Presuntos inocentes

Jesús A. Rondón|

“Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario” es lo que dice el artículo cuarenta y nueve, numeral dos, del capítulo tercero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; relativo a los derechos civiles y que está inserto en el tercer título denominado: de los Derechos Humanos y Garantías.

Los procesos jurídicos se desarrollan en nuestro país con la premisa contraria a la que acabamos de aludir, es decir, se es presuntamente culpable hasta que se demuestre lo contrario. Con un agravante, se expone al escarnio público a muchas de las personas acusadas, de tal manera que su reputación queda comprometida irremediablemente, independientemente del resultado del proceso.

Este comportamiento en nuestro sistema judicial no es nuevo, es una herencia de la cual no nos hemos desecho. Así observamos de manera recurrente que se procesan a personas, sin el apego al debido proceso. Las denuncias de estos hechos son un grito que queda en el vacío y en otros casos forma parte de la retórica política de la oposición y hasta de quienes apoyan al gobierno bolivariano.

Al examinar el sistema de justicia, encontramos una innegable verdad, este depende de tu condición, si eres empresario o político tus problemas serán menores, por el contrario si eres un trabajador o una trabajadora es una pesadilla que requerirá un largo aliento. En palabras del salvadoreño Arnulfo Romero el sistema judicial sigue siendo una serpiente que muerde a los que van descalzos.

De diferentes formas y otros momentos se ha recordado que la revolución bolivariana no está solvente, con esa deuda que es dotarnos de un sistema de justicia con otra dinámica, otros sujetos y al servicio de los intereses del pueblo. Hemos visto cambios en la legislación, en los discursos, pero que no transcienden suficientemente al desempeño institucional, de tal manera que el macabro proceder se mantiene y es caldo de cultivo de la impunidad.

Para la revolución bolivariana lo más saludable es un sistema de justicia orientado a establecer responsabilidades, en el marco del respeto de los derechos civiles y humanos, que no propicie el llenado de depósitos de personas esperando ser juzgados, como ocurre en la actualidad. Que desaliente a quienes deshonran a otros, solo por el hecho ser acusados. Un sistema de justicia bajo un fuerte escrutinio popular.