Venezuela descarta fosas comunes y entierra con dignidad a víctimas de sismos
Venezuela descarta fosas comunes y ha habilitado el Cementerio La Esperanza, en La Guaira, para dar sepultura individualizada a las víctimas del doblete sísmico del 24 de junio. Cada inhumación se realiza con ataúd, cruz, piedras blancas y un código de identificación vinculado a un expediente y a un registro fotográfico, como garantía de un entierro digno y ordenado.
El operativo está a cargo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, con apoyo del municipio Vargas, que aplica protocolos sanitarios e internacionales para el manejo de cadáveres en contextos de desastres. Aunque las normas globales contemplan fosas comunes como recurso extremo ante grandes tragedias, el Gobierno venezolano decidió no usar esa alternativa y optó por resguardar la identidad de cada víctima mediante tumbas separadas.
El alcalde José Manuel Suárez Maldonado explicó que los ataúdes se colocan uno junto a otro en parcelas delimitadas, cada una marcada con una cruz blanca y una placa con código alfanumérico y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026. Ese código funciona como guía principal para identificar a cientos de personas cuyos familiares aún las buscan, permitiendo localizar con precisión el lugar de reposo cuando se aporten datos o pruebas genéticas.
Previo a cada inhumación, los equipos forenses realizan un protocolo exhaustivo: fotografían cada cuerpo, registran sus características y lo asocian a una ubicación específica dentro del cementerio. Con este método, las autoridades aspiran a evitar que las víctimas queden en el anonimato y a facilitar que, en el futuro, sus familias puedan reclamar y reconocer a sus seres queridos.
El plan contempla también un acompañamiento espiritual, con espacios habilitados para rezos y ceremonias de despedida, y la presencia de pastores y sacerdotes católicos para apoyar a los deudos durante el duelo. Suárez Maldonado subrayó que el Estado se ha preocupado por garantizar tanto el camposanto como los suministros necesarios para que las familias puedan honrar la memoria de quienes murieron en la tragedia.
La medida se presenta como un giro frente a experiencias pasadas en Venezuela y en la región, donde la falta de recursos o de voluntad política derivó en sepultamientos masivos sin identificación. Es el caso del Caracazo de 1989, cuando cientos de víctimas fueron enterradas en una fosa común conocida como “La Peste” en el Cementerio General del Sur de Caracas.
Según el último balance oficial, los sismos dejaron 3.811 fallecidos, 1.674 heridos, 462 personas rescatadas con vida y casi 18.000 ciudadanos sin vivienda o con daños graves en sus hogares. Frente a esa magnitud, el Gobierno bolivariano sostiene que la decisión de descartar fosas comunes y priorizar tumbas individualizadas con registro forense y acompañamiento espiritual busca preservar la identidad de las víctimas y el derecho de las familias a conocer el destino final de sus seres queridos.