranjeras pueden girar utilidades a sus casas matrices [1]. Así lo hicieron las principales empresas transnacionales que operan en Vaca Muerta (Shell, Total y Chevron) por una suma no precisada, pero cercana a los 1.000 millones de dólares. La información se conocerá oficialmente a fin de mes, cuando se conozca el informe de mercado de cambios del BCRA del mes de abril 2026.
3. Los grupos extranjeros y locales, en su apetencia de ganar una renta financiera extraordinaria con el carry trade, tras la devaluación del 12 de diciembre de 2023, y pasar a frenar el precio del tipo de cambio para que sea siempre menor a la tasa de interés en pesos, hace que, con un dólar oficial a 1.418 pesos como cerró el viernes 15 de mayo de 2026, la Argentina sea muy cara para la inversión física (sea minera, hidrocarburífera, agropecuaria, etc.), tal como se lo dijeron los empresarios al ministro Caputo y equipo en la llamada Semana Argentina en Nueva York, del 9 al 11 de marzo , y como le dicen todas las veces que van a la sede del FMI en Washington o conversan con ellos vía Zoom.

Sin el ingreso de capitales genuinos de una magnitud importante y constante, no se puede garantizar el precio del dólar. No basta el ingreso de divisas por endeudamiento real o supuesto (por autopréstamos) de las empresas y de las provincias, como sucedió sobre todo después de las elecciones del 26 de octubre de 2025. Entre otras razones, porque la deuda pública del Tesoro de la Nación es de 496.676 millones de dólares al 30 de abril de 2026 y no se puede pagar ni siquiera la mitad de los intereses que esta devenga, demostrado palpablemente en el crecimiento continuo de los títulos del Tesoro de capitalización (LECAP y BONCAP).

Hay datos para tener en cuenta. Si crecen las exportaciones, por la excelente cosecha de trigo, soja y maíz y su sostenido precio internacional, CIARA y CEC contabilizan ventas en el primer cuatrimestre de 2026 por 7.667 millones de dólares (en igual lapso del año pasado lo hicieron por 8.659 millones de dólares). Por otro lado, también las exportaciones de combustible y energía en el primer trimestre: el valor acumulado de ventas fue de 2.837 millones de dólares, e impactará seguramente en los meses venideros con la suba del precio internacional del petróleo.

Con las exportaciones se garantizan ingresos fuertes de divisas al país, con lo que estarían en condiciones de lograr cubrir los vencimientos de capital e intereses de la deuda de 2026. Las dudas se acrecientan para el 2027, cuando los vencimientos son muchos mayores, y el desgaste del gobierno aumenta en mayor proporción.

Según la Secretaría de Finanzas de la Nación, en 2027 vencen títulos del Tesoro en moneda extranjera (capital e intereses) por 15.205 millones de dólares. Más los tres REPO [2] por 6.000 millones de dólares, más BOPREAL [3] por 5.000 millones. Esto da un total de 26.205 millones de dólares. Más la deuda en pesos, principalmente los LECAP y BONCAP, que son en moneda nacional, pero la Secretaría de Finanzas presenta en divisas, y suman, a abril 2026, 90.835 millones de dólares.

La situación es más que comprometida. La economía presenta la inconsistencia macroeconómica de que, de los cuatro componentes de la demanda agregada, sólo crecen las exportaciones, pero no son suficientes para financiar la inversión y ni tan siquiera para pagar los servicios de la deuda.

El gobierno, mediante la ley 27.798 de Presupuesto Nacional 2026, prioriza el pago de la deuda y supedita todos los gastos a ese fin. Así, en su artículo primero fija la regla fiscal según la cual “el Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante a partir de la cual se subordinan recursos y gastos y queda a libre ejecución del Poder Ejecutivo.

De allí que con meras decisiones administrativas decide desde el 1 de abril reducir el magro presupuesto para obra pública en un 20%, y el gasto corriente en un 2%. O que, dado que la pauta inflacionaria oficial estimada proyecta una inflación anual (Índice de Precios al Consumidor) del 10,1% para el corriente año (superada por el IPC acumulado a abril 2026 de 12,3%), va a sostener que las partidas para salud, educación, preservación del medio ambiente, seguridad social, remuneraciones, etc. deben ceñirse al presupuesto. O lo que es peor, dada la reducción del gasto, pretende cambiar el índice de movilidad previsional que es el IPC (actual) con dos meses de retraso, por otro que sea menor.

Decide malvender empresas y activos públicos para hacerse de recursos, basándose en la ley 27.742, llamada ley de Bases, que le permite enajenar ENARSA, NASA (Nucleoeléctrica Argentina), YCRT, AYSA, Belgrano Carga, SOFSE, corredores viales y la desregulación del sistema eléctrico, por la cual concesionó por 30 años las cuatro represas del Comahue y vendió el 50% que estaba en poder del Estado de TRANSENER SA.

Hijos y entenados

El gobierno ha permitido la compra de divisas mientras frena su precio a costa de endeudamiento y de capitalizar intereses, de manera tal que el Balance Cambiario desde el 2 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2026 demuestra que “Personas Humanas” (así se llama la cuenta) compraron 51.446 millones de dólares. Una parte se convirtió en depósitos en divisas en los bancos locales, otra parte se gastó en viajes y compras al exterior (tarjetas de crédito, importaciones personales, por ejemplo, el auto Tesla del diputado de LLA de Jujuy, Manuel Quintar, etc.), pero una gran parte es fuga de divisas.

Para ello, el gobierno propicia la renta financiera por el carry trade. A la vez, permite la compra de divisas y elimina el impuesto PAIS, que se creó por la ley de Emergencia el 24 de diciembre de 2019. Este impuesto dispuso su vigencia por cinco años, que el gobierno de Milei no renovó. Gravaba la compra de divisas a los bancos y casas de cambio con una alícuota de 30% para la compra de dólar ahorro, y del 17,5% para importaciones y fletes que el gobierno de Milei redujo a 7,5%. La recaudación significó en el año 2024 la suma de 6,3 billones de pesos (unos 6.700 millones de dólares).

La ley 27.799 de Inocencia Fiscal presenta dos esquemas:

a) Cambia el paradigma en el régimen general e invierte la carga de la prueba. Todo contribuyente es inocente hasta que el ARCA demuestre lo contrario; y

b) Genera el blindaje del nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, abonando el impuesto solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial. Por lo tanto, el contribuyente (persona física y empresas) calculará su monto a pagar solo por lo facturado, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio ni su consumo durante ese periodo ni, obviamente, la compra que realizaron de divisas y su fuga. El nuevo régimen simplificado de ganancia le permite a unas 80.000 personas utilizar sus dólares que están fuera del sistema sin que ARCA le pregunte por el origen de esos fondos [4].

Reducen los impuestos internos para:

1. Tecnología y Electrónica (Decreto 333/2025): Desde el 15 de enero de 2026, se estableció la eliminación total de aranceles de importación para celulares (0%) y una rebaja del 35% al 20% para consolas de videojuegos.
2. Impuestos internos a bienes electrónicos: Los impuestos internos para televisores, monitores y aires acondicionados se redujeron del 19% al 9,5%.
3. Producción de Tierra del Fuego: Se eliminaron los impuestos internos (9,5%) para productos fabricados en Tierra del Fuego, permitiendo la venta directa al consumidor.

Se reducen los derechos de exportación (retenciones) para:

• Porotos de soja: de 33%/26% en abril de 2025 a 24% en abril de 2026.
• Aceite y pellets de soja: de 31%/24,5% en abril de 2025 a 22,5% en abril de 2026.
• Trigo y cebada: de 12%/9,5% en abril de 2025 a 7,5% en abril de 2026.
• Maíz y sorgo: de 12%/9,5% en abril de 2025 a 8,5% en abril de 2026.
• Girasol: de 5,5% en abril de 2025 a 4,5% en abril de 2026

Mientras, a los jubilados y pensionados les siguen “licuando” los haberes porque “no hay plata”, e inclusive plantean una variable de ajuste menor que el IPC, y además van a usar la ANSES para subsidiar despidos a las grandes empresas mediante el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), que se creó en la Ley 27.802 de Reforma Laboral, con un 3% de aporte de los empleadores a la ANSeS que se detraen y derivan a ese fondo, que sería administrado por el capital privado y que Caputo estima equivalente a 4.000 millones de dólares por año.

En abril de 2026, la jubilación mínima en la Argentina, incluyendo un aumento por movilidad y un bono refuerzo, se establece de la siguiente manera: