El laberinto de la economía bolivariana
MODESTO EMILIO GUERRERO | Basta preguntarse por qué los enemigos del gobierno pueden desabastecer un mercado interno de apenas 30 millones de almas y estómagos. La cuenta se complica más si recordamos que la economía venezolana no sufre un bloqueo como el padecido por Cuba desde 1962, Guatemala en 1954, Argentina cuando se declaró neutral en la II Guerra Mundial, o la vivida por el pueblo soviético hasta mediados de la década del ’20. Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor (26%) de alimentos y baratijas en el mercado venezolano.
Miradas al Sur
El asunto se vuelve más irracional, incluso para el sentido común, si advertimos que la administración cuenta con una sólida caja de ingresos anuales en dólares y un circulante nacional envidiable para cualquier país que haya sido bloqueado alguna vez, o vivido catástrofes, como Haití.
Los más de 800 convenios, tratados, acuerdos y protocolos firmados con una veintena de países, entre ellos dos potencias agrícolas como Argentina y Brasil, obligan a pensar que el desabastecimiento y la virtual estanflación venezolana de este año tienen causas más enmarañadas, aunque no sean tan visibles.
Entre la economía y la política. Si fuera cierto el apotegma leninista de que la política no es otra cosa que “economía concentrada”, entonces ambas cosas han entrado en estado de combustión en el país.
Nadie en su sano juicio puede negar que los empresarios opositores mantienen desde finales del año 2012 un plan de desabastecimiento programado, como en el Chile de 1973. El objetivo es el mismo: quebrar la gobernabilidad, fragilizada entre la convalecencia presidencial y la escasa votación de Maduro.
A esa verdad hay que sumarle otra, si se quiere buscar la salida en el laberinto: el Estado es el que maneja los dólares, el petróleo y un tercio del abastecimiento. Allí es donde comienzan las paradojas. Las causas se diversifican y no todas caen del lado opositor.
Según las cifras del Banco Central de Venezuela, la escasez promedio nacional alcanzó un peligroso 20% entre enero y abril y subió al 32% entre julio y septiembre. En algunos productos vitales, como la harina de maíz, el aceite, el papel higiénico y el azúcar, el desabastecimiento escaló al 50% a finales del mes pasado.
Una contradicción fatal es que la marcación de precios dependa de monopolios importadores externos e internos. Esa y otras contradicciones impidieron a Chávez e impedirán a Maduro derrotar los tres cánceres actuales de la economía venezolana: la inflación, la inseguridad alimentaria y la corrupción.
En agosto, la banda de precios más alta escaló al 49%, la peor inflación del continente; pero no se puede asegurar el abastecimiento de la población si más de la mitad del comercio interior sigue en manos de los enemigos jurados del gobierno, y menos se podrá controlar la metástasis de la corrupción estatal y privada mientras entre funcionarios de ambos sectores se reparten sin control social, la importación, el financiamiento en dólares y el control político de estas dos funciones económicas centrales. No hay sociedad humana que soporte tamaña depredación sobre sus hombros.
La masiva migración de la renta petrolera al campo privado (incluyendo aquí al ciudadano burócrata y al nuevo boliburgués) no tendría explicación sin ese mecanismo, tan perverso como absolutamente eficaz para el enriquecimiento ilícito de una minoría poblacional. Sumadas las familias de los capitalistas, de la capa de burócratas del alto nivel y las de los casi 5 mil boliburgueses agrupados en cinco cámaras, no pasan del 8 al 10% de la población. Este grupo de privilegiados se expande un poco cuando le añadimos la franja alta de la clase media comercial y rentista, esa que vive en Miami, piensa y siente en norteamericano y que en Venezuela se mide en petrodólares.
La fuente de riqueza de esta pequeñita parte de la población es la renta petrolera, ese milagroso chorro de bitumen sobre el que está posado el Estado-nación venezolano desde 1927.
En los últimos diez años, esa renta pasó de 50.000 millones de dólares anuales en 2002, al doble en el año 2012, según información de Pdvsa. Los tres gobiernos de Hugo Chávez lograron rescatar para el Estado un poco más del 60% de esa renta.
El año pasado, sobre una facturación de 100.000 millones de dólares, el Estado se quedó con 57.000 millones para gastos corrientes. Hasta el año 2002, cinco multinacionales petroleras y la Gerencia Mayor de Pdvsa acaparaban el 78% de la facturación anual. Eso explicó el golpe de abril de ese año.
Mirado en cifras y estadística, ese cambio en el control estatal y la distribución social de la renta, representa un enorme avance en soberanía y economía nacional. El chavismo cuadruplicó el gasto social en menos de 6 años, aumentando el nivel general de consumo, bienestar y la felicidad relativa de la población que vive del trabajo.
Una mirada más compleja señala que el resultado es más contradictorio, porque en las entrañas de ese enorme progreso se acurrucaba un Alien propio.
La culpa no es de la renta. Con la misma facturación petrolera usada para financiar las 17 Misiones sociales que le cambiaron la vida a los venezolanos más pobres, también se potenció la riqueza del pequeño grupo de súpermillonarios de la banca y el comercio mayorista al igual que los nuevos ricos, dentro y fuera del aparato de Estado.
La única culpa exógena en esta historia es el precio del barril de crudo, determinado en el mercado mundial por los dueños de la economía del planeta.
Mientras la burguesía fugó más de 158 mil millones de dólares en menos 10 años, la burocracia y la boliburguesía hicieron lo mismo con 22 mil millones en los últimos dos años y medio. La diferencia es que unos invierten la plata afuera, mientras los otros la esconden adentro.
En este nudo económico, comercial, financiero y político están los secretos del grave tránsito de la economía venezolana. Tanto sus déficit de caja, como la cuadruplicación de la deuda externa y los cortes en la cadena de distribución, tienen la misma marca.
El viaje de Maduro a China tuvo dos objetivos, el principal fue reactivar el Fondo Chino-Venezolano de más de 24 mil millones de dólares. China es el refugio para evitar la visita del FMI o del Club de París. Ni el PBI se eleva sustancialmente, ni la economía rentista cambió en 13 años de masivas inversiones, ni el Banco Central puede seguir financiando a Pdvsa.
Un primer costo social será la desfinanciación parcial de las Misiones y otros programas sociales de escala. Esto, en parte ya comenzó con la Misión más cara: Barrio Adentro, dedicada a la salud.
Mientras tanto, la oposición hace las dos cosas que sabe hacer: aumentar su alta tasa de ganancia y sabotear la economía cotidiana, la misma en la que gana mucha plata. Esta aparente irracionalidad de la burguesía venezolana, no es un misterio. Ella necesita como su vida misma, recuperar la renta petrolera sin mediación del Estado. Esa mediación se llama chavismo desde 1998 hasta 2019. Demasiado tiempo para una clase tan voraz.
A la desazón social del desabastecimiento ha sumado este año más de 20 asesinatos selectivos, los últimos dos ocurrieron la semana pasada en las Comunas de Barquisimeto, al occidente del país.
La prueba navideña. Las elecciones en diciembre serán el escenario político más próximo para saber los primeros resultados de una puja de fuerzas que no se detendrá en las elecciones de diciembre. Lo que está en juego es el destino del proceso bolivariano en su conjunto. Y eso no se decide en la economía, tampoco en la sola conducta de la oposición. Lo que deje de hacer, haga mal, el chavismo, será funcional al objetivo de sus enemigos.
Para tratar de entender esa ecuación y esa hipótesis, hay que mirar las terribles pulsaciones de la economía, pero a través del prisma de su intensa vida política.
La batalla contra el saboteo pasó de los despachos ministeriales, la prensa, los discursos, los bancos, las empresas y los estudios econométricos, a la calle. En ese punto se concentró en los términos de la política.
22 movimientos sociales del poder popular, entre ellos tres empresas bajo control obrero y un centenar de medios comunitarios, tomaron las calles de Caracas para acompañar al gobierno contra la oposición, al mismo tiempo que le reclamaron medidas más extremas contra la corrupción propia y contra los desabastecedores internos. Ambas cosas se reflejaron en las principales consignas: “¡Guerra a muerte a la corrupción!”, “¡Con cola y saboteo, con Maduro me resteo!”, “¡Poder Popular contra la corrupción, el acaparamiento y la especulación!”, “¡No quiero show, ni comiquita, la Habilitante la aprobamos los chavistas!”.
Una de las acciones más osadas de esta acción callejera fue la reintroducción en la Fiscalía y en la Asamblea Nacional de una “denuncia judicial con exigencia de investigación sobre los desfalcos al Sitme (administradora de dólares) perpetrados por empresarios y burócratas corruptos”. Fue firmada por todas las organizaciones. (Aporrea, 18 de octubre, 2013)
Aunque las elecciones del próximo 5 de diciembre se limitan a las alcaldías y los concejales de 335 municipios, adoptarán, como suele ocurrir desde 2002, el carácter de una prueba nacional de las fuerzas por todo el poder.
En diciembre no están sometidas a prueba ni la presidencia ni la Asamblea Nacional de Diputados, pero eso no impide que las fuerzas enemigas del chavismo transformen las elecciones en una batalla contra todo el sistema político bolivariano. Y que el chavismo se ponga en marcha como si se tratara de la última batalla.
En la complejidad de las causas de la actual crisis económica no hay manera de separar sus tres partes componentes, aunque sean distintos: Estados Unidos, la burguesía interna y la burocracia depredadora del Estado. Los diversos saboteos comerciales que hacen las grandes empresas privadas, sobre todo las de alimentos, bienes ligeros y las financieras, se alimentan de las acciones y asedios permanentes que realizan los organismos de Estados Unidos contra la soberanía nacional y la seguridad externa, pero ambas presiones se combinan en una asociación de necesidad existencial, con el “saboteo endógeno” de las capas de funcionarios que viven o se enriquecen con esos saboteos comerciales y financieros.
Eso explica, por ejemplo, que mientras las cadenas comerciales privadas desaparecen los alimentos de los supermercados, en las cadenas estatales de comercialización, como Mercal o Pdval, también desaparecen, sin explicación.
Un ejemplo de esto en resbaloso terreno financiero se conoció a comienzos del gobierno de Nicolás Maduro, cuando la ex presidenta del Banco Central de Venezuela Edmé Betancourt informó que habían emigrado del Estado a la banca privada alrededor de 22 mil millones de dólares, provocando la devaluación de febrero 2013 y presionando la que se espera para finales de este año.
La ministra salió del cargo, pero a nadie en su sano juicio le cupo dudas de la responsabilidad de los encargados de la emisión en el BCV, en el Sitme y en Cadivi, los tres organismos que manejan las divisas. Como dijo un chavista en el diario bolivariano Aporrea, “los billetes no tienen patas”.
Esta semana, Heinz Dietrich, un conocido intelectual de la izquierda latinoamericana de origen alemán, publicó un escrito titulado “Maduro cerca del punto de implosión”. Seis meses antes, el 5 de abril de este mismo año, un grupo de intelectuales y economistas chavistas se le adelantó a Dietrich con un documento más cauto y razonado, al que llamaron “¿Qué hacer?”.
Ambos llegan a similares conclusiones, desde lugares políticos muy distintos. Para los primeros, “se huele en el ambiente la posibilidad de un estallido social, como efecto posterior de reverberación de las ondas de choque de la bomba atómica económica que ya explotó…”. Para Dietrich se trata de la caída de lo que llama “Gobierno de Maduro/Diosdado”. Y va más lejos: “¿Habrá alguna fracción del Bolivarianismo que podrá suplirlo?”. Como no define el carácter de clase ni el proyecto político del posible “suplidor”, la oferta queda abierta a cualquiera que se atreva.
El resultado de la actual batalla no servirá para erradicar las causas de los graves desequilibrios de la economía venezolana, sumidos en una estructura monoproductora y rentista. Pero le permitirá a los organismos del poder popular aprender sobre la alta responsabilidad política que tienen ante el país y América latina.