La pandemia recrudece la discriminación y la represión, también en Argentina
Juan Guahán-Question Latinoamérica|
En gran parte del mundo el matonismo, la discriminación y la represión siembran más miedo y vergüenza. En medio de esta pandemia, ocurre este avance y recrudecimiento de estos males en el llamado mundo desarrollado, de París a Estados Unidos y en la Argentina, desde el Chaco a la Patagonia, pasando por Tucumán. Desde distintos lugares se viene alertando de qué modo este coronavirus está siendo utilizado para incrementar el control social sobre las personas.
Sobre la legítima responsabilidad estatal de cuidarnos se ha puesto en marcha un sistema por el cual estamos controlados. Por supuesto que es muy delgada la línea que separa esa lógica y natural política estatal, centrada en necesidades sanitarias, con la permanente tendencia al control que ejercen los organismos del poder.
Es sabido que, para dicho control, el Estado cuenta con los organismos específicos, encargados de esa función. Las fuerzas de seguridad son la principal expresión de tal tarea.
En muchos casos, en ausencia de adecuadas políticas de salud, educación, vivienda, las fuerzas de seguridad constituyen la principal forma de presencia estatal para los territorios donde habitan los más pobres y excluidos. Son ellos los encargados de establecer y mantener la disciplina social en tales sitios. Eso es lo que explica que, en esos lugares y sobre esos sectores, se ejerza la mayor parte de la violencia estatal.
Según esta interpretación, cuando el Estado fijó la posibilidad de los controles preventivos para reducir la circulación del virus creó las condiciones para que la represión tradicional que se ejerce sobre esos sectores se multiplique a los niveles que hoy están apareciendo.
Este fenómeno, al igual que la pandemia, tiene características universales. En los países desarrollados ya tuvo manifestaciones en Francia y EEUU. En Argentina los casos más notorios se están dando en Chaco, Tucumán, Mendoza, provincias patagónicas y otros lugares.
Chaco: mal en materia de covid-19, discriminación y represión
La Provincia del Chaco está a la cabeza en dos de las cuestiones más graves, en estos días: el Covid 19 y la violencia de organismos estatales. En lo que respecta al coronavirus es la provincia con mayor porcentaje de fallecidos en relación al total de su población, sólo superada por la Capital Federal y cerca de cuatro veces más que el promedio nacional.
En materia de discriminación y represión a los pueblos indígenas, los tradicionales datos negativos se incrementaron a partir de esta pandemia. Es posible que esto tenga que ver con el hecho que en el Chaco las medidas para prevenir la circulación del virus también se incrementaron respecto a lo ocurrido nacionalmente.
Chaco tiene poco más del 3% de la población total del país, sin embargo los detenidos por infringir las normas respecto a la prevención de esta peste fueron el 10% del total nacional, según lo informara una estructura dependiente de la Universidad Nacional del Noreste (UNNE).
Fontana es una localidad donde viven algo más 30 mil personas y está ubicada en las cercanías de Resistencia, la capital chaqueña. Fue allí que los policías protagonizaron con indígenas Qom, allí residentes, una serie de hechos que pintan de cuerpo entero una situación vergonzosa.
El pasado fin de semana, unos 30 indígenas Quom se movilizaron a la Comisaría 3ª para reclamar por el maltrato que recibían por parte de las autoridades policiales. Según el informe policial arrojaron botellas sobre la comisaria, pero su frente vidriado no dejó señales de tal hecho.
A renglón seguido la policía comisionó a seis miembros de su dotación para perseguirlos. Fueron a una vivienda de los Qom, del barrio Bandera Argentina, entraron por la fuerza y golpearon sin lástima a las cuatro personas que allí estaban. Circularon innumerables fotografías con las muestras de tal golpiza. En su retirada se llevaron detenidas a las dos mujeres.
Una vez en la Comisaría, cinco policías volvieron a golpearlas y abusaron de las mismas, mientras las amenazaban con prenderles fuego. Hasta allí los hechos. Sobran las palabras, justificaciones y explicaciones.
Díaz atrás, en El Sauzalito, a 500 kilómetros de Resistencia, fue encarcelado Carlos José Peñaloza. Lo colgaron esposado y desnudo. Fue liberado, días después, luego de un corte de ruta de quienes reclamaban por su libertad. Ello fue en simultáneo con el cerco al “Barrio Toba” de Resistencia, militarizado en previsión de mayores avances del coronavirus, según las autoridades.
Siguen lloviendo las denuncias sobre maltratos en el “Barrio Toba” de Sáenz Peña, en Quitilipi y otros lugares de la Provincia. Así avanza la persecución y la destrucción de pueblos indígenas en el Chaco.
Patagonia: la “conquista del desierto” todavía no terminó
En este caso, los hechos que están ocurriendo poco tienen que ver con la pandemia en marcha. Más bien se trata de la continuidad de lo que inscribieron en la historia como “Conquista del Desierto”, una forma de llamar al aniquilamiento de indígenas para incorporar más tierras a la actividad productiva, destinada a producir alimentos para la naciente industria británica.
Esa perspectiva, que nunca desapareció, ha recobrado fuerza en los últimos años, al calor de la importancia que adquieren los recursos energéticos y las bellezas que encierra esa geografía.
Pero a la par de esa tendencia se ha desarrollado otra, que choca con la anterior. Se trata de la recuperación de valores y tradiciones indígenas, en este caso mapuches. En ese sentido comunidades, como la Laften Winkul Mapu, que sobrevivían en villas miseria de la zona, particularmente San Carlos de Bariloche, han decidido regresar a sus tierras, ocuparlas y defenderlas.
Ese sitio, en las inmediaciones del Lago Mascardi, es el centro de uno de los conflictos más importantes de este momento. La llamada “prensa nacional” acusa a los mapuches y a su Macchi (jefa espiritual) de 20 años de algunos hechos violentos producidos en la zona, ampliamente conocida como lugar turístico.
En ese marco se produjo el incendio de viviendas y ataques a familias indígenas. Cabe recordar que, en la misma área, el 23 de noviembre de 2017 fue asesinado Rafa Nahuel (22 años), un miembro de esa comunidad. Por dicho asesinato, cometido por la espalda, fue responsabilizado un miembro de la Prefectura de Villa Mascardi. Eso ocurrió el mismo día del sepelio del largamente desaparecido Santiago Maldonado, en la misma zona.
Ese choque de intereses es uno de los tantos que se han ido desarrollando en vastas zonas de la Patagonia y que son parte de un fenómeno semejante que está produciendo del otro lado de los Andes, en territorio actualmente chileno.
De un modo semejante han seguido creciendo otros actos de matonaje, como lo ocurrido en estos días en Godoy Cruz (Mendoza) y en diversas barriadas de Buenos Aires, sumándose a la muerte, en Tucumán, del peón rural Luis Espinoza. Allí, ahora, se ha involucrado la Policía Federal tomando fotografías prohibidas a los asistentes a un acto recordatorio de ese crimen de la policía tucumana.
*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)