Denuncian presiones contra el juez que imputó a la infanta Cristina

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La asociación Jueces para la Democracia (JPD) pidió protección para el juez que imputó a la infanta en el caso de corrupción en el que también está implicado su marido, el Duque de Palma Iñaki Urdangarín, y que golpea a la Corona española.

Télam

«El juez José Castro está investigando un asunto de gran complejidad, a personas de la Casa Real, algo inédito, y se produjeron intimidaciones anónimas que fueron denunciadas y seguimientos personales al magistrado», explicó a Télam Joaquin Bosch Grau, vocero de JPD.

A esto se suma que «algunos medios de comunicación hicieron campañas difamatorias» que «superan el debate legítimo y lo que pretenden es cuestionar la credibilidad de la investigación», prosiguió Bosch.

«En este contexto de tensión, la Fiscalía añade más presión con un escrito que alude a una teoría conspirativa absurda y difamatoria, en lugar de restringirse al debate jurídico», añadió el también magistrado y vocero de una de las principales asociaciones profesionales de jueces de España.

Interrogado sobre si cuentan con pruebas concretas, el vocero dijo que «el juez no nos ha manifestado nada, porque no es a nosotros a quien tiene que dirigirse, pero sabemos que objetivamente se están produciendo presiones».

En un comunicado, JPD no sólo denunció estas circunstancias, que considera «especialmente negativas para la actuación de una justicia independiente».

También pidió al Consejo General del Poder Judicial -órgano de gobierno de los jueces- y al Fiscal General del Estado, que se adopten «todas las medidas necesarias para que no siga produciéndose ninguna forma de presión» hacia Castro.

En cuanto las medidas de protección que se podrían tomar, Bosch se refirió a la «figura de amparo» o a que se haga un «llamado» a que se respete la labor del magistrado.

El vocero de la asociación de juristas destacó que la actuación del Fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, «no tiene precedentes».

«Decir que se está en contra de una resolución antes de que se produzca es algo que nunca antes ocurrió. Además, si el Fiscal no está de acuerdo con la imputación, que recurra la decisión», insistió.

Después de que la propia infanta renunció a presentar un recurso y se puso a disposición del juez para declarar, el Ministerio Público anunció que tampoco impugnaría la decisión judicial, pero luego cargó contra el magistrado y lo acusó de conspirar.

La actitud del Fiscal, sostiene JPD, «contribuye de forma injustificada a erosionar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema judicial».

El procurador aseguró, en un escrito publicado el miércoles, que el juez Castro elabora su «tesis inculpatoria» contra la infanta en base a una denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa» de informes tributarios que exoneran a la hija menor del monarca.

Por ese motivo, Horrach solicitó que «con carácter previo» a la declaración de Cristina de Borbón, prevista para el 8 de febrero, se cite a declarar como peritos a dos inspectores de la Agencia Tributaria y un jefe policial que elaboraron los informes en cuestión.

El juez accedió al pedido del Fiscal y citó a los peritos y otros ocho testigos para el próximo 25 de enero.

La infanta fue imputada por blanqueo de capitales y delito fiscal en su condición de copropietaria de Aizoon, sociedad que fue utilizada para desviar parte de los fondos públicos apropiados indebidamente por el Instituto Nóos, la fundación a nombre de Urdangarín y su ex socio Diego Torres.

Según el juez, la hija del rey y su marido cargaron a Aizoon gastos personales para apropiarse de los beneficios de la sociedad, que no fueron declarados al fisco.

En su escrito de imputación del pasado 7 de enero, Castro sostiene que los inspectores de Hacienda dieron como válidas tres facturas falsas de Aizoon por 69.900 euros para librar a la infanta de un delito fiscal cometido en el ejercicio 2007.

El magistrado discrepa del criterio de los peritos y asegura que Aizoon no puede deducirse gastos que, de acuerdo con las investigaciones, nunca realizó.

En cambio, el Fiscal ve «más rigurosos y coherentes» los trabajos de la Agencia Tributaria, que no observan indicios delictivos, y «radicalmente erróneas» algunas de las interpretaciones del juez instructor.

El escándalo de corrupción Nóos está dañando el prestigio de la Corona española. En el último año, se elevó al 62%, con un incremento de 17 puntos, la cantidad de españoles que piden la abdicación del rey, según un reciente sondeo publicado en España.

Por su parte, el gobierno español de Mariano Rajoy, también salpicado por varios casos de corrupción, no duda en defender la inocencia de la infanta, e incluso intenta evitar que sufra un repudio social cuando acuda a declarar a tribunales, un hecho inédito en la historia democrática de España.

«El gobierno español realiza actuaciones que no corresponden al poder político», advirtió JPD, que también denuncia que el derechista y gobernante Partido Popular (PP) está creando instancias de control de los jueces, como el hecho de que los miembros del Consejo del Poder Judicial se repartan por cuotas entre partidos.

En este contexto, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), del Consejo de Europa, emitió ayer un informe en el que pone de manifestó la «creciente preocupación por la corrupción en España» y la «politización de la justicia».