Venezuela. Saña mediática sobre las ruinas del sismo

Geraldina Colotti – Resumen Latinoamericano

Se sigue excavando bajo los escombros, en Venezuela, pero las esperanzas de disminuir el número de desaparecidos –unos 50.000 según la ONU– se desvanecen de hora en hora. Los muertos confirmados son 2.295, pero el balance está destinado a crecer a medida que se remueven los detritos provocados por el doble terremoto del 24 de junio, mientras fuertes réplicas complican el trabajo de los rescatistas. El 24 de junio –un día de fiesta nacional que recuerda un momento fundacional de la independencia– a las 18:00 horas, y con 39 segundos de diferencia, se produjeron dos temblores, el primero de magnitud 7.2 y el segundo de 7.5, con epicentro en el estado Yaracuy. Yaracuy fue la chispa, pero la bomba energética del segundo terremoto (el de magnitud 7.5) explotó bajo el fondo marino frente a La Guaira, embistiendo de lleno la costa y el área metropolitana de Caracas.

Un doble evento sísmico bastante raro, que los modelos geológicos (desarrollados por el INGV italiano y la Universidad de Pekín) muestran a través de tres factores estructurales precisos: en primer lugar, la propagación unilateral hacia el este. La rotura de la falla de San Sebastián comenzó en Veroes (Yaracuy), pero no se quedó estancada allí. Se propagó como una cremallera que se abre a gran velocidad (unos 3–3,5 kilómetros por segundo) moviéndose precisamente en dirección este, es decir, hacia Caracas y La Guaira. En segundo lugar, el desplazamiento del pico de energía (Slip máximo): a medida que la rotura avanzaba, la energía acumulada creció. Los datos satelitales demuestran que el slip (el deslizamiento de las rocas a lo largo de la falla) fue mínimo cerca del epicentro inicial, mientras que alcanzó su pico máximo de 3,6 – 4,5 metros precisamente en el tramo de la falla situado offshore, frente a Catia La Mar (en el estado de La Guaira).

El mayor impulso destructivo se descargó allí. El tercer punto se refiere a la vulnerabilidad estructural y geológica: Caracas se asienta en una cuenca sedimentaria (un valle de sedimentos blandos). Cuando las ondas sísmicas producidas por la falla llegan a un terreno de este tipo, sufren un fenómeno llamado amplificación de sitio: las ondas se ralentizan, aumentan su amplitud y sacuden los edificios con mucha más violencia de lo que lo harían en un terreno rocoso y compacto como el de Yaracuy. A esto se suma la altísima densidad habitacional y la fragilidad de muchas infraestructuras de la capital.

Basarse en la rigidez de los datos científicos es fundamental para no alimentar alarmas e hipótesis fantasiosas que solo sirven para complicar la dramática realidad, alejando de las respuestas materiales que el país necesita. En las redes sociales, por ejemplo, ha vuelto a circular el mito conspirativo del sistema HAARP (el programa de investigación ionosférica estadounidense), utilizado para difundir la tesis de un terremoto inducido desde el exterior con el objetivo de someter definitivamente al país y apropiarse de sus extraordinarios recursos. Los científicos coinciden en que se trata de teorías carentes de fundamento: las ondas electromagnéticas no tienen la capacidad física de penetrar la corteza terrestre o de desatar movimientos tectónicos, los cuales dependen exclusivamente de la acumulación y liberación de energía geológica profunda.

Junto a la seudo-ciencia tecno-científica, reafloran visiones bíblicas y lecturas paranormales (luces extrañas en el cielo, que después del terremoto se tiñó completamente de rojo) que interpretan el sismo como un castigo o una señal escatológica. Son reacciones irracionales del todo similares a las que surgieron entre la población tras el cataclismo de 1812, en la época de Simón Bolívar. Entonces. El catastrófico terremoto que arrasó Caracas fue interpretado por los realistas – los defensores de la Corona española y del dominio colonial— como un «castigo divino» contra la primera República.

Aunque la comparación con 1812 sea la más apropiada, un evento histórico con dinámicas pavorosamente similares por trayectoria y vulnerabilidad fue el terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967 (si bien el actual del 24 de junio ha sido decisivamente más potente). También en ese caso se trató de un sismo de magnitud estimada entre 6.6 y 6.7 generado por el mismo sistema transcurrente de la falla de San Sebastián. Exactamente como hoy, el epicentro instrumental se localizó offshore (a unos 20 km al norte de Macuto), pero la energía destructiva se propagó a lo largo de la costa y se descargó con una violencia inaudita en el área urbana de Caracas y en el estado Vargas (la actual La Guaira).

Las analogías con el desastre actual son impresionantes. Por un lado, en lo que respecta al efecto cuenca en Caracas: en 1967, los barrios de la capital construidos sobre sedimentos blandos (como Altamira y Los Palos Grandes) sufrieron una idéntica amplificación de las ondas sísmicas. Edificios modernos de más de 10 pisos colapsaron sobre sí mismos exactamente como ha ocurrido en estos días. Y por otro lado, porque afectó al mismo eje La Guaira-capital: el litoral (entonces Vargas, hoy La Guaira) fue devastado por el derrumbe de grandes estructuras hoteleras y habitacionales, mostrando ya desde entonces la fragilidad de la franja costera comprimida entre el mar y la cordillera. La misma fragilidad que llevó a la vaguada de Vargas, como se llamaba todavía en 1999 La Guaira.

El evento de 1967 mostró la extrema peligrosidad de los sismos superficiales (10 km de profundidad) combinados con la escasa calidad costera de las edificaciones. Y ahora muestra la instrumentalización de la extrema derecha, que ve los derrumbes solo en los sectores de las viviendas populares construidas por Chávez y por Maduro: las cuales, al contrario, precisamente debido al empleo de material ultraligero, en su mayoría permanecieron en pie el tiempo suficiente para permitir que la gente se salvara. Por el contrario, la devastación afectó a resorts de lujo o construcciones en los barrios acomodados de Caracas.

Fue precisamente entre los escombros de 1812 cuando Simón Bolívar pronunció la célebre frase: «Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos obedecer». Una advertencia que la historiografía oficial tiende a reducir a un vacío titanismo iluminista, pero que la revolución bolivariana liderada por Hugo Chávez había sabido renovar y traer al presente, transformándola en la síntesis de la determinación política y de la soberanía popular contra todo fatalismo histórico y material. Esa frase se repite hoy entre los cuadros populares y en las comunidades para darse fuerza, apoyándose en la historia y en sus propias raíces frente a una naturaleza que parece haberse ensañado con el país. Se hace, sin embargo, también con la conciencia del límite en la explotación de la naturaleza, indicado en uno de los objetivos estratégicos del Plan de la Patria. Por ello, se multiplican las historias de rescate de los militantes de la Misión Nevado, dedicada al cuidado de los animales, llenas de perros, gatos y tortugas puestos a salvo por los rescatistas.

Sin embargo, esas mismas raíces parecen haber sido terremoteadas en el plano político y emotivo tras el ataque de EE. UU. del 3 de enero, que llevó al secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, su esposa, a la espera de una nueva audiencia en Nueva York, el 22 de julio. La incursión militar extranjera y el secuestro del jefe del Estado han golpeado en el corazón el orgullo nacional y, en particular, la doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), estructurada sobre el principio de la unión cívico-militar y de la inviolabilidad territorial. Este desconcierto emocional e institucional constituye la debilidad sobre la que actúa programáticamente la propaganda de la extrema derecha. La oposición subversiva explota el trauma del 3 de enero y el actual para conducir una sistemática campaña de demolición moral contra los cuadros militares, descritos capilarmente en las redes digitales como un cuerpo parasitario, ineficiente y dedicado al saqueo.

Sobre esta catástrofe natural se injerta una crisis política y económica enteramente determinada por la intervención extranjera. La vulnerabilidad del país no es solo geológica, sino que ha sido científicamente producida por años de sanciones y asfixia financiera. Los dos terremotos consecutivos han golpeado a un organismo social ya afectado en sus defensas inmunitarias. La verdadera ayuda humanitaria es que nos liberen de las sanciones –dice el gobierno bolivariano– para permitirnos usar nuestros propios recursos. Y, sobre esto, los movimientos de solidaridad internacional ya están en el lugar o están por llegar, para acompañar la acción del gobierno y también para “interponerse” frente a injerencias y especulaciones que critican los controles del gobierno sobre formas de falsas ayudas que llegan con otros fines.

En Venezuela se tiene muy presente el riesgo de una gigantesca neocolonización “humanitaria” bajo el modelo de Haití. “Estamos aquí –explican las brigadas internacionales– para retribuir la solidaridad que el proceso bolivariano ha mostrado hacia tantos pueblos afectados por desastres en estos años”: desde México hasta Haití, desde Nepal hasta Pakistán, como relató en versos el poeta Tarek William Saab, exfiscal general. Una solidaridad que, al igual que siempre ha hecho Cuba (ya presente ahora en el lugar), se brindó incluso a gobiernos que adversaban a Venezuela.

Y ahora son 31 los gobiernos que han enviado ayuda o equipos de rescate: en primer lugar aquellos aliados, como China, Rusia, Irán, a pesar del intento de expulsarlos por parte del imperialismo de EE. UU.

El único que no se ha movido, argumentando que debe dar prioridad a sus ciudadanos, es el presidente de Honduras, Nasry Asfura, un hombre de derecha muy del agrado de Trump. La delegación italiana permaneció solo cinco días en el país, pero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, condecoró a la misión con la medalla de “héroe de Venezuela”, y lo propio hizo con los rescatistas suizos y su unidad canina. “El dolor que hay en nuestro corazón se convierte en gratitud para todos los equipos de los 31 países que han venido aquí para apoyar al pueblo venezolano -dijo la presidenta encargada en su discurso-. Cada equipo de rescatistas que llegó aquí significó esperanza para nosotros. Hoy se van, pero se quedarán para siempre en nuestros corazones”.

Una apertura a todo nivel que, sin embargo, ha suscitado críticas por parte de la izquierda antiimperialista, preocupada por el protagonismo (aunque contenido) de los EE. UU., más acostumbrados a enviar soldados que rescatistas, y también por la disposición del régimen israelí (con el que las relaciones están rotas desde hace 17 años). Una intervención solicitada sobre todo por la comunidad judía local, compuesta por unas 5.000 personas, numerosa especialmente en la zona acomodada de San Bernardino, una de las zonas de la capital más afectadas por el sismo.

Desde el punto de vista institucional, desde el 3 de enero Venezuela vive en una condición de soberanía limitada, empeñada en un pulso permanente con los secuestradores de EE. UU. Desde ese momento, la administración Trump ha impuesto que los ingresos de las exportaciones petroleras sean congelados en una cuenta de Citibank en Nueva York, transformando la economía nacional en un mecanismo de erogación controlado desde Washington. En este marco, el “plan en tres fases” hipotetizado por Trump y Marco Rubio, entendido en cambio como un repliegue estratégico para ganar tiempo y recuperar fuerzas por parte de la dirección del gobierno chavista, ha ido a chocar contra un cataclismo de esta magnitud, pero sigue sobre la mesa. La prioridad estratégica de los Estados Unidos no es la asistencia humanitaria, sino la captura de la renta energética venezolana. Este objetivo se hace explícito por el masivo despliegue naval en el Mar Caribe, que se configura como uno de los bloqueos militares más imponentes de la historia moderna del continente.

«El objetivo es paralizar la capacidad del régimen para generar ingresos independientes», declaró cínicamente el secretario de Estado Marco Rubio a la CBS, definiendo la operación como una «cuarentena militar» sobre las exportaciones petroleras. Rubio aclaró que la presión se mantendrá al máximo hasta que la industria petrolera estatal esté enteramente abierta a las inversiones extranjeras, revelando la real intención de garantizar a las compañías estadounidenses una posición de monopolio de facto sobre los recursos de la República Bolivariana.

Un cuadro que está evidenciando la brecha entre las necesidades materiales del capital transnacional y la agenda política de la extrema derecha local. El magnate Trump ve ahora vislumbrarse la posibilidad de replicar en Venezuela el “modelo resort” proyectado para Gaza, y prefiere dilatar aún más las miras de la golpista Machado, quien querría regresar al país para ponerse a la cabeza del “caos constructivo” que desearía provocar.

La tragedia del 24 de junio se ha convertido, de hecho, inmediatamente en un terreno de confrontación logística y de guerra cognitiva. La derecha fascista ha intentado capitalizar la necesidad de ordenar la asistencia bajo el estricto control estatal. En un momento de máxima emergencia, la planificación pública a través de los canales institucionales (como los ministerios y los Cuadrantes de Paz) es la única herramienta capaz de garantizar una asignación equitativa y metódica de los bienes de primera necesidad a toda la población, impidiendo que la asistencia humanitaria sea fragmentada, privatizada o instrumentalizada por las redes privadas de las oposiciones como arma de negociación territorial.

Mientras sobre el terreno se consuma la disputa por la reconstrucción, en Nueva York se ha abierto un segundo frente, esta vez de naturaleza judicial. El martes pasado, la organización internacional Center for Guernica 37 presentó una demanda civil ante el Tribunal Federal de Brooklyn contra Nicolás Maduro. La acción legal fue promovida por tres madres, un padre y una mujer que “perdieron a sus familiares durante las operaciones de seguridad llevadas a cabo entre 2017 y 2020”. La demanda hace referencia explícita a la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), posteriormente renombrada como Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el escuadrón de élite utilizado por el gobierno para el control social en los barrios populares de Caracas, que las grandes mafias financiadas por la extrema derecha habían ocupado ampliamente.

El sustento de la acusación se basa en gran medida en los controvertidos informes de las agencias de la ONU, a menudo cuestionados por Caracas debido al uso de fuentes parciales y no verificadas sobre el terreno. En el plano político, esta demanda apunta directamente a la cúspide institucional para minar la legitimidad internacional del Estado bolivariano, intentando eludir el principio fundamental de la inmunidad diplomática de los jefes de Estado en funciones. Se trata de una operación que busca replicar precedentes históricos de presión judicial extraterritorial para golpear la cadena de mando e debilitar la posición negociadora del gobierno venezolano en un momento de máxima vulnerabilidad interna.

El doble sismo del 24 de junio no solo sacudió la tierra, sino que activó instantáneamente los laboratorios de la guerra cognitiva, ese moderno campo de batalla geopolítico en el que el objetivo principal no es la destrucción física de las infraestructuras, sino la manipulación sistemática de las percepciones, el colapso psicológico de la población y la demolición de la legitimidad de las instituciones. En las horas inmediatamente posteriores a los temblores, mientras las estructuras del Estado y los voluntarios, militares y civiles, se movilizaban en el terreno para rescatar a los sobrevivientes y prestar los primeros auxilios entre los escombros, en las principales redes sociales se desató una ofensiva mediática coordinada y profundamente asimétrica.

Y como ahora parece que entre Trump y Machado vuelan los cuchillos, el corresponsal de la Casa Blanca y propietario de La Derecha Diario, Javier Negre, ha denunciado que el equipo de María Corina Machado, liderado por Claudia Macero, financiaba grupos de ataque contra Donald Trump, su administración y el encargado de negocios de los Estados Unidos, John Barret. Explicó que Machado y su jefa de prensa, Macero, lideran «El Enjambre», un grupo de influencers asalariados que desde hace días atacan al gobierno de Trump para instrumentalizar el drama del terremoto y hacer estallar el plan de transición del ejecutivo de Trump (y para congraciarse con los demócratas en caso de un impeachment contra Trump). Finalmente, aseguró que este grupo está compuesto por periodistas, influencers, miembros de su partido y seguidores que se organizan de forma coordinada para atacar en manada con el objetivo de intimidar.

El mecanismo de desestabilización psicológica, ampliamente teorizado en los manuales de presión política occidentales, se articuló en directrices muy precisas a través del uso de las plataformas digitales. En primer lugar, algoritmos y perfiles automatizados inundaron el flujo informativo con imágenes descontextualizadas y datos arbitrariamente inflados, con la deliberada intención de difundir un estado de pánico colectivo y de hacer percibir al Estado como impotente e incapaz de gestionar la crisis.

Al mismo tiempo, sin embargo, desde los laboratorios de la comunicación popular, empezando por la Universidad Internacional de la Comunicación, dirigida por la rectora Tania Díaz, se multiplicaron los análisis y las orientaciones a adoptar, así como algunos criterios básicos para desenmascarar las trampas digitales: para señalar que, en los últimos años, la arquitectura de la desinformación ha dado un salto cualitativo. Se ha pasado de las viejas campañas «inorgánicas» (hechas solo de bots rudimentarios que repetían la misma etiqueta) a operaciones «híbridas» o «semi-orgánicas». Es lo que en el plano geopolitico se define como guerra cognitiva, es decir, el intento científico de manipular las emociones, los conceptos y la psique colectiva a través de las redes digitales.

Para entender cómo funciona este mercado de la manipulación de la opinión pública, debemos mapear a los tres actores principales: los bots, los influencers y los mecanismos de defensa. ¿Cómo funcionan los bots pagados para la propaganda? Los bots modernos ya no son simples perfiles sin foto que saturan con el mismo texto. Hoy en día, las centrales de desinformación y las agencias privadas de comunicación utilizan sistemas complejos basados en la inteligencia artificial y en redes coordinadas. Existen las fábricas de cuentas (Sockpuppets): redes de perfiles falsos pero gestionados de manera automatizada o semiautomatizada. Tienen biografías creíbles, fotos generadas por inteligencias artificiales e historiales de publicaciones aparentemente normales (deportes, cocina, memes) para eludir los controles de las plataformas.

El objetivo de los bots no es convencerte a ti directamente, sino engañar al algoritmo de X, TikTok o Instagram. Cuando se lanza un tema, miles de bots generan interacciones artificiales inmediatas (likes, compartidos, comentarios). El algoritmo lee este pico como un «interés genuino» y empuja el contenido hacia las tendencias globales, mostrándolo a millones de usuarios reales. De este modo se inocula el odio neuro-digital.

Ciertos contenidos se utilizan para polarizar el debate. Crean artificialmente un clima de confrontación radical, agrediendo a los perfiles disidentes o exaltando a figuras reaccionarias, para dar la impresión de que una determinada posición extremista es compartida por la mayoría de la población. Los influencers se han convertido en los vectores ideales de la propaganda porque gozan de un factor que los bots nunca tendrán: la relación parasocial. Los seguidores confían en ellos como confiarían en un amigo. Este capital de confianza es monetizado y explotado por las centrales de poder de dos maneras: el canal consciente (mercenarios digitales). Hay influencers que aceptan contratos millonarios de agencias de relaciones públicas, partidos políticos o grupos de presión transnacionales para impulsar determinadas líneas narrativas.

A menudo, los pagos se realizan fuera de las plataformas para burlar las leyes electorales y los registros publicitarios de las redes sociales. El influencer no dice «este contenido está patrocinado», sino que introduce el mensaje político o geopolítico dentro de su rutina normal (por ejemplo, un bloguero de viajes que exalta la «seguridad» y el «modelo económico empresarial» de un régimen autoritario o que ataca sistemáticamente a un bloque popular en transición, haciéndolo parecer una opinión espontánea).

Está luego el canal inconsciente (vectores útiles). Este es el mecanismo más perverso de la guerra cognitiva. Muchos creadores de contenido son manipulados sin saberlo. Los algoritmos premian la indignación y la rabia. Un influencer, para no perder relevancia y visualizaciones, tiende a republicar contenidos polarizadores (memes, videos descontextualizados, alarmismos) generados originalmente por las fábricas de bots. Agencias de negocios o falsos centros de investigación envían a los influencers material «exclusivo», datos económicos manipulados o noticias sensacionalistas. El influencer, halagado por el acceso a la fuente o deseoso de lograr una primicia, difunde la desinformación convencido de estar haciendo información independiente.

¿Cómo evitar las trampas? Identificar las redes coordinadas requiere espíritu crítico y atención a los detalles. Es necesario identificar las anomalías temporales y de volumen: si un perfil publica cien mensajes al día, a cualquier hora de la noche, o si miles de cuentas comentan una publicación con las mismísimas palabras o variaciones mínimas en el espacio de pocos segundos, se trata de una red de amplificación coordinada. Hay que analizar los perfiles: a menudo las cuentas bot han sido creadas recientemente (por ejemplo, todas en el mismo mes), tienen muy pocos seguidores pero siguen a miles de personas, y su línea de tiempo es monotemática: no hay vida personal, solo propaganda o ataques continuos.

Es necesario observar si hay un cambio repentino de enfoque: un influencer que siempre se ha dedicado al fitness, el bienestar o el estilo de vida que de repente comienza a repetir precisas consignas políticas, a defender sanciones económicas o a criminalizar movimientos sociales, utilizando gráficas o eslóganes idénticos a los de una determinada campaña política. En definitiva: frente al tecnofascismo y a la manipulación algorítmica, la defensa no puede ser solo individual, sino que debe convertirse en organización colectiva.

Por lo tanto, es necesario desarrollar la conciencia crítica digital: comprender que el espacio digital no es neutral, sino que es un terreno de confrontación gobernado por multinacionales e intereses geopolíticos. No reaccionar por impulso: el objetivo del bot es hacerte enfurecer para generar interacciones y dar visibilidad a su contenido. Y romper la cadena de la viralidad: no compartir un contenido tóxico o palesamente falso, ni siquiera para criticarlo o ridiculizarlo. En las redes sociales modernas, el comentario de indignación y la mención (quote) polémica regalan de todos modos relevancia algorítmica a la publicación original.

La mejor respuesta es denunciar y bloquear (block and report). Importa, sobre todo, la verificación de las fuentes materiales: contrastar la narración virtual con la realidad de los hechos históricos, de los datos económicos reales y de la investigación sobre el terreno. Frente a un ataque cibernético o a una campaña de linchamiento neuro-digital, la única barrera eficaz –dicen los comunicadores populares– es la activación de la comunidad. Organizar la respuesta social en el territorio y en las redes a través de la difusión de la verdad, desmontando las falsedades no con la rabia, sino con la solidez del análisis de clase y de la organización popular.