La masacre de Trelew tuvo su día de justicia 40 años después

AILÍN BULLENTINI| Desde el extremo del escenario reservado para ellos, se las ingeniaron los cinco acusados en el juicio por la Masacre de Trelew para ubicarse de espaldas al público. Alguno, incluso, procuró taparse la cara. Tardó la gente, el mediodía de ayer, en colmar el cine teatro José Hernández de Rawson, en donde se desarrolló el debate desde su inicio, en mayo de este año, para escuchar en vivo y en directo la decisión del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, en el sur argentino.

Página 12

La multitud respetó el silencio pedido por el presidente del TOF, Enrique Guanziroli, al iniciar la lectura del veredicto, silbó en protesta de las absoluciones de Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y festejó con aplausos, llantos y de pie al grito de “asesinos” las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta de Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.

Las absoluciones

La tensión invadía las primeras filas del teatro, en donde los familiares de quienes fueron asesinados en la Base Almirante Zar de Trelew hace cuarenta años aferraban manos, se mordían los labios y apretaban los ojos como queriendo, con ese gesto, obligar al tiempo a avanzar más rápido. Más arriba, integrantes de Hijos, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esa ansiedad esperanzada con la que todos sostenían las imágenes de sus fusilados fue la primera en recibir la lectura inicial de Guanziroli como un aguijonazo: la absolución de Jorge Bautista “por no haberse probado el delito de encubrimiento”.

El gesto en las caras de los familiares pasó de expectativa a preocupación. La siguiente decisión despertó silbidos y los murmullos comenzaron a calentar el ambiente: la absolución de Rubén Paccagnini del cargo de “autor mediato de 16 homicidios reiterados con alevosía y concurso premeditado de dos o más personas y tres tentativas del mismo delito”. En esta decisión, la jueza Nora Cabrera de Monella se manifestó en disidencia y recibió aplausos por ello. Dos a cero de los cinco puntos que se jugaban en esta final que, para muchos, marca un precedente en la historia argentina porque atrasa el punto de inicio del terrorismo de Estado tal y como se lo conoce propio de la última, fatal y feroz dictadura cívico-militar argentina.

Las perpetuas

A Raquel Camps, hija del sobreviviente de la masacre Alberto Camps, se le vino el mundo abajo. “No podía creer lo que estaba escuchando y no quería seguir haciéndolo. Tenía miedo de que el resto de las condenas fuera igual. Quise salir corriendo”, recordó cuando ya todo estaba dicho, con mucha más calma, pero con las heridas aún abiertas.

Lo que siguió despertó las fuerzas. Los militares retirados Sosa, Del Real y Marandino fueron condenados a “prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía y de tres casos de ese delito en calidad de tentativa” de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart, y de los sobrevivientes Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar, todos ellos presos políticos militantes de Montoneros, FAR y ERP-PRT, cometidos el 22 de agosto de 1972.

Los aplausos no permitieron al presidente del TOF finalizar de corrido la sentencia. Tampoco los gritos de “bravo” o los “hijos de puta” y “asesinos” que muchos hombres y mujeres del público, de pie, les dedicaron a los acusados, que permanecieron de espaldas. La declaración de los delitos como crímenes de lesa humanidad sirvió de válvula de descarga para quienes arribaron esa mañana a Trelew en busca de esa frase que, suponían, englobaba a “toda la Justicia”. Cuando la escucharon olvidaron por cuestión de segundos, nomás, las absoluciones del inicio, por las que deberán seguir luchando. Y lloraron. Y se abrazaron. Y buscaron con la mirada hacia arriba el encuentro con aquellos cuyos derechos humanos fueron violados cuarenta años atrás. “Para este tribunal, el juicio ha terminado”, clausuró Guanziroli, luego de mencionar que los condenados sólo acabarían en una cárcel federal cuando la condena estuviera firme. Esto es, por lo menos, tras las apelaciones de defensas y querellas, quienes ya aseguraron que las habrá. Mientras tanto, Sosa, Del Real y Marandino permanecerían excarcelados.

“Sabemos que se hizo justicia, pero no acordamos con las absoluciones”, definió Jorge Ulla, hermano del militante del ERP-PRT, la sensación que se instaló en el cuerpo de la mayoría de los familiares, a medida que iban, poco a poco, abandonando las butacas del lugar en donde un camino cuarenta años de lucha encontró el fin de su primera gran etapa: las condenas. Alicia Bonet, compañera de otro integrante de esa fuerza, también fusilado, fue más positiva al considerar la definición de los delitos como de lesa humanidad como “un enorme triunfo. Jueces argentinos determinaron que Trelew fue el primer acto de terrorismo de Estado”.
Los otros puntos

El pedido de extradición del militar retirado Roberto Bravo a Estados Unidos es otro de los puntos importantes del fallo, junto con la orden para que se le realice al almirante Horacio Mayorga –quien quedó afuera de este juicio por problemas de salud– análisis periódicos para controlar su estado. Bravo fue señalado durante el debate por varios testigos –entre ellos por las voces de los sobrevivientes– como uno de los disparadores en los fusilamientos. En 2008 se realizó un pedido de extradición al país norteamericano, que fue rechazado por la Justicia del estado de Florida. En ese sentido, “la declaración de los hechos como delitos de lesa humanidad es un nuevo argumento para reiterar el pedido”, analizó el fiscal de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, uno de los tres miembros del Ministerio Público fiscal que integraron esa parte acusatoria durante el debate.
El análisis

En cuanto al punto de Bravo, las querellas se mostraron conformes, aunque la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a la querella de los familiares, Carolina Varsky, remarcó que el alegato de esa parte solicitó la deportación del militar retirado: “Con este fallo queda claro que él mintió en su ingreso a los Estados Unidos. La masacre es un crimen de lesa humanidad y él es sindicado constantemente con Sosa como uno de los autores de los disparos y responsables”. El TOF, en tanto, denegó el pedido de esa querella de incluir la figura de tormentos en el caso. “El tribunal no entendió el planteo de esta querella de que las torturas que los fusilados padecieron desde el 15 al 22 de agosto de 1972 formaron parte del mismo hecho”, explicó Varsky.

Del fallo del TOF de Comodoro Rivadavia, las partes acusatorias destacaron la definición de los delitos como crímenes de lesa humanidad y todas, también, criticaron fuertemente la absolución de Paccagnini, quien fue el jefe de la base en donde sucedieron los fusilamientos. “La causa de la masacre nos permitía adentrarnos en la estructura militar cuando se trata de terrorismo de Estado, explicar el encubrimiento posterior de Bautista de los hechos y cómo se trasmiten las decisiones a nivel jerárquico dentro de la fuerza. Yo no conozco casos de absolución de jefes de dependencias en las que se hayan cometido delitos de lesa humanidad. Desde el Estado, habla de un desconocimiento de cómo opera esa estructura militar. Leeremos los fundamentos”, expresó Germán Kexel, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“Nosotros estuvimos en la investigación del caso y siempre relacionamos al ex presidente de facto (Agustín Lanusse) con diferentes jefes de mando. En ese trabajo se dejó bien claro cuál era la prueba que lo unía con Paccagnini, dentro de un plan sistemático generalizado de persecución a gran parte de la población, cosa que el tribunal sí dio por probado. No entendemos los argumentos con los que se lo liberó a Paccagnini de culpa y cargo”, rezongó el fiscal de Rawson Fernando Gélvez.