El Salvador: La reacción del candidato derrotado, la «conexión venezolana» y el síndrome de la desmemoria

ROBERTO REGALADO| Pese al derroche de histrionismo con que el dos veces derrotado candidato de la ultraderecha salvadoreña, Norman Quijano, manifiesta supuesta indignación por el también supuesto fraude cometido contra él en la segunda vuelta de los comicios presidenciales efectuada el 9 de marzo de 2014, en realidad, lo que hace es seguir un guión melodramático elaborado con mucha antelación, que, por demás, ni siquiera es original, sino un remake del ya utilizado en Venezuela en la elección presidencial de abril de 2013.
Norman Quijano acusó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cometer fraude a favor del hoy presidente electo Salvador Sánchez Cerén, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); se negó a aceptar los resultados del conteo final de los votos; solicitó la anulación de la elección, primero ante el TSE, y después ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y así abrió una nueva fase de la cruzada de odio y miedo desarrollada durante toda su campaña electoral.

En la segunda vuelta de los comicios, Sánchez Cerén ganó con el 50,11% de los votos válidos y Quijano perdió con 49,89%, una diferencia mucho más reducida que entre el 49,92% cosechado por el efemelenista en la primera ronda y el 38,98% del arenero, acortamiento que, entre otras razones, obedece al desplazamiento hacia este último de los votos de los demás candidatos –todos de derecha– descartados en la primera vuelta, y a la exacerbación de la ya mencionada cruzada de odio y miedo, orquestada por Quijano en coordinación y en sincronía con la ofensiva desestabilizadora de la derecha venezolana.

Repárese, además, en lo alto del umbral exigido por la ley electoral salvadoreña, de 50% más uno, para el triunfo en primera vuelta, que sirve al propósito de la alianza de «todos contra el candidato de izquierda». Téngase en cuenta que el 2 de febrero de 2014 no solo se competía por la primera magistratura en El Salvador, sino también en la cercana Costa Rica, cuya ley electoral declara ganador con 40% de los votos, país donde el 49,92% de Sánchez Cerén hubiese sido un súper triunfo en la ronda inicial. En la también cercana Nicaragua, no solo se puede vencer en la ronda inicial con 40%, sino incluso con 35%, si la diferencia con el segundo lugar sea mayor de los 5 puntos, y así ocurrió ya en una ocasión.

En cualquier caso, la diferencia a su favor, limpiamente obtenida por Sánchez Cerén de 0,22%, sin duda alguna, despierta la envidia de un buen número de exmandatarios y actuales mandatarios latinoamericanos de derecha, quienes desde la elección presidencial mexicana de julio de 1988 hasta la actualidad, le han arrebatado triunfos electorales a la izquierda mediante procedimientos fraudulentos, incluida la grosera alteración de los resultados comiciales. A esos métodos no es ajeno ARENA, que desde su fundación y hasta que ello fue descubierto, era la «opción electoral» de innumerables ciudadanos salvadoreños fallecidos y de también innumerables ciudadanos de países fronterizos, acarreados en ómnibus los días de sufragio.

Uno de sus argumentos para solicitar la anulación de los comicios del 9 de marzo es que 182 delincuentes recluidos en centros penitenciarios salieron «de pase» a votar por el candidato del FMLN. Si eso fuera cierto, habría que preguntarle a ARENA cuánto dinero invirtió en esa maniobra y a cuántos funcionarios venales, enquistados en la estructura estatal durante sus dos décadas de gobierno (1989‑2009), sobornó.

La «conexión venezolana»

La actitud asumida por Quijano y la cúpula de su partido, con toda razón, ha sido denunciada como una copia al carbón de la estrategia desestabilizadora que, desde hace casi un año, lidera en Venezuela el también dos veces derrotado candidato presidencial de la derecha de ese país, Henrique Capriles, quien sucumbió frente Hugo Chávez en octubre de 2012 y frente a Nicolás Maduro en abril de 2013.

Capriles y Quijano, candidatos doblemente derrotados, el primero en un lapso de seis meses y el segundo de un mes, vociferan y exigen como si hubieran sido ganadores.

Capriles y Quijano exigen un recuento voto por voto, a sabiendas de que no hay razón alguna para ello, y de que tal exigencia no se corresponde con las leyes electorales de sus respectivos países. ¿Para qué? Para abrirse un infinito horizonte de posibilidades fabricar reclamaciones puntuales sin base alguna (como los presos «de pase»), con las cuales prolongar al máximo el recuento. De esa manera buscan generar incertidumbre, fomentar la percepción de ilegalidad del proceso electoral y de ilegitimidad del presidente electo, y así crear las condiciones para la campaña de desestabilización que la derecha venezolana desarrolla desde hace unos diez meses, y que la derecha salvadoreña recién ha iniciado.

Recordemos que el recuento voto por voto que exigen Capriles y Quijano les fue negado a los candidatos de izquierda en México en 1988, 2006 y 2012, y también le fue negado a la candidata de izquierda en Honduras en 2013, no obstante a que las denuncias de fraude en esos comicios –por solo citar los más conocidos–, sí tenían sólidas bases de sustentación. También vale la pena traer a colación el despojo de que fue objeto el demócrata Al Gore por parte del republicano George W. Bush en la elección presencial estadounidense de 2000.

No es casual que el estratega electoral de Capriles y de Quijano sea el prófugo de la justicia venezolana JJ Rendón, ni que el inicio de la actual ofensiva de violencia desestabilizadora contra la Revolución Bolivariana haya sido convenientemente sincronizado con la celebración de los comicios presidenciales salvadoreños. Tampoco es casual que la violencia en Venezuela haya alcanzado su máxima expresión durante el mes de campaña que separó a la primera de la segunda vuelta de la elección presidencial salvadoreña, de modo que ARENA, las catorce familias dueñas de la economía de esa nación, y los medios de comunicación propiedad de ellas, pudieran manipularla. Por lo ocurrido en Venezuela, podemos anticipar lo que ARENA intentará hacer en El Salvador en los meses posteriores a la elección, pero «guerra avisada no mata soldado».

La repetición en El Salvador del esquema utilizado en Venezuela no es casual porque la derecha de ambos países, y sus figuras visibles, como Henrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Marchado en Venezuela, y como Norman Quijano, René Portillo, Jorge Velado y Roberto D’Aubuisson (hijo) en El Salvador, son simples ejecutores de una variante de la doctrina de la dominación de espectro completo dada a conocer en 2008 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que se nutre de las experiencias contrainsurgentes y contrarrevolucionarias acumuladas por el imperialismo en su enfrentamiento a las luchas anticolonialistas y revolucionarias en Asia, África y América Latina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La proclamación de la doctrina de la dominación de espectro completo es uno de los «ajustes» que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que hacer a su política exterior, luego que fracasara el «nuevo orden mundial», decretado en 1989 por el presidente George Herbert Bush. En América Latina, estos «ajustes» son una reacción frente al auge de las luchas populares contra la reestructuración neoliberal y a los espacios institucionales ocupados por fuerzas progresistas y de izquierda que, por primera vez en la historia, han sido electas y reelectas para ocupar el gobierno en un significativo número de países.

Los golpes de Estado clásicos, característicos de la historia latinoamericana de los siglos XIX y XX, ya están demasiado desprestigiados. Por ello, el imperialismo actualiza los medios y métodos de desestabilización, que parten de la misma matriz utilizada para derrocar a Arbenz en Guatemala (1954) y a Allende en Chile (1973), pero hoy aprovechan sus incomparablemente superiores medios de comunicación, y minimizan la exposición pública del rol de los militares reaccionarios, quienes ceden el protagonismo a personajes civiles como Pedro Carmona («Pedro El Breve», Venezuela, 2002), Roberto Micheletti (Honduras, 2009) y Federico Franco (Paraguay, 2011).

Es importante notar que en Honduras y Paraguay se utilizó la modalidad de golpe de Estado «legislativo», y que en El Salvador, durante la presidencia de Mauricio Funes (2009‑2014), se ha intentado llenar un expediente «legitimador» para un eventual golpe de Estado «judicial» con la cobertura de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, no es de extrañar que la cúpula de ARENA presente en esa sala una solicitud de anular los comicios del 9 de marzo, aunque sabe perfectamente que ella no tiene competencia en materia electoral.

*Politólogo y Doctor en Ciencias Filosóficas. Es profesor del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (CEHSEU) y coordinador de varias colecciones de Ocean Sur.