Los riesgos de un viraje electoral inconcluso

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Leopoldo Puchi

La actividad política en Venezuela tiende a centrarse en los comicios presidenciales previstos para 2024. Un paso significativo lo han dado los partidos agrupados en la Plataforma Unitaria al convocar una primaria y fijar un cronograma para escoger su candidato presidencial. Con esta decisión se hace más concreta y visible la nueva estrategia, de carácter electoral, adoptada luego del fracaso de la política de derrocamiento adelantada durante el período de la administración Trump.

Para avanzar en la nueva dirección, la oposición enfrenta importantes desafíos, de diferente signo. Lo que más resalta es que sus principales figuras han quedado fuera de la carrera electoral, pero también hay otras limitaciones que tienen que ver con el hecho de que no se ha asumido a plenitud el viraje hacia la vía electoral.
Castigo
Juan Guaidó, quien fue el rostro visible de la oposición durante los últimos años, ha desaparecido como opción electoral. En su lugar, han surgido dos candidatos que rompen con el status quo: María Corina Machado y Benjamín Rausseo, “el Conde del Guácharo”.
Ambos han logrado posicionarse como favoritos en las encuestas como expresión del voto castigo. Un reporte de El País indica que Machado se destaca por su intransigencia frente al Gobierno y “no ha querido entablar negociaciones políticas ni formalizar alianzas con sectores específicos de la oposición”.
Por su parte, Rausseo es una figura ampliamente conocida, desligada de la actividad política convencional. Sus actuaciones como comediante de humor lo acercan a la gente común y, para muchos, su éxito empresarial y su formación académica son un aval.
En contraposición a estas candidaturas, se encuentra un sector político tradicional, que durante dos años apoyó a Guaidó y luego se distanció. Este sector se esfuerza por tomar las riendas. Sin embargo, no es seguro que logre imponerse.

 

Fallido
Las derrotas políticas tienen consecuencias difíciles de superar ya que afectan la reputación y la credibilidad de los líderes políticos y provocan el distanciamiento y la indiferencia de las bases.
Los efectos de las derrotas se agudizan cuando se hace evidente que la política seguida era, además de equivocada, dañina para la gente y el país. Y, sobre todo, cuando no se anuncia ni se da una explicación clara sobre los motivos del viraje y se actúa como si nada hubiera pasado.
Esta es la situación en que se encuentra la oposición venezolana hoy, a consecuencia de haber asumido la ejecución, al interior del país, de la política de cambio de gobierno de Washington, que terminó como un plan fallido.
Táctica
Ahora bien, los problemas derivados del fracaso de la política seguida no se limitan a las dificultades para reconstruir un liderazgo, sino que también hay que tomar en cuenta que el viraje hacia una nueva política no puede ser hecho a medias, sino que debe asumirse en todas sus dimensiones. Dar un paso de manera incompleta o inconclusa puede tener graves consecuencias.
En este sentido, la nueva política adoptada por el gobierno de Estados Unidos y la Plataforma Unitaria no asume a plenitud las consecuencias de la decisión tomada, porque ha mantenido intactas nociones, lenguaje, medidas y dictámenes que son distintos a una estrategia democrática y representan un obstáculo a su realización.
La CPI
Es evidente que continuar con las sanciones y el bloqueo de los activos venezolanos en el exterior no se ajusta a una estrategia institucional y democrática. Pero también hay otros elementos que se sitúan al margen de la nueva política. Este es el caso del intento de convertir a la Corte Penal Internacional (CPI) en instancia para dirimir el conflicto interno venezolano.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, advirtió en noviembre de 2022 al presidente de la CPI, Piotr Józef Hofmanski, que tuviera presente que “la denuncia contra Venezuela fue parte de una maniobra ideada por Donald Trump en perjuicio de un país latinoamericano”.
Salto mortal
Por supuesto, se han violado derechos humanos, pero a través de la CPI no se está buscando el castigo de estos actos en Venezuela, sino algo distinto: una condena por genocidio, que no se corresponde con los hechos. De mantenerse esta línea política, los efectos serían catastróficos porque se obstruye cualquier posibilidad de una alternancia en el poder por la vía democrática. Un viraje inconcluso, una acrobacia a medias, puede convertirse en un salto mortal.