Juraima Almeida|

En Brasil unos 20 millones de personas pasan sin comer nada durante 24 horas cada pocos días, 24,5 millones empiezan el día sin saber cómo se alimentarán, y disminuyó la cantidad y calidad de lo que comen. Este informe se conoció después de que, hace dos semanas, se divulgaran fotos de un grupo de personas buscando comida entre una pila de despojos y huesos desechados a una fábrica de alimentos para mascotas y jabón.

Además, otros 74 millones de personas podrían pasar a vivir estas situaciones en cualquier momento. Es que más de la mitad de la población de Brasil, 55%, aproximadamente unos 117 millones de personas, sufría algún tipo de inseguridad alimentaria (severa, moderada o leve) en diciembre de 2020, hecho que se ha agravado.

Un estudio coordinado por el Grupo Poder, Política y Desigualdades Alimentarias en la Bioeconomía de la Universidad Libre de Berlín, concluyó que 59,3% de los brasileños, lo que equivale a 125,6 millones de personas, no comieron la cantidad necesaria ni la calidad de alimentos adecuada desde el comienzo de la pandemia de covid-19.

Los datos los divulgó Folha de São Paulo, con base en un trabajo realizado por la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Rede Penssan). La investigación se basó en datos oficiales y en una encuesta presencial en 1.662 hogares urbanos y 518 rurales en diciembre de 2020. Los datos no contemplan el aumento de la inflación que vive Brasil desde comienzos de año.

Daniel Balaban, del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, advirtió que Brasil no introdujo cambios para disminuir la carga tributaria que existe sobre los alimentos, a diferencia de países africanos que también tienen problemas con el hambre.

En Brasil el peso de los impuestos sobre los alimentos es de 22,5%, cuando el promedio mundial es de 6,5%. “La tributación al consumo es una de las más injustas, porque los pobres consumen todos sus ingresos a diario. Tenemos que cambiar esto, para que los más ricos contribuyan más vía el impuesto a la renta”, dijo Balaban.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la inseguridad alimentaria en el país comenzó a caer en forma sostenida desde 2004, pero comenzó a subir nuevamente a partir de 2014, el año previo a la gran recesión de 2015 y 2016 que redujo el producto interno bruto en 7,2%.

Posteriormente, la crisis fiscal aguda que viene afrontando Brasil y el impacto de la pandemia deterioraron todas las expectativas, y el crecimiento de la economía fue prácticamente nulo. Con este escenario, la creación de puestos de trabajo informales y peor remunerados achicó aún más los ingresos de las familias más pobres, que gastan prácticamente todo su sueldo en alimentos, transporte y alquiler.

Los peores niveles de inseguridad alimentaria se registran en las zonas norte y nordeste de Brasil: la inseguridad grave afecta a 18% de la población y a 14% de los hogares respectivamente, cuando el promedio nacional es de 9%. Los precios al consumidor se dispararon 9,68% en 12 meses hasta agosto. Pero los alimentos acumularon todavía más, casi 14% en ese periodo, según datos oficiales. Las carnes rojas más que triplicaron la inflación general, con incrementos del 30,7%.

La dependencia de Brasil de la exportación de materias primas –en especial de carne y soja a bajo precio- es la causa principal del nivel sin precedentes de deforestación y explotación excesiva de la naturaleza en los dos ecosistemas más ricos de Brasil: la Amazonia y el Cerrado (la región de sabana). Incendios generalizados, a consecuencia de la práctica de abrir zonas de pasto para el ganado, devastaron, de la mano de trasnacionales extranjera y del gran capital brasileño, gran parte de las selvas.

Un estudio de la Fundación Getulio Vargas señalaba en abril pasado que 27,7 millones de brasileños (12,98% de la población) están por debajo del umbral de pobreza, ubicado en 261 reales mensuales (equivalentes a 49 dólares). En 2019, la cifra era de 23,1 millones de pobres (10,97%).

Favelas

Folha señala, con base en fuentes oficiales, que el total de “aglomeraciones irregulares” (barrios marginales o favelas), es decir, asentamientos precarios que no cuentan con saneamiento, aumentó de 6.329 en 2010 a 13.151 en 2019.

Las viviendas irregulares pasaron de 3,2 millones a 5,1 millones. Los datos de 2010 son del censo nacional y los de 2019 son estimaciones elaboradas por el IBGE, para planificar el próximo censo que se hará el año que viene.

Una de cada cuatro viviendas precarias está en los estados de San Pablo y Río de Janeiro, mientras que en el norte y nordeste nuevamente se registran las peores situaciones del país en el tema habitacional. En Belén, la capital del estado de Pará, los hogares precarios son 55,5% del total; en Manaos, capital del estado de Amazonas, son 53%, y en Salvador, capital de Bahía, llegan a 42%.

* Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)