El gobierno argentino “recalcula” los nuevos rumbos para llegar a destino

JUAN GUAHÁN| Los GPS, esos aparatitos que indican a los conductores cómo llegar a un determinado lugar, cuando alguien se desvía de la ruta avisan y anuncian que están “recalculando” los nuevos rumbos para llegar a destino. Eso hace el gobierno argentino buscando el camino que le permita seguir con sus objetivos respecto al gupo oligopólico económico-mediático Clarin. Question Latinoamérica

El gobierno había difundido profusamente que el 7-D (por el 7 de diciembre) sería una jornada épica. Ese día se cumplirían 5 años de la fecha en la que, mediante uno de los últimos decretos de su mandato, Néstor Kirchner autorizó la mega fusión entre Cablevisión y Multicanal, generando una “posición dominante” -del Grupo CLARIN- en el mercado. Situación que ahora se intenta modificar.
En este promocionado 7-D se corporizaría el fin del monopolio mediático que es CLARIN. La Cámara Civil y Comercial le dijo que no, prorrogando la medida cautelar que tenía ese Grupo y que vencía ese día.

Hubo voces, de funcionarios conocedores del tema, que habían advertido el riesgo de jugar, en esa fecha, al “todo o nada”. Hacían ese aviso en función que no era descartable que ese día “no pasara nada”. No fueron escuchados y la campaña siguió. Ahora, sin que nada esté definido, el gobierno aparece como un innecesario “perdedor” de una batalla indebidamente planteada como definitiva.

Tal como venimos diciendo, en esta misma columna, se trata de una larga batalla judicial, que todavía tiene muchos partidos por jugarse. Sin ir muy lejos a partir de mañana la Corte, durante la semana, ratificará o no el fallo de la Cámara.

El gobierno apeló a los clásicos “alegatos de oreja”. Su influencia en las decisiones judiciales es relativa. Así lo dijo Eugenio Zaffaroni, miembro de la Suprema Corte de Justicia.

Como una parte de estos juegos de intereses, David Martínez, (un empresario mexicano quien junto a Jorge Brito y José Luis Manzano sería una de las apoyaturas económicas del intendente de Tigre y eventual candidato a gobernador de Buenos Aires Sergio Massa) formuló un anunció importante. Hizo saber que Fintech, que tiene el 40% de las acciones de Cablevisión aceptaría las condiciones para la desinversión propuesta por el gobierno

El senador Marcelo Fuentes, que integra el Consejo de la Magistratura y ocupa la presidencia de la Comisiones de Asuntos Constitucionales y de la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, fue demasiado explícito al decir “Si los jueces quieren gobernar con sus sentencias, por supuesto que podemos utilizar el juicio político”. Completó su pensamiento con otra idea de alto voltaje “quieren reemplazar lo que antes era el partido militar por el partido judicial”.

El Ministro de Justicia, Julio Alak, ya había advertido que una “próroga” de la medida cautelar “podría constituir un alzamiento contra una ley de la Nación (…) un conflicto de poderes”. El diputado Carlos Kunkel, que suele actuar como vocero informal de la presidencia agregó que “la corporación judicial intenta romper la continuidad institucional de la democracia argentina”, cargando las tintas sobre la actitud de Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

El gobierno procuró, sin éxito, separar de la causa al camarista Francisco de las Carreras, a quien acusó de haber viajado a Miami pagado por integrantes del Grupo Clarín. Corrió la misma suerte la pretensión de recusar a los jueces de la Cámara Civil y Comercial.

Desde el lado de la “familia judicial” no tardaron las respuestas. El jueves, horas antes de hacerse pública la resolución de la Cámara, en el “sitio oficial” de la Suprema Corte se publicó una declaración de la Comisión Nacional de  Protección de la Independencia Judicial, integrada por la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco y su colega Carmen Argibay; por la Asociación de Magistrados, que agrupa a casi todos los jueces federales del país; por la Federación Argentina de Magistrados, donde se reúnen los magistrados del interior y la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.

Allí sostienen enfáticamente: “La independencia de la Justicia es un principio fundamental del Estado de Derecho sustancial para el funcionamiento de la democracia y una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos”. Esta declaración está en la misma línea de la formulada pocos días antes por el Presidente del máximo Tribunal judicial al sostener: “La Justicia es independiente cuando el poder judicial está unido. Si cedemos una vez, cedemos siempre, por eso avisamos antes que no vamos a ceder a ninguna de las presiones que quieran ejercer”

Un hueves para no olvidar, en espscial para los porteños

Todos pensábamos que el jueves 6 pasaría al recuerdo simplemente como la jornada previa al 7-D. Pero no fue así, otras circunstancias le dan una importancia que será largamente recordada.
Por la mañana, en la terminal 4 del puerto de Buenos Aires, un contenedor tanque volcó, hubo algo parecido a una explosión y comenzó a salir un hilo de humo. Los bomberos recibieron la orden y reaccionaron enseguida. Por algo se dice “más rápido que un bombero”.

Enfocaron su manguera y salio el chorro de agua. Las 17 toneladas del insecticida de origen chino llamado Thiodicarb (al 35%), de uso prohibido desde el 2011 en la Unión Europea, al contacto con el agua produjeron una emulsión y el humo se hizo incontenible. Ese fosforado que sirve para matar orugas en los cultivos se hizo humo. Éste viajó con el viento y llegó hasta la Boca (a unos 5 kilómetros), Julio Falcioni suspendió el entrenamiento. Ya antes varios edificios habían sido evacuados, vuelos demorados, trenes y subtes parados, niños evacuados. Los rumores viajaron más rápido y mucho más lejos que el humo y sembraron terror.

“Crónica” puso una pantalla “tranquilizadora” donde se leía “Chernobyl”. Los funcionarios de seguridad (del gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires) Sergio Berni, con un traje austronáutico y Guillermo Montenegro (uniformado con un vistoso traje amarillo patito) ingresaron en la zona peligrosa.

De allí emergieron “sanos y salvos”. Informaron -por separado- que se había “controlado el incendio”. Sin reparar que el agua –utilizada en los inicios- había multiplicado por miles el problema inicial con este plaguicida. Los sucesos posteriores los salvaron de ese “blooper” informativo.

En unas 4 ó 5 horas ya nada quedaba de aquel humo amarillento. “San Pedro” abrió las mangueras del cielo para colaborar con los bomberos porteños. En una hora llovieron entre 120 y 150 milímetros y el humo desapareció. Pero claro… había que pagar costos, la urbe porteña colapsó. Hasta las 8 ó 9 de la noche había lugares que parecían una vistosa, aunque indignada, Venecia. Muchas zonas extendieron su bronca por más tiempo, faltó luz y agua (no la de lluvia, no,no, la que faltó era otra, la que sale de las canillas)
Para tranquilidad de sus conciudadanos el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, diría a la mañana siguiente que es de esperar –en los próximos meses- 5 ó 6 sucesos semejantes.  

Pero eso no es todo. Cuando terminó de llover y el agua no encontraba salideras, con la velocidad necesaria. Unos 50 jóvenes (“vándalos”, para alguna prensa) entraron al shopping DOT (En Panamericana y Gral.Paz) propiedad de IRSA, a cuya cabeza está Eduardo Elsztasin. Un grupo de gente mayor no había alcanzado su objetivo. Querían evitar que el Shopping derivara, según algunas versiones, el agua hacia Villa General Mitre, un asentamiento muy pobre próximo al lugar. Ante el fracaso de los mayores los más jóvenes actuaron por su cuenta, entraron gritando ¡apaguen las bombas! (responsables de ese bombeo) y destruyeron a palazos algunos locales del shopping.

El fallo de la Justicia sobre la Ley de Medios, al anochecer, taparía estos “incidentes” de menor cuantía.

Contenidos del fallo y la apelación ante la Supfrema Corte

El Fallo de la Cámara Civil y Comercial resuelve sobre las siguientes cuestiones: Prorroga la cautelar de CLARIN hasta que haya sentencia firme sobre la cuestión de fondo, que trata sobre la constitucionalidad de la cláusula que obliga a la desinversión.

Fija que el plazo para hacer la propuesta de desinversión recién vence un año después del fallo definitivo, para el caso que la norma fuera declarada constitucional.

Deja vigentes los plazos para los demás conglomerados mediáticos. De modo tal que, de no mediar una norma del Ejecutivo, deberían ajustarse a los plazos legales e iniciar el proceso de desinversión.
El gobierno nacional optó por el camino de “aceptar” el fallo, apelando al mismo. De lo que se deduce que no actuará por la vía de los hechos. Lo que podría precipitar un choque de poderes. El gobierno acudió a la Corte por dos caminos,

El ASFCA solicitó la nulidad de la resolución de la Cámara. La Jefatura de Gabinete, por la vía del “per saltum” fue a la Corte para que entienda en el caso.

Enseñanzas que deja el 7 D

Para entender lo ocurrido hay dos formas de abordarlo. Desde el punto de vista del actual sistema institucional “el Legislativo hace la ley, el Ejecutivo la reglamenta y la aplica y el Judicial la interpreta”. En este sentido la posición de la “familia judicial” y la resolución de la Cámara son incuestionables.

Pero también hay otras formas de verlo. Las desinversión de los monopolios mediáticos es una medida digna de aplauso, frente a uno de los poderes más importantes del mundo actual.

El gobierno creyó que le alcanzaba con la fuerza de la voluntad del Ejecutivo y la mayoría parlamentaria. No dio cuenta que hay otros poderes reaccionarios que se siguen manifestando con mucha fuerza. El sistema judicial sigue siendo uno de los sitios donde el poder conservador se atrinchera en la defensa de sus privilegios.

Otras formas de presión nacional e internacional también cumplen su función, limando los cambios y debilitando sus posibilidades de realización.

El gobierno desató una fuerte campaña publicitaria, pero no desarrolló en igual proporción una fuerza popular organizada capaz de defender y llevar adelante sus propuestas. Eso manifiesta una debilidad generalizable. No bastan las “buenas” políticas sin la organización del pueblo que las pueda sostener. Allí esta una de las “patas flojas” del gobierno.

En el mismo sector de la comunicación y siguiendo el texto de la ley tenía la oportunidad de poner “otras voces” que reflejaran la presencia de fuerzas alternativas que contribuyeran al fortalecimiento del proyecto oficial, pero en ese sentido los avances fueron magros.

Por último una fuerza social debidamente organizada puede producir hechos que el gobierno no puede realizar institucionalmente. Con ello cambian la realidad y crean condiciones que permiten que los gobiernos puedan legalizarlos y avanzar en aquellos objetivos que al pueblo le interesan y convienen.