UE deportará a familias migrantes con niños a cárceles de otros países
Isabella Arria
La Unión Europea aprobó un reglamento que permite deportar a familias migrantes con niños pequeños a centros de detención de terceros países y avanza así en su criminalización de las personas migrantes y en la violación de sus derechos humanos, en línea con lo que defiende la extrema derecha, alentada por el presidente estadounidense Donald Trump.
El Consejo y el Parlamento Europeo cerraron el lunes 1 de junio de 2026 el texto final del nuevo reglamento europeo de retornos, una norma que abre la puerta a que los Estados miembros encierren a personas migrantes —incluidas familias con menores de edad— en centros de detención situados en países extracomunitarios con los que esas personas no tienen ningún vínculo. La pieza, presentada en Bruselas como un trámite técnico tras tres horas de negociación a puerta cerrada, supone uno de los giros más severos en materia migratoria que ha dado la UE en su historia reciente.
La nueva norma endurece las condiciones de expulsión al eliminar motivos que antes frenaban una deportación inmediata, como padecer enfermedades que requieran tratamiento o tener lazos familiares en el país de acogida. Además, se imponen sanciones severas… si el migrante no coopera o existe riesgo de fuga, la detención puede alargarse hasta los 24 meses. La votación ha salido adelante gracias a que el Partido Popular Europeo (PPE) ha unido sus votos a la extrema derecha.
Más de 70 organizaciones proinmigración han pedido a las instituciones de la Unión Europea que suspendan la tramitación del Reglamento de Retorno, la propuesta con la que la Comisión Europea pretende reforzar las expulsiones de personas migrantes en situación irregular.
El texto aprobado fue rechazado por partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, que sostuvieron que la iniciativa no está alineada con un enfoque europeo, sino que muestra un giro a la extrema derecha por parte de los populares. Poco después de que el expediente se votase en comisión parlamentaria, se reveló además que los negociadores popular, ultraconservador y de los dos grupos de ultraderecha habían creado un grupo de 
Whatsapp para redactar enmiendas y coordinar posiciones de cara al voto, lo cual demuestra una cooperación mucho más estrecha que la previamente conocida entre el PPE y los partidos antes vetados por el cordón sanitario.
«El resultado de este expediente confirma nuestras preocupaciones. Lo que estamos viendo no es un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha», dijo Ana Catarina Mendes, vicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en la Eurocámara.
Estos grupos sostuvieron además que el texto fomenta la detención «masiva e indefinida por motivos puramente administrativos» y criticaron la creación de los centros de retorno en terceros países donde «es probable que sean objeto de detención prolongada y arbitraria que conducirá inevitablemente a violaciones de los derechos fundamentales».
«Las redadas migratorias no son nuevas en Europa, pero este reglamento ampliará y normalizará el perfilado racial, la vigilancia en los servicios públicos y operaciones similares a las del ICE en Estados Unidos, incluso en hogares privados», advirtió la directora de PICUM, Michele LeVoy, quien reclamó coherencia entre el discurso europeo en derechos humanos y las políticas internas de control migratorio.
Más de 150 ONG pidieron a la Comisión Europea que retire su propuesta de Reglamento de Retorno al considerar que criminaliza a los migrantes en lugar de asegurar su protección y facilitar su inclusión.
Hubs de retorno
En el punto más polémico, el reglamento valida la creación de centros de deportación en países fuera de la Unión Europea. A estos lugares se podrá enviar a personas que no tienen permiso de estancia, incluso a familias con niños, aunque no tengan ningún vínculo con ese tercer país. Solo los menores no acompañados quedan fuera de esta medida.
El Parlamento Europeo, con el voto a favor de derecha y extrema derecha, dio luz verde a una normativa que marca un antes y un después en la política migratoria de los Veintisiete., que busca agilizar las expulsiones de quienes no obtienen asilo, en un contexto donde apenas el 20% de los rechazados abandona suelo comunitario. El reglamento valida la creación de centros de deportación en países fuera de la Unión Europea, el punto más polémico.
Lo que sale adelante es, en la práctica, una versión todavía más cruda que la llamada remigración, el eslogan que en los últimos años ha saltado de grupúsculos neonazis a los programas de los partidos de extrema derecha de toda la Unión. La remigración propone expulsar a las personas migrantes a su país de origen. El reglamento aprobado por la UE va más allá: permite enviarlas a un tercer país que no es ni el de destino elegido ni el suyo propio, un Estado que cobra dinero a cambio de hacer el trabajo sucio europeo y mantener encerradas en centros carcelarios a personas que no han cometido ningún delito.
El acuerdo permite encerrar a los migrantes deportados hasta 30 meses si no cooperan con las autoridades o si se considera que existe riesgo de fuga, y contempla prohibiciones de entrada al territorio europeo de por vida. Se han eliminado además causas tan básicas como padecer una enfermedad que requiera tratamiento médico o tener vínculos familiares estrechos como motivos para aplazar una orden de expulsión.
El texto introduce la Orden Europea de Retorno, pensada para acelerar el reconocimiento mutuo entre Estados, y abre la vía a represaliar a los países de origen que se nieguen a aceptar retornados mediante restricciones de visados, recortes en ayuda al desarrollo o revisión de las relaciones comerciales. Los llamados hubs de retorno —eufemismo elegido en Bruselas para no decir centros de detención extraterritoriales— podrán empezar a montarse de inmediato, sin esperar al plazo de doce meses fijado para otras provisiones más complejas.
El punto más reaccionario del reglamento, la posibilidad de enviar a esos centros a familias con niños y niñas, no figuraba en la propuesta original de la Comisión Europea: lo introdujeron a finales de marzo los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) en alianza con los grupos de la extrema derecha del hemiciclo, entre ellos los Conservadores y Reformistas (ECR) de Giorgia Meloni.
El propio negociador del acuerdo por parte de la Eurocámara es el eurodiputado ultra Charlie Weimers, del partido Demócratas de Suecia, quien declaró que “si Europa quiere tener el control sobre la migración, los terceros países no pueden seguir rechazando la cooperación sin afrontar consecuencias”.
Weimers fue protagonista a comienzos de año del escándalo del grupo de Whatsapp en el que el PPE coordinaba la estrategia migratoria con eurodiputados de Alternativa para Alemania (AfD), una de las formaciones neofascistas más explícitas del continente. La frontera entre la derecha sistémica europea y la extrema derecha lleva tiempo desdibujándose; el reglamento aprobado este lunes es la fotografía de esa fusión.
Italia, Dinamarca, Alemania y Países Bajos lideran el impulso de los centros extraterritoriales, con Austria y Grecia sumándose a un “grupo de trabajo sobre modelos innovadores” lanzado a comienzos de año por Berlín y La Haya para buscar Estados extracomunitarios dispuestos a alquilar territorio carcelario. El reglamento es la última pieza del Pacto Migratorio y de Asilo, que entra formalmente en vigor el próximo 12 de junio tras más de una década de negociación y que fue aprobado en su momento con el voto favorable del Gobierno español de Pedro Sánchez.
Ese Pacto es precisamente la semilla y el paraguas jurídico de la deriva racista que ahora se consolida: sin él no habría sido posible la revisión del concepto de “tercer país seguro”, ni la lista europea de países de origen seguro, ni los hubs extraterritoriales que acaban de pactarse. Quienes hoy se desmarcan con declaraciones blandas son los mismos que pusieron la primera piedra de esta arquitectura.
Las advertencias de los organismos de derechos humanos han sido ignoradas con la frialdad de quien sabe que ya tiene los votos. A comienzos de año, Michael O’Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, pedía expresamente “excluir a niños, tanto no acompañados como con familias” del envío a estos centros y exigía “salvaguardias en derechos humanos claras y efectivas”, así como acuerdos con los terceros países “vinculantes bajo el derecho internacional”.
A mediados de mayo, sin embargo, los gobiernos del Consejo de Europa reunidos en Chisinau aprobaron una declaración conjunta que valida explícitamente los “centros de retorno en terceros países” como una alternativa legítima frente a las llegadas migratorias. La UE ha optado por blindar políticamente lo que sus propias instituciones de derechos humanos consideran una violación.
El paralelismo que ya se dibuja en los pasillos de Bruselas es el del Immigration and Customs Enforcement (ICE) de Donald Trump: una maquinaria de detención y deportación masiva, sin proporcionalidad respecto a delitos cometidos —porque migrar no es un delito—, blindada frente al control judicial efectivo y diseñada para producir miedo.
A esto se añade que la Comisión Europea ha aceptado recibir en Bruselas a una delegación de los talibanes, encabezada por el portavoz de Exteriores Abdul Qahar Balkhi, para negociar el aumento de las deportaciones a Afganistán. La UE, que oficialmente no reconoce al régimen talibán y denuncia con frecuencia sus violaciones de derechos humanos contra mujeres y niñas, está dispuesta a sentarse con él si eso facilita expulsar afganos.
La normativa será ratificada en las próximas semanas por el Consejo y la Eurocámara —el resultado no admite suspense— y entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Lo que se pondrá en marcha entonces no es solo una herramienta administrativa de gestión de fronteras: es la institucionalización europea de la idea de que hay seres humanos —familias con criaturas incluidas— que pueden ser detenidos sin haber cometido delito y deportados a celdas en países que ni siquiera conocen, porque otro Estado les paga por encerrarlos. Es exactamente lo que la extrema derecha lleva años pidiendo.
*Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)