EEUU: la Corte termina con la discriminación positiva en las universidades
Mirko C. Trudeau
La Corte Suprema estadounidense sostuvo que los programas de admisión en Harvard y la Universidad de Carolina del Norte (UNC), los institutos de educación superior privado y público más antiguos del país, que se basan en parte en consideraciones raciales violan la garantía de igualdad de protección de la Constitución.
El ente máximo de justicia del país, con una marcada mayoría de conservadores, rechazó que las instituciones educativas consideren el origen étnico como uno de los motivos para admitir a los estudiantes. Este era un recurso que las entidades utilizaban para tener una mayor diversidad. “Nuestra historia constitucional no tolera esa decisión”, argumentaron en la decisión.
Es un fallo histórico que forzará un cambio dramático en la forma en que las universidades públicas y privadas seleccionan a sus estudiantes. Estos planes, conocidos como de “acción afirmativa” o “discriminación positiva”, fueron puestos en marcha como paliativo ante la inocultable subrepresentación de las personas de origen africano y latinoamericano en los centros universitarios, sobre todo en los de mayor prestigio.
La sentencia dictada con los seis votos a favor de los jueces conservadores y tres en contra de las juezas de tendencia liberal llevará a que todos los aspirantes sean tratados como si se encontraran en igualdad de oportunidades, pese a las incontrovertibles evidencias de que los individuos racializados enfrentan condiciones adversas desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida personal y académica, que los colocan en seria desventaja frente a quienes provienen de estratos privilegiados.
El fallo del máximo tribunal refleja el brutal retroceso en materia de derechos humanos que experimenta Estados Unidos desde que el expresidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, involución que se ha recrudecido pese al fin de su mandato debido a la sólida mayoría derechista que instaló en la Suprema Corte.
Si bien el fallo involucró programas conscientes de la raza en Harvard y UNC, la decisión afectará prácticamente a todos los colegios y universidades de Estados Unidos. Líderes de las instituciones públicas y privadas de élite teme una caída dramática en el número de estudiantes negros e hispanos si se ven obligados a depender únicamente de las calificaciones y los puntajes de las pruebas para tomar decisiones de admisión.
Los tres jueces conservadores nominados por Trump, nombrados para este cargo vitalicio pese a antecedentes tan graves como acusaciones de abuso sexual o declaraciones de que pondrían sus convicciones religiosas por encima de la ley, han protagonizado un vuelco inédito que aleja a Estados Unidos del consenso occidental en torno a las garantías básicas de que deben disfrutar los ciudadanos.
El presidente Joe Biden manifestó que está “totalmente en desacuerdo” con la decisión de la corte e instó a las universidades a no “renunciar” a la lucha por la diversidad. “Las universidades no deben abandonar su compromiso de garantizar que los estudiantes tengan experiencias diversas que reflejen todo Estados Unidos”, expresó. Chuck Schumer –líder demócrata del Senado- la tildó como “una decisión desacertada” y que es un impedimento para lograr “una mayor justicia racial”.
En la vereda opuesta se pronunció el expresidente Donald Trump, quien aseveró que era un “gran día para Estados Unidos”. “Es la decisión que todos esperaban y anhelaban y el resultado es increíble. ¡Estamos volviendo a un sistema completamente basado en el mérito y así debe ser!”, posteó en su plataforma Truth Social.
Los votos de los magistrados se dividieron por motivos ideológicos, con el presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts apoyado por los miembros conservadores en la mayoría y los liberales disintiendo. “El estudiante debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de la raza”, escribió Roberts.
“Muchas universidades han hecho durante demasiado tiempo justo lo contrario. Y al hacerlo, han concluido, erróneamente, que la piedra de toque de la identidad de un individuo no son los desafíos superados, las habilidades desarrolladas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Nuestra historia constitucional no tolera esa elección”, señaló.
La jueza Sonia Sotomayor, la única de origen latinoamericano, escribió que es “una característica inquietante de la decisión de hoy que la Corte ni siquiera intente hacer la demostración extraordinaria requerida” para revertir el precedente. Añadió que su propia vida es un ejemplo de cómo pueden funcionar los programas de acción afirmativa. En su disidencia de 69 páginas, escribió: “La igualdad de oportunidades educativas es un requisito previo para lograr la igualdad racial en nuestra nación”.
“Hoy, este Tribunal se interpone en el camino y hace retroceder décadas de precedentes y avances trascendentales. Sostiene que la raza ya no se puede usar de manera limitada en las admisiones universitarias para lograr beneficios tan críticos”, dijo Sotomayor, quien habló largamente desde el estrado, una táctica que usan los jueces para marcar su profundo desacuerdo con una decisión.
A ella se unieron en su disidencia los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, aunque Jackson se recusó del caso de Harvard porque formó parte de una junta en la universidad.
El juez Clarence Thomas, el segundo juez negro y un opositor de larga data a la acción afirmativa, respondió que sentía que ésta hacía que su diploma de Yale Law prácticamente no tuviera valor. Ha sido un feroz oponente de las preferencias raciales: “El paternalismo racial puede ser tan venenoso y pernicioso como cualquier otra forma de discriminación”, escribió.
Lawfare a la estadounidense
El mismo día, el Poder Judicial estadounidense dio por tierra con el programa del gobierno federal para cancelar la deuda estudiantil de millones de universitarios, otro golpe a los estudiantes de menos recursos y un fuerte mensaje de que en ese país el lucro se encuentra por encima de cualquier consideración-
También falló a favor de que las personas y empresas se nieguen a prestar servicios a personas homosexuales, en el caso de una diseñadora gráfica cristiana que se rehúsa a crear sitios web para parejas del mismo sexo. Hace casi exactamente un año, el 24 de junio de 2022, emprendió un ataque demoledor contra los derechos de las mujeres al anular Roe vs Wade, una sentencia histórica que desde 1973 garantizaba el acceso al aborto a escala nacional.
Desde entonces, 14 estados han prohibido por completo la interrupción voluntaria del embarazo, otros 12 imponen restricciones de distintos alcances y cinco limitaciones leves, mientras apenas 22 entidades (contando a Puerto Rico y Washington D.C.) mantienen la facultad de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
El giro antiderechos de la Suprema Corte sirve de estímulo a las políticas más retrógradas impulsadas en los estados con gobernadores republicano, que compiten por crear las legislaciones más aberrantes, destacando el gobernador de Florida y aspirante presidencial, Ron DeSantis, quien puso en vigor 200 leyes nuevas, muchas de ellas dirigidas de manera explícita a desmontar derechos humanos y criminalizar a sectores desfavorecidos, como los migrantes indocumentados.
La deriva de la superpotencia hacia el armamentismo, el fundamentalismo religioso, la institucionalización de las desigualdades y la intolerancia, la misoginia y, en general, su alejamiento de los valores que su clase política usa como pretexto para entrometerse en los asuntos de otras naciones, augura un periodo sombrío para las mayorías. Que esta caída en la barbarie sea comandada por el Poder Judicial constituye una advertencia de los peligros de colocar a los jueces por encima de la democracia y de crear poderes inmunes a la voluntad popular.
*Economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)