El Banco Mundial y su credibilidad ante el cambio climático

Manuel Pérez Rocha Loyo|

Ante las expectativas que genera la Conferencia de las Partes (COP26) en Glasgow, y el rol que presume jugar el Banco Mundial (BM) en aliviar la crisis climática, es necesario cuestionar el papel que juega en promover y defender a industrias extractivas y de combustibles fósiles.

Jake Hess, investigador del propio banco ha denunciado (https://bit.ly/3ENfrTU) que mientras el mundo necesita transitar a energías renovables, el BM ha gastado desde el acuerdo del clima de París en 2015, más de 12 mil millones de dólares (mmdd) para financiar proyectos de combustibles fósiles.

Dice Hess que “tristemente, tengo poca confianza en que mi empleador vaya a convertirse en un líder climático” y cita una investigación (https://bit.ly/3GUCnT5) que acusa al BM de ser en “buena medida parte del problema”. En ésta se desglosan los financiamientos por año y por parte de cada uno de los cuatro “brazos prestamistas” (sic) del banco. Para colmo, el BM es presidido por David Malpass, colocado en esa institución por Trump durante su gobierno, quien como éste ha negado la existencia del cambio climático.

En contraste con el BM, el reporte Una década de progreso hacia un futuro climático justo difundido por Both Ends (https://bit.ly/3GRg5lh), informa cómo más de 39.2 billones de dólares han sido desinvertidos en industrias de combustibles fósiles, “una suma mayor que el PBI de Estados Unidos y China juntos”.

Existen, según el reporte, mil 485 instituciones en 71 países comprometidos con desinvertir en industrias contaminantes, además de grandes ciudades unidas en el Foro de C40 Ciudades (https://www.c40.org/) incluyendo la Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades de América Latina y el Caribe, el cual fue fundado en 2005 por el entonces alcalde de Londres, Ken Livingston.

 Este movimiento incluye a organizaciones ecologistas de base, como 350.org, Rainforest Action y fundaciones filantrópicas como Ford y Mac Arthur y hasta al Consejo Mundial de Iglesias. Se argumenta en el reporte que la desinversión ha tenido éxito en hacer que las empresas de combustibles fósiles sean responsables del verdadero costo de su contaminación por emisiones de gases invernadero y en mermar su poder político.

Volviendo al peligro que representa el BM, ahora con su quinta institución, no de carácter “prestamista” (sic), sino de protección de inversiones y punitiva para gobiernos, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (el Ciadi, del que no me canso de escribir); en un artículo (https://bit.ly/3CLXc0t) expongo cómo el permitir que se sigan interponiendo demandas multimillonarias por regulaciones y políticas ambientales puede socavar los acuerdos que se lleguen a alcanzar en Glasgow.

El crecimiento de las demandas por parte de industrias extractivas ha sido exponencial en las últimas dos décadas. Desde 1995, estas empresas han ganado fallos por al menos 73 mmdd (cálculos propios con base en datos disponibles del Ciadi y Unctad. Otros tribunales de arbitraje no publican información sobre casos o laudos).

Las empresas extractivas no sólo son las que más utilizan el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), sino que también reciben las mayores recompensas. De los 14 fallos conocidos por más de mil millones de dólares, 11 favorecen a las industrias del petróleo, gas y minería. Hay al menos 82 casos de demandas pendientes interpuestas por industrias extractivas.

De las 42 demandas de las que se dispone de información, las empresas exigen un total de 99 mmdd (71 mmdd por parte de empresas mineras y 28 mmdd por las de petróleo y gas). Cabe destacar que hay 40 demandas pendientes en que los montos reclamados no están disponibles al público, por lo que las cifras anteriores son meramente ilustrativas de la magnitud del problema.

Pero puede afirmarse que hay al menos 14 casos por más de mil mmdd pendientes, con demandas por cantidades escandalosas, como 27 mmdd contra Congo, o 16.5 mmdd contra Colombia. Otro caso es el de TransCanada contra Estados Unidos en que la primera exige 16 mmdd por la cancelación del gobierno de Biden del controvertido oleoducto Keystone XL. Y México está en esta lista con la demanda de la estadunidense Odyssey Marine Exploration por 3.5 mmdd por habérsele negado un permiso de minería en subsuelos marinos del mar de Cortés.

Para combatir eficazmente el cambio climático, los gobiernos de todo el mundo necesitarán la flexibilidad para emprender una amplia gama de acciones, sin estar amenazados de costosas demandas corporativas. El sistema de demandas de inversionistas a estados no debe obstaculizar la obligación de enfrentar la amenaza existencial que acecha al mundo.

Lamentablemente, no sólo la credibilidad del BM está en duda, también la de los gobiernos que en las cumbres del clima se hacen de la vista gorda y se niegan a poner en la mesa el cómo los tratados de libre comercio y de inversiones (incluyendo el T-MEC) facilitan y protegen a las industrias contaminantes y ponen en riesgo el futuro del planeta. La solución está en continuar la desinversión en corporaciones extractivas que están destruyendo el planeta.

*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C.