Cómo salvar a Naciones Unidas

Jordan Ryan

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió a los Estados miembros que la organización podría quedarse sin fondos a mediados de 2026. Estados Unidos, su mayor contribuyente, se ha retirado de varias entidades de la ONU y ha acumulado importantes deudas. A finales de febrero, se llevaron a cabo ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán mientras se desarrollaban negociaciones diplomáticas, entrando en conflicto abierto sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Estos acontecimientos no son perturbaciones aisladas. Apuntan a una erosión más profunda de los fundamentos políticos y financieros sobre los que se ha sustentado el sistema multilateral posterior a 1945. La cuestión ya no es si la ONU necesita una reforma, sino si su diseño institucional sigue siendo adecuado para un mundo donde las grandes potencias actúan cada vez más al margen de los límites que se supone que debe proteger.

Lo que se requiere no es una reforma gradual, sino una reinvención: un rediseño de la financiación de la organización, del ejercicio de la autoridad política y de su funcionamiento dentro de un sistema de gobernanza global cada vez más interconectado. Un camino viable hacia el futuro se basa en tres cambios: una financiación más sólida, una mayor rendición de cuentas en el uso del poder de veto y una reorientación de la ONU como plataforma para la acción colectiva, en lugar de una jerarquía rígida.

Reinventarse, no reformarse.

En este contexto, la respuesta de la ONU es UN80: una iniciativa de reforma interna que comprende 87 acciones distribuidas en 31 paquetes de trabajo. Incluye una reducción de personal de casi el 19 % y el controvertido traslado de puestos clave fuera de Nueva York y Ginebra. No se trata de ajustes triviales. Son ajustes a un modelo institucional cuyo diseño subyacente ya no es adecuado para el mundo que se creó para gobernar. La ONU necesita reinventarse, no solo reformarse.

Una ONU reinventada se configuraría en torno a tres ejes. En primer lugar, la financiación debe basarse en fundamentos más predecibles y sólidos, reduciendo la vulnerabilidad a la retención unilateral de las contribuciones obligatorias y restableciendo un nivel mínimo de certeza operativa. El modelo actual permite que un solo Estado miembro paralice a la organización. Un sistema en el que la política interna puede congelar las contrataciones en todo el sistema, interrumpir las operaciones de mantenimiento de la paz y debilitar la supervisión de los derechos humanos no constituye una gobernanza sostenible. Se trata de una fragilidad sistémica en el núcleo de la institución.

En segundo lugar, el Consejo de Seguridad debe regirse por una norma creíble que limite la capacidad de cualquier país para bloquear indefinidamente la acción colectiva en medio de atrocidades masivas. El veto fue el pacto constitucional de 1945, que garantizaba que las grandes potencias permanecieran dentro del sistema a cambio de la capacidad de bloquear acciones contrarias a sus intereses fundamentales. Ese pacto se está debilitando. La guerra de Rusia en Ucrania y los recientes ataques estadounidenses contra Irán se llevaron a cabo sin la autorización del Consejo.

Dos miembros permanentes han tratado, en la práctica, las limitaciones de la Carta como opcionales. Si bien la enmienda formal de la Carta puede seguir siendo difícil de alcanzar, ya existen compromisos políticos. La iniciativa liderada por Liechtenstein y adoptada por la Asamblea General en abril de 2022, que exige un debate formal tras cualquier uso del veto, ha introducido un cierto grado de responsabilidad política. El Código de Conducta del ACT y la iniciativa franco-mexicana han ejercido una presión normativa adicional para la moderación en casos de atrocidades masivas. Estas medidas siguen siendo voluntarias, pero señalan una expectativa creciente de que el uso del derecho de veto debe tener un costo político.

En tercer lugar, la organización debería funcionar menos como una jerarquía rígida y más como una plataforma, apoyando a las coaliciones de estados, ciudades, empresas y la sociedad civil que cada vez más ejercen la gobernanza global. La acción climática, la regulación digital y la respuesta humanitaria ya operan a través de redes que se extienden mucho más allá de las estructuras formales de la ONU. La ventaja comparativa de la ONU no reside en reemplazar estas redes, sino en convocarlas, legitimarlas y conectarlas a gran escala.

Este cambio refleja una realidad geopolítica más amplia. Como argumentó el primer ministro canadiense Mark Carney en discursos recientes, incluso ante el parlamento australiano, las grandes potencias pueden imponer, pero la imposición tiene un costo; las potencias medianas, en cambio, pueden convocar. Esta función de convocatoria es cada vez más fundamental para el funcionamiento de la cooperación global. Una ONU reinventada podría consolidar ese papel. No sustituiría la gobernanza distribuida, sino que proporcionaría el marco institucional que la posibilita.

Instinto correcto, problema equivocado

La distinción entre reforma y reinvención es crucial. La reforma se centra en la eficiencia: simplificar los mandatos, ajustar los presupuestos y mejorar la coordinación. La reinvención, en cambio, implica un diseño político: modificar las estructuras de incentivos, reconstruir los fundamentos financieros del sistema y renegociar las condiciones que permiten la acción colectiva. La Resolución 80 de la ONU refleja una buena intuición aplicada a un problema equivocad

o. No aborda ni la arquitectura financiera que somete a la institución a la voluntad de un único contribuyente, ni la pérdida de credibilidad del Consejo de Seguridad como organismo responsable de la paz y la seguridad internacionales.

Nada de esto será fácil. Requiere que los Estados miembros estén dispuestos a afrontar tanto la financiación como el poder de veto, una Secretaría con mayor agilidad y rendición de cuentas, y una presión constante por parte de la sociedad civil. La coalición política para tal transformación aún no existe. Pero la coalición que defiende el camino actual —un proceso de reforma paralizado por la austeridad y la fragmentación geopolítica— tampoco es viable.

La disyuntiva no es entre preservar la ONU o abandonarla, sino entre rediseñarla para el mundo actual o permitir que caiga en la irrelevancia. La decisión ya no puede posponerse.

*Ex subsecretario general de la ONU y vicepresidente de Programas de Paz en el Centro Carter.