Argentina: A 50 años del golpe de Estado cívico-militar genocida
Jorge Elbaum
El 24 de marzo de 2026 se cumplen cincuenta años del episodio más trágico de la historia argentina: el golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-militar-eclesiástica, responsable del genocidio sufrido en nuestra Patria en el siglo XX. El quincuagésimo aniversario de aquel quiebre institucional no constituye únicamente una fecha de conmemoración sino, en el contexto político actual, un desafío de lucha contra quienes hacen apología de la dictadura e impulsan una narrativa negacionista. A 50 años del inicio de esa tragedia argentina, la conmemoración se presenta como una disputa en torno a la memoria, la verdad y la justicia.
Frente a nosotros se despliega una oportunidad privilegiada para impulsar el análisis histórico, jurídico y sociológico de un período cuyas consecuencias continúan estructurando nuestra experiencia social, política y económica.
La comprensión cabal del golpe del 24 de marzo de 1976 requiere inscribirlo en la inestabilidad política que caracterizó a la Argentina desde el derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón en 1955, que incrementó las persecuciones contra el movimiento obrero, después de los bombarderos a Plaza de Mayo. La proscripción del peronismo durante 18 años viabilizó un sistema político clausurado, incapaz de darle gobernabilidad a ningún partido político que legitimara la participación del movimiento mayoritario.
El retorno de Perón al país en 1973 y su posterior fallecimiento en julio de 1974 abrieron un período de agudización de las contradicciones internas del movimiento peronista y de la sociedad argentina en su conjunto. El gobierno de María Estela Martínez de Perón, signado por la parálisis política, la persecución a militantes de izquierda y la espiral inflacionaria, fue el pretexto utilizado por los sectores neoliberales para dar el golpe.
El prólogo criminal de dicho contexto fue impulsado por la acción de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización paramilitar que operaba desde las estructuras del propio Estado, impulso del entonces Ministro de Bienestar Social, José López Rega. Entre 1973 y 1976, la Triple A asesinó a miles de militantes de izquierda, sindicalistas, abogados, periodistas e intelectuales, inaugurando de facto la lógica del terrorismo de Estado que la dictadura posteriormente sistematizó.
Esta continuidad entre la violencia paraestatal del período constitucional y la represión sistemática de la dictadura es parte de un mismo proceso, funcional a los intereses de los Estados Unidos, comprometidos en la Guerra Fría.
Por su parte, las organizaciones político-militares, como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), habían sido muy debilitadas para fines de 1975. No representaban una amenaza real al orden estatal en términos militares. Sin embargo, sus acciones fueron instrumentalizadas por los sectores golpistas para justificar la necesidad de una «solución final» al problema de la «subversión»
. La apelación a la amenaza subversiva para legitimar el terror fue la narrativa básica utilizada para esconder el verdadero objetivo del golpe: la aplicación de un programa neoliberal ortodoxo, capaz de darle continuidad a las medidas adoptadas en el «Rodrigazo», en la última etapa del gobierno de Isabel Peron.
El autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional» instauró un sistema represivo sofisticado, de un alcance sin precedentes en la historia argentina. La junta militar —integrada inicialmente por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti— organizó la represión criminal sobre la base de una división territorial en zonas, subzonas y áreas, bajo responsabilidad de cada fuerza, con una estructura de mando descentralizada pero coordinada.
La imagen central del esquema fue la figura del «desaparecido»: la víctima era secuestrada de manera clandestina, conducida a uno de los más de 500 centros clandestinos de detención habilitados en todo el territorio nacional, sometida a torturas sistemáticas y, en la gran mayoría de los casos, ejecutada extrajudicialmente. La negación de toda información oficial sobre el paradero de las víctimas constituyó una forma de terror adicional dirigida al conjunto de la sociedad, para lograr su inmovilidad político-social.
Entre los centros clandestinos de detención más atroces se estableció la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que terminó adquiriendo una centralidad simbólica y operativa, para llegar a convertirse en uno de los símbolos más emblemáticos del terror estatal. Por sus instalaciones pasaron, según las estimaciones documentadas, alrededor de cinco mil personas, de las cuales sobrevivieron alrededor de doscientas. Ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio fue el responsable de impulsar los llamados «vuelos de la muerte», mediante los cuales los prisioneros eran arrojados al Río de la Plata o al mar desde aeronaves militares.
Una de las dimensiones más aberrantes del terrorismo de Estado argentino fue la apropiación sistemática de niños y niñas nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados junto a sus progenitores. Alrededor de quinientos bebés, niñas y niños fueron entregados ilegalmente a familias –en su mayoría vinculadas al régimen–, borrando su identidad de origen, mediante la falsificación de documentos. Este crimen de lesa humanidad, que implicó una destrucción deliberada de la identidad filiatoria de las víctimas, solo tiene antecedentes en operaciones similares realizadas por el franquismo en la década del 30 del siglo pasado.
La dictadura argentina no operó como un fenómeno aislado, sino como parte de una red transnacional de represión que articuló a los regímenes militares del Cono Sur bajo la coordinación de los servicios de inteligencia de los
Estados Unidos. La Operación Cóndor —cuya existencia fue documentada a partir del hallazgo del denominado «Archivo del Terror» en Paraguay en 1992— estableció un sistema de cooperación represiva entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil que permitía la persecución, secuestro, tortura y asesinato de opositores políticos más allá de las fronteras nacionales.
La participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Estado de Estados Unidos en el apoyo logístico, financiero e ideológico a la Operación Cóndor ha sido establecida mediante la desclasificación de numerosos documentos oficiales estadounidenses. Desde una perspectiva jurídico-internacional, dicha Operación constituyó una conspiración criminal de escala regional que involucró crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de políticas estatales deliberadas y coordinadas en forma transnacional.
Su juzgamiento y reconocimiento por parte de la sociedad civil fueron desiguales. Solo Argentina exhibió avances en materia de procesamiento a los responsables de los crímenes, mayormente vinculados a las fuerzas armadas y a los organismos de seguridad. Sin embargo, quienes impulsaron el golpe desde el mundo económico y financiero nunca fueron procesados.
La derrota militar en la Guerra de las Malvinas (abril-junio de 1982) precipitó el colapso de la legitimidad del régimen dictatorial y aceleró la transición hacia la democracia. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación en un contexto de enorme expectativa social, después de tantos años de horror, censura, represión y hambre.
Una de las primeras medidas del gobierno de Alfonsín fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades de reconocida trayectoria en el campo de la cultura, la ciencia y los derechos humanos, y presidida por el escritor Ernesto Sábato. El informe final de la CONADEP, titulado Nunca Más y publicado en noviembre de 1984, documentó la existencia de 8.961 casos de detenidxs-desaparecidxs y la existencia de 340 centros clandestinos de detención.
Ambos datos fueron los que la Comisión pudo documentar, asumiendo que eran una parte del total, que debería ser completada en un relevamiento más exhaustivo. Documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos señalaban 22 mil casos. La cifra de 30 mil compañeros y compañeras desaparecidoos se consolidó como una cifra simbólica y al mismo tiempo coherente con lo sufrido por las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
De la misma forma que el número de 6 millones de asesinados en el Holocausto sufrido por los judíos en la Segunda Guerra Mundial, los 30 mil son el emblema de dignidad de un pueblo que no olvida, no perdona y sigue exigiendo castigo a los genocidas culpables. De otros genocidios no han quedado cifras simbólicas que muestran la verdad del horror, como el genocidio de lxs palestinxs que se continúa desarrollando ante la impotencia de quienes amamos la humanidad.
El Juicio a las Juntas, celebrado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal entre abril y diciembre de 1985, constituyó un hito sin precedentes en la historia del derecho internacional de los derechos humanos: fue la primera vez en la historia que un tribunal civil juzgó y condenó a los máximos
responsables de una dictadura militar por crímenes cometidos durante su propio gobierno. Los principales jerarcas fueron condenados -aunque no todos los juzgados- a penas de reclusión perpetua o prisión, en una sentencia que estableció la responsabilidad del Estado en la planificación y ejecución sistemática de los crímenes.
Sin embargo, los grupos concentrados empezaron a presionar para concluir el camino de Verdad y Justicia, evitando la continuidad de los juicios contra los responsables operativos de los crímenes. Tras las condenas del Juicio a las Juntas, con las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), se pretendió limitar los enjuiciamientos. Esa política se ahondó con los indultos presidenciales otorgados por Carlos Menem entre 1989 y 1990, que terminaron liberando a los jefes de las Juntas Militares –que habían sido condenados–, imponiendo la total impunidad.
La reapertura de los juicios a partir de 2003, mediante la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad por el Congreso Nacional y su posterior confirmación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inauguró un nuevo ciclo en el proceso de justicia transicional argentino. Desde entonces, han sido dictadas más de mil condenas en juicios orales y públicos en todo el territorio nacional, en lo que constituye uno de los procesos de enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad más extensos y sostenidos en la historia mundial.
La Argentina ha sido reconocida internacionalmente como un modelo en materia de justicia transicional, en particular por la combinación de mecanismos de verdad (CONADEP), justicia (condenas penales), reparaciones económicas a las víctimas y modificaciones en las instituciones (reforma de las Fuerzas Armadas y transformación de su sistema educativo). Este modelo ha sido objeto de estudio y adopción parcial por procesos transicionales en otros países de América Latina y más allá.
El quincuagésimo aniversario del golpe de 1976 se produce en un contexto político en el que la memoria de la última dictadura ha vuelto a convertirse en objeto de disputa por parte de apologistas de los crímenes y de negacionistas.
El gobierno del presidente Javier Milei, asumido en diciembre de 2023, además de retomar el proyecto económico de la dictadura, ha cuestionado las bases del Pacto Democrático de 1983, abonando un relato que reivindica a los genocidas. Sin embargo, la solidez del andamiaje jurídico e institucional construido en materia de verdad, memoria y justicia —incluyendo el estatus legal de los archivos de la represión, la existencia de sitios de memoria en los ex centros clandestinos de detención y la continuidad de los juicios penales— representa un capital institucional que, si bien no es indestructible, ofrece resistencias significativas frente a los intentos de revisión o negación del pasado.
A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el caso argentino continúa ofreciendo enseñanzas de considerable relevancia para los estudios comparados sobre dictaduras, transiciones democráticas y justicia transicional. En primer lugar, demuestra que la justicia transicional es un proceso de largo aliento, atravesado por tensiones, retrocesos y recuperaciones, que requiere de una combinación de voluntad política, movilización social y fortaleza institucional para sostenerse en el tiempo.
En segundo lugar, pone de manifiesto la centralidad de la memoria colectiva como dimensión constitutiva de la identidad de una sociedad: las disputas en torno al pasado son siempre querellas en torno al presente y al futuro.
La preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado no es un ejercicio de nostalgia, sino una condición de posibilidad de la democracia misma. Finalmente, la trayectoria argentina invita a reflexionar sobre la fragilidad de los logros en materia de derechos humanos y sobre la necesidad de una vigilancia permanente frente a los intentos de relativización, negación o banalización del horror.
Frente a quienes buscan destruir la historia, fragmentar la memoria y convertir en héroes a simples genocidas, es necesario recuperar la pasión, la coherencia y la dignidad que las Madres de la Plaza de Mayo, las Abuelas y los Hijos nos han legado para poder superar la actual etapa de crueldad y espanto.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)