Las dos apuestas de la extrema derecha en Bolivia: Golpe de Estado o Guerra Civil

José Galindo | 

Un régimen democrático es aquel dónde se accede al poder exclusivamente a través de elecciones ¿Estamos de acuerdo? El poder no se “toma”. Democracia, es así, una forma de resolver nuestros problemas como sociedad sin el uso de la violencia. Cuando no sucede esto y el gobierno es algo que surge de distintas formas de violencia, se está frente a una rebelión o frente a un golpe de Estado. Distinción importante, pues la primera es protagonizada por una parte activa y mayoritaria de la sociedad, mientras que, en el segundo caso, es un grupo reducido de personas que toman el poder por medio de mecanismos no previstos formalmente en el orden constitucional de un Estado. Hoy, Bolivia está literalmente dividida en dos partes, no iguales en tamaño ni cualidad, pero dividida casi antagónicamente. Si estas dos fuerzas colisionan, no es una rebelión ni un golpe de Estado, es guerra civil. Por lo tanto, el peligro no es solo que haya golpe de Estado donde una minoría activa se monta sobre la manipulación de la gente, sino que la situación devenga en una guerra civil que, como la primera, también le es funcional a la estrategia estadounidense.

La noche del 20 de octubre el país entero aguardaba pacientemente los resultados del cómputo no oficial de las elecciones generales para salir de la incertidumbre en la cual estuvo atrapada durante un largo tiempo. No obstante, tendrían que esperar aún más, no se sabe cuánto todavía, para poder librarse de sus miedos y esperanzas. La interrupción de la transmisión de los datos de la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) fue un accidente, tal vez el peor de las últimas décadas, que podría resultar en uno de los peores descarrilamientos de la democracia inaugurada a inicios de los 80s. La presión acumulada durante más de tres años no fue liberada a través de las urnas, y toda esa energía parece estar buscando otra salida. Aún no sabemos cuál.

Lo cierto es que el país se polarizó casi inmediatamente después de esa mala jugada por parte de nuestro Tribunal Supremo Electoral. En un abrir y cerrar de ojos una parte de la ciudadanía se volcó hacia las calles reclamando una segunda vuelta que buscaba el segundo candidato favorito, el único que ha tenido la oportunidad de vencer a Morales en la última década. En realidad, la gente salió siguiendo los cálculos que la oposición hizo al posicionar la idea del fraude electoral y de la desobediencia civil como respuesta.

Del otro lado, aquellos que habían votado por el presidente Morales, también tomaron las calles en apoyo del candidato que llegó, indiscutiblemente, en primer lugar, el presidente Evo Morales. En el medio, el árbitro electoral todavía trataba de sostener su credibilidad tolerando ataques ininterrumpidos por parte de los medios de comunicación. Evidentemente, el resultado de las elecciones generales quedó en entredicho, mientras dos bandos tomaban forma y se preparaban para la disputa. Las protestas no pararon y las bases sociales del actual gobierno se dirigieron también a las calles de la ciudad.

El presidente Evo Morales sabe que tiene una musculatura social para resistir la embestida opositora y apuesta al informe de la auditoria de la OEA, pero va a depender de cómo logra mantener la cuestión de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Los bandos en conflicto

Así, un bloque indígena originario campesino que se creía dormido y olvidado se vio obligado a demostrar toda su vigorosidad repentinamente, ante el asedio de una masa todavía amorfa pero multitudinaria. A ellos se sumaron simpatizantes también provenientes de las clases medias y funcionarios públicos que, por diversas razones, también apoyan este proceso de cambio. Campesinos, obreros, mineros cooperativistas, juntas vecinales, funcionarios públicos del nivel central del Estado y otros actores de menores dimensiones, todos, con una consigna: su voto se respeta. Dicha consigna fue una respuesta al desprecio hacia el voto rural que algunos analistas habían demostrado la noche de las elecciones, que se ignoraba como factor determinante de estas elecciones. “Este es un país urbano”, dijo uno de ellos ante las cámaras. El país ignorado y rural se presentó en las principales arterias de la ciudad, como diciendo “estoy aquí”

Del otro lado, la masa amorfa comenzó a dejar de ser tal. Pasados los días, vimos poco a poco a los principales miembros de este cuerpo en asenso: estudiantes, funcionarios públicos sub nacionales (casi un reflejo de sus pares del nivel central), juntas vecinales (también las hay de oposición), cívicos de diferentes departamentos y la contracara del campesinado oficialista, campesinos cocaleros del norte de La Paz, a quienes luego se sumaron empresarios del oriente boliviano. Ha vuelto a emerger un bloque antagónico al indígena originario campesinos: el bloque empresarial clasemediero. Numerosos y hasta masivos, pero de todos modos superados por el primer bloque, que de acuerdo a los datos (aunque cuestionados) de las últimas elecciones, son el 47% del electorado. Pero ellos son el 37%, nada despreciable.

Pero mientras el primer bloque tiene características casi homogéneas, siendo la primera su extracción popular, el segundo es uno todavía en estado larvario, que aún no ha desarrollado plenamente sus miembros, lo que no quiere decir que no lo hará. Los indígena originario campesinos tienen experiencia de lucha en las calles, tienen disciplina al momento de organizarse, tienen apoyo logístico y están motivados moralmente.

Responden a un solo líder, el presidente Morales, y no es su primera pelea en estos años. El bloque empresarial clasemediero es numeroso, sí, pero una parte de sus miembros no tiene experiencia real en confrontación ni contra el Estado ni contra otros sectores de la sociedad, tiene apoyo logístico al igual que sus contrincantes, y además se siente dueño de este territorio, las ciudades.

Pero hay particularidades que deben ser resaltadas acá. Las juntas vecinales, los estudiantes movilizados y los vecinos que asisten voluntariamente a las protestas parecen impulsados por diversos motivos: algunos están resentidos con el actual gobierno, otros nunca aceptaron al actual gobernante por prejuicios racistas, otros no saben lo que en realidad es una dictadura y otros, no hay duda, son personas con convicciones democráticas, al menos en cuanto a la importancia que le dan a las elecciones. Pero sus correligionarios de otros departamentos tienen otros motivos para ir a las calles, así como otros métodos de lucha: a veces el pasado regresa para morderte, dijo alguien en algún momento.

De las cenizas del bloque cívico prefectural derrotado en 2008 emerge ahora una némesis, cuya columna vertebral sigue siendo el Comité Cívico pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista. Sus miembros no son tan numerosos, pero tienen muchos recursos y preparación casi militar. Sus métodos de lucha no son sólo la toma y bloqueo de calles, sino el amedrentamiento a individuos de la sociedad civil, amedrentamiento que casi siempre se convierte en violencia, ejecutada contra personas fenotípicamente volubles a ser acusadas de ser simpatizantes del MAS. A diferencia de las clases medias de la ciudad de La Paz, no hay convicciones democráticas sobre las cuales se pueda debatir, sino resentimiento racista que se ha ido acumulando durante estos diez años desde que fueron vencidos y ahora quieren la revancha. Se suben motocicletas y atacan a todo aquel que se cruce en su camino. A su cabeza, Luis Fernando Camacho, un empresario hasta hace poco desconocido, pero que en pocos días ha ganado notoriedad por su agresividad y determinación, aunque también por instruir anotar en una libreta a los “traidores” como lo hacía el narcotraficante Pablo Escobar poco antes de mandar a asesinar a los que estaban registrados.

Así, mientras policías deben mediar entre estos dos ejércitos aprestos a pelear y militares deben ignorar los cantos de sirena de algunos medios de comunicación que sí desean provocar un golpe de Estado, el resto del país aguarda expectante frente a un escenario que se aleja de una rebelión, podría convertirse en un golpe de Estado, pero que por el momento tiene el perfil de una guerra civil. Por supuesto, no todos quieren sangre. Como se apuntó hace un momento, existen clases medias que no están dispuestas a arriesgar su vida y todavía creen en la convivencia democrática en sociedad; por otro lado, no parece haber posibilidad de negociación con los resabios del pasado. Los cívicos cruceños quieren sangre, es indiscutible.

Rebasados y atrapados por las circunstancias

Al inicio de esta historia, un error, un accidente, provocó que las calles fueran tomadas por personas que no comulgaban con este gobierno y que reclamaban una segunda vuelta que les daba mayores posibilidades de desplazar al actual presidente. Su consigna era “segunda vuelta” y sobre ella se colocaba a Carlos Mesa como líder indiscutible de los descontentos con el MAS. Los otros dos principales partidos de las justas electorales del 20 de octubre ya habían anunciado su apoyo incondicional. Parecía innegable, que Mesa era el líder. Parecía.

Pero el gobierno demostró no temer una auditoría, realizada por una organización internacional que jamás le inspiró confianza alguna. La auditoría que se desarrolla con la OEA debería ser un paso necesario, imprescindible y suficiente para calmar las cosas en Bolivia. Pero no fue así. El día jueves 31 de octubre, preludio de las celebraciones de Todos Santos para algunos y noche de Halloween para otros, cambió las cosas: “Ni Evo ni Mesa”, gritaron allá, “anulen las elecciones”, fue su consigna.
El candidato de Comunidad Ciudadana fue claramente rebasado por las circunstancias. Su silencio y dubitación lo destronaron en un abrir y cerrar de ojos. Terminó siendo nada más que un peón que abrió las puertas a un verdadero enemigo: ahora no hay un liderazgo visible en esta nueva oposición, pero su aspirante más decidido no proviene ni de La Paz ni es de clase media. Es un empresario de Santa Cruz.

Por el momento, el país aún tiene un solo gobierno, y la lucha no se ha territorializado como lo hizo en 2008. Hay un Comité de Defensa de la Democracia (CONADE) que tiene una alta capacidad de movilización, pero insuficiente para derrocar al gobierno. No es el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) de 2008, ni tiene banderas que puedan concentrar a todos los descontentos con Morales. Pero esto podría cambiar, si es que no se logra pactar una salida con aquellos actores que aún están dispuestos a debatir y discutir una salida a la presente crisis. Las puntas más radicales de este movimiento, no obstante, no parecen estar dispuestas a hacer eso. Las circunstancias ciertamente atrapan al actual gobierno, y le dejan pocas salidas, pero todavía las suficientes para evitar un golpe de Estado o una temida guerra civil.

La última vez que sucedió esto fue durante los primeros años del gobierno de Morales. En esos tiempos, un bloque opositor se conformó bajo la bandera de la autonomía departamental, y durante tres años dio batalla sostenida contra el gobierno. Protagonizó varios episodios de violencia racista y no se detuvo hasta que un evento catastrófico, la Masacre de Porvenir, le hizo perder legitimidad ante la sociedad. Pero en aquellos tiempos la hegemonía del MAS sobre una gran parte de la sociedad era incuestionable, y los gobiernos de la región no estaban dispuestos a tolerar ninguna intervención del orden democrático en el continente. Ahora, un exmilitar declaradamente admirador de las dictaduras militares de los 70s aguarda desde Brasil en la presidencia, mientras que los personeros del gobierno de los EE.UU., consecuentes con su largo historial de intervenciones, amenazan constantemente, aunque todavía no de forma clara. ¿Cuánto durará esta coyuntura? ¿Se saldrá de ella por medio del debate o de las armas? Dos preguntas importantes.