Comandos urbanos en Colombia: Cepeda y Petro alertan sobre deriva paramilitar
El ex candidato presidencial del Pacto Histórico en Colombia, Iván Cepeda, junto al presidente saliente Gustavo Petro reaccionaron al anuncio de Abelardo de la Espriella de crear comandos urbanos en Colombia. Denuncian una deriva paramilitar y la criminalización de la protesta. Ambos insisten en que estas iniciativas de seguridad desconocen el Estado de derecho y socavan la legitimidad democrática del nuevo gobierno, al colocar a civiles y estructuras privadas en funciones que corresponden a la fuerza pública.
Cepeda describió las medidas de seguridad anunciadas por De la Espriella —incluida la creación de comandos urbanos y “primeras líneas de seguridad” con veteranos y reservistas— como la configuración de “un gobierno paramilitar” en Colombia. Sostiene que delegar funciones propias de la fuerza pública en particulares rompe el monopolio constitucional del uso legítimo de la fuerza y reproduce esquemas históricos del paramilitarismo que generaron más violencia, arbitrariedad e impunidad.
El ex candidato presidencial advirtió que la política de “cero tolerancia” frente a bloqueos y supuestos actos de vandalismo durante manifestaciones equivale a criminalizar la protesta social, y cuestiona el restablecimiento del Esmad por su historial de violaciones de derechos humanos. En esa línea, Cepeda vincula comandos urbanos, megacárceles privadas y privatización de la seguridad con una “paramilitarización” del sistema penitenciario, alertando que todo el paquete de medidas amenaza derechos humanos y garantías democráticas.
Petro: ilegitimidad electoral y discurso de odio
Gustavo Petro, como presidente saliente, ha centrado su respuesta en dos planos: la legitimidad electoral de De la Espriella y el riesgo de una escalada represiva ligada a los comandos urbanos en Colombia. En mensajes en la red X, Petro ha afirmado que su sucesor es un presidente ilegítimo, denunciando que la elección del 21 de junio habría sido objeto de fraude articulado desde el exterior, con participación de una empresa israelí y financiación de un abogado radicado en Estados Unidos.
En paralelo, avisó que el discurso de odio de De la Espriella podría “hacer matar a la ciudadanía colombiana como en el pasado”, pidiéndole “poner fin” a esa retórica y llamando a la Fiscalía y a la sociedad a impedir que la fuerza se tome el debate político. Petro insiste en que el debate democrático debe darse “solo por la razón”, sin campañas armadas ni dispositivos de fuerza al margen del marco institucional, en crítica directa al lenguaje de comandos urbanos y a la idea de militarizar la respuesta a la protesta.
Petro también llamó a construir un comité para la “tranquilidad ciudadana”, buscando canalizar la disputa por vías institucionales más que en la calle, aun cuando mantiene su decisión de no reconocer el resultado que le dio la victoria a De la Espriella por una diferencia muy apretada.