Derecho a la verdad

LIDIA BALTRA| La conmemoración de los 40 años del golpe de Estado (en Chile) provocó un destape inimaginado en los medios de comunicación, revelando verdades que habían permanecido en la oscuridad, con la consiguiente mayor toma de conciencia de lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 y después.

Punto Final

Un periodista y comunicólogo uruguayo nos abrió los ojos acerca de cómo se hacen hoy los golpes de Estado y el relator especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, Frank La Rue, anunció que propondrá el derecho a la verdad como un nuevo derecho humano. Ya no se precisan ejércitos ni armas de fuego para imponer un modelo de desarrollo que sólo favorece a ese uno por ciento del que hablan los indignados de todo el mundo, nos dijo el uruguayo Aram Aharonian, fundador y primer director del canal TeleSur, en un seminario sobre comunicaciones organizado por FILA (Fundación para la Integración Latinoamericana) y la Universidad Central.

FILA Aram-AharonianAhora los poderosos del mundo se arman con una artillería de medios de comunicación -estaciones televisoras,radiales, diarios de papel y digitales- para invadirnos en nuestros hogares y allí nos bombardean día a día con su mensaje único, para sojuzgarnos y hacernos sus súbditos.

Aunque la resistencia no es fácil, nos dice Aharonian, porque los poderosos dueños del arma mediática son más fuertes que los Estados. Pero hay modos de combatirlos, como las nuevas leyes de medios promulgados en países como Uruguay, Argentina o Ecuador, que justamente por eso son denostadas a través de sus medios, o bien recurren a los tribunales y compran jueces para paralizar su puesta en práctica.

Estas leyes junto con frenar la expansión de la concentración mediática actual, favorecen la creación de medios propios, desde los cuales Aharonian nos impulsa a propagar nuestros temas, nuestra visión del mundo, en suma, a proponer una agenda distinta que rompa el cerco informativo que hoy nos acorrala. Pero, ojo: nos advierte que no nos conformemos con medios marginales, porque la verdadera comunicación alternativa es la que llega con nuestros contenidos a la “masa crítica” de audiencia.

El guatemalteco Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Libertad de Expresión, en breve visita a Chile se reunió con un grupo de comunicadores en la consultora Efes. Comenzó explicando la amplia mirada de su relatoría, que hoy se preocupa de la democratización de los medios y abarca el derecho a la información -que obliga a recibir información con diversidad y pluralismo-; y el derecho a la comunicación de las personas que, entre otras cosas, incluye el manejo de medios propios.

Creador del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos en su país, que sufrió loshorrores de una larga guerra fratricida, y nominado al Premio Nobel de la Paz en 2003 por su trayectoria en defensa de estos derechos, La Rue lamenta queaquí se considere medios de comunicación sólo a aquellos privados y comerciales, postergando los otros sectores, el público y el comunitario, que cumplen importante labor como servicio a la sociedad. Agregó que dentro de estos últimos (o en forma independiente) debiera establecerse en América Latina un sector étnico, pues los indígenas tienen hoy el derecho a manejar sus propios medios.

Nos adelantó una primicia: en el informe que entregará a la Asamblea de la ONU el 25 de octubre, postulará el derecho a la verdad como un nuevo derecho humano. Se refiere al derecho a indagar en busca de la verdad en materia de crímenes de derechos humanos tanto por parte de los familiares de las víctimas como de los pueblos que los han sufrido. En su propuesta, los Estados deben propiciar esta búsqueda y nadie puede negarse a entregar información. A su juicio, la verdad es el primer paso contra la impunidad.
Sin duda una moción que, de ser aprobada y concretarse su aplicación, será de gran ayuda para los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad en Chile y en el mundo, que quieren cerrar laangustiosa interrogante: ¿dónde están?

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 792, 25 de octubre, 2013