Paraguay: Tremendo contraste
JOSÉ ANTONIO VERA| Este miércoles 15, Asunción cumpó 475 años envuelta por las flores rosadas de sus añejos lapachos, que hacen de la Plaza Uruguay un jardín de colores y de sol, con una hermosa estatua de Artigas como centro de un país en profundo contraste, agudizado hace dos meses en Curuguaty, fértil tierra roja a la que nuestro héroe nacional le sacó alimentos para él, Ansina y sus vecinos indígenas durante 25 de los 30 años de su exilio.
En contraste con la realidad y como estímulo de la lucha popular que crece, ese mismo día miles de paraguayos en todo el país, celebrarán el cuarto año de la asunción de Fernando Lugo a la Presidencia de la República, en un acto democrático que puso fin a casi 70 años de poder abusivo y absoluto del Partido Colorado, una osadía imperdonable que hace siete semanas fue castigada con un Golpe de Estado Parlamentario.
Curuguaty fue el escenario escogido para tener el pretexto golpista contra Lugo, montando un nuevo atropello a los campesinos sin tierra, matando a once, según el informe oficial, pero muchos más si oímos a testigos oculares, que dicen haber recibido despojos de cuerpos en descomposición, y a cinco policías, incluido un comisario partidario del diálogo, quien fue ordenado a encabezar la visita a un campamento de labriegos y cayó abatido por francotiradores infiltrados y balas que salían, desde otros puntos, de un helicóptero sin identificación.
A medida que pasan los días, van surgiendo detalles reveladores del diseño del golpe y de sus autores, gracias a la indiscreción de sus operadores, convencidos de que la impunidad, esa vieja prostituta muy activa en la política paraguaya, permite toda clase de provocación a la ciudadanía y a su anhelo de vivir en un país decente.
Lugo no fue derrotado por su inoperancia, personalismo, o soberbia conventual, sino por los remiendos que había logrado hacer a la injusta situación social, implementando gratuidad en la salud y asociando a Paraguay al proceso de integración regional, demostrando que el país podía dejar de ser el de mayor desigualdad y dependencia en el Mercosur, en una serie de conquistas que alentaron un inédito interés de la ciudadanía por la política, en particular de la juventud.
Ese despertar se está evidenciando en la movilización popular que arrancó un par de días antes del golpe, cuando las dos cámaras del legislativo amenazaban con someter a Lugo a un juicio político, el que finalmente hicieron en 32 horas, violando las más elementales reglas constitucionales e institucionales reconocidas en el mundo.
Esa victoria, por ahora pírrica, ha envalentonado en exceso a los sectores más rancios de la política y del empresariado nacional, una suerte de oligarquía sin la más mínima discreción, que choca con los hábitos de actuar entre bambalinas de los diseñadores del golpe, es decir, la USAID y las transnacionales del negocio agrotóxico y de la megaminería.
Sorprendidos, probablemente, por el grado que adquiere la resistencia popular al golpe, que se manifiesta en infinidad de actividades por todo el país, llegando en los últimos días al mundo universitario, generalmente ausente, el Presidente de facto, Federico Franco y sus allegados, se están moviendo rápido y con mucho apoyo mediático, pero cometiendo errores gruesos que, aparte de su ideología cavernaria, desnudan inseguridad.
Por un lado desafían, con un lenguaje rozando la obscenidad, a los gobiernos, mayoría inmensa del planeta, que todavía no reconocen a las nuevas autoridades, y amenazan con llevar “la agresión que sufre Paraguay por los miembros del Mercosur”, a las instancias internacionales de mediación, casos de la OEA y la Corte Internacional de La Haya.
Para esa vana gestión, de la que intentan descabalgar a última hora el mismo Franco y su Canciller Félix Estigarribia, tomando conciencia de que iban empujados al ridículo por la franja estronista que comandó por más de medio siglo la diplomacia nacional, los golpistas tienen la complicidad del Nuncio Apostólico, quien en representación del Estado Vaticano, tiene el tupé de reprochar a Lugo haberse metido en política.
Es la misma hipocresía y línea de pensamiento de la Santa Sede que, con Ratzinger firmando resoluciones, ha venido combatiendo la Teología de la Liberación desde hace 40 años, abrazada a las estafas bancarias y a las tiranías cívico-militares que desangraron a los pueblos de nuestro subcontinente.
En el segundo capítulo de las acciones del gobierno putativo paraguayo, sobresale la entrega del país a las transnacionales Monsanto, Cargill, Syngenta, ADM y otras, abriendo las puertas a la siembra de soja, maíz y algodón transgénicos, sin ningún control científico ni sanitario ni ambiental a sus paquetes de plaguicidas y herbicidas, prohibidos en casi toda Europa, China e India.
La minera Río Tinto Alcan, acusada de genocidio de Nueva Guinea y de practicar la esclavitud en varias de sus empresas que tiene en cinco continentes, está a punto de recibir la autorización parlamentaria para instalar la más grande fábrica de aluminio del mundo, y absorber la mitad de la energía eléctrica, según sus publicistas, entre ellos el propio Franco y el Ministro de Industria y Comercio, el también liberal Francisco Rivas y su Vice, el Abogado y habitué puntaesteño Diego Zabala, representante por años en Paraguay de esa megacadena industrial.
Otra monstruosidad del gobierno de facto es la represión que continúa contra las familias más empobrecidas del campo, donde impera el hambre en los rancheríos “que bandas policiales destruyen a carcajadas”, al decir de Juan José Morel, Concejal Municipal de Corpus Christi, en el Departamento de Canindeyú. Tras el montaje de Curuguaty, han quedado numerosos campesinos presos y otros, perseguidos, pasaron a la clandestinidad.
El parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley de las Mipymes, que consagra la precariedad laboral, la eliminación del salario mínimo (390 dls) que cobran sólo seis de cada diez trabajadores, del seguro social, de la estabilidad, organización sindical, indemnización y estabilidad lograda al cabo de diez años.
La Suprema Corte de Justicia tiene la última palabra al respecto, pero muy poco se puede esperar de un órgano movido por confesos mentirosos para ocupar sus cargos y partícipes en la ocupación ilegal, desde hace 40 a 50 años, de millones de hectáreas de la mejor tierra del país, esa misma que reclaman 250 mil familias convertidas en parias, por la infame estructura del Estado paraguayo que sostiene al 2.5 por ciento de sus habitantes como poseedores del 86 por ciento del territorio cultivable.