¿Hasta cuándo?

ELÍAS JAUA | En estos días el Gobernador del estado Lara utilizó el eufemismo “reinstitucionalización” para incitar al plan de derrocar a nuestro Gobierno Bolivariano y Chavista, presidido por el compañero Nicolás Maduro. “Qué le echen bolas, pero que luego no pidan cacao”, me dijo una barloventeña en Mamporal.

Ahora bien, la realidad es que si trata de reinstitucionalizar algo, es el funcionamiento de la Entidad Federal mirandina, cuyo gobernador, “hermano” del vacilante Falcón, se ha puesto al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución estadal y las leyes. Para muestra varios botones, el Gobernador de Miranda:

1. Desconoce la autoridad nacional: al Presidente de la República, al Poder Electoral y al Poder Judicial.
2. Desconoce al poder legislativo regional, al poder municipal y al poder popular al no convocar al Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Ceplacopp).
3. Comete fraude al simular reuniones del Ceplacopp, donde se elaboran actas de aprobación de proyecto desconocidos por la población.
4. Protege la corrupción, al impedir la investigación y facilitar la fuga de su Secretario Privado, Oscar López Colina, a “Mayami”, meca de los ladrones del tesoro público.
5. Es señalado como autor intelectual de los once asesinatos políticos del 15 y 16 de abril de 2013, al incitar de manera pública y notoria a protestar con “ira y violencia”, significado de la palabra “arrechera”.
6. Abandonó sus funciones, dado que el 99% de su tiempo lo dedica a girar por el país o en viajes al exterior, con el propósito de lograr apoyo para sus planes desestabilizadores de la paz y de la estabilidad política de Venezuela.

Esta desinstitucionalización de nuestra entidad federal, ha generado una situación de ingobernabilidad que se traduce en un desorden presupuestario, sin posibilidad de ser controlado por ninguna de las instituciones competentes, y que tiene graves consecuencias para la población mirandina.

Es así como vemos la vialidad estadal destrozada, por cinco años sin mantenimiento; PoliMiranda sin patrullas y sin efectivos; maestros en la calle reclamando la burla, año tras año, de ofertas de pagos de deudas e incrementos salariales que luego no son presupuestados; bomberos sin HCM; escuelas mal reparadas o inconclusas, y pare de contar, mientras los recursos que deberían ser para atender todos esos temas, que son competencia del Gobernador, se van por el drenaje de los chequecitos al perverso y clientelar aparato de “operadores” de Primero Justicia.

Pero todo tiene un límite, la semana pasada la Corte Contencioso Administrativa, a solicitud del bloque bolivariano en el Consejo Legislativo, falló declarando sin efecto las actas de las fraudulentas reuniones del Ceplacopp, realizadas por la Secretaría de Gobierno, sin convocatoria de todos los miembros y por lo tanto sin el quórum legal respectivo, lo cual constituye faltas administrativas graves, que pueden acarrear sanciones penales. Aquí hay que señalar el grado de cobardía del Gobernador de Miranda, quien ordena a su subalterna a cometer actos ilegales, para luego decir “yo no fui”. Como Siempre.

Nuestra mayoría bolivariana en el Consejo Legislativo, en las alcaldías, concejos municipales, bloque parlamentario nacional y en las organizaciones de base del Poder Popular, estamos prestos a ser convocados a una reunión legal del Ceplacopp para discutir el uso de los recursos estadales y destinarlos a honrar los compromisos con los trabajadores y trabajadoras de la Gobernación, y a garantizar la aprobación de obras concretas y de calidad en áreas como vialidad, seguridad pública, educación, salud, saneamiento y recolección de desechos sólidos, entre otras, poniendo fin al desangramiento clientelar que Primero Justicia, hace de nuestro presupuesto estadal.

Pero esto es sólo un aspecto del grave desacato a la institucionalidad democrática que hace el Gobernador de Miranda. Estoy seguro que, más temprano que tarde, la movilización popular y la justicia venezolana nos devolverán a los mirandinos nuestras instituciones y nuestros recursos. Ya basta. ¿Hasta cuándo tanta impunidad? Después, que no venga a pedir cacao.