Venezuela y la recuperación de la soberanía

Rubén Armendáriz

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este 10 de mayo que “Venezuela es un país muy feliz. Eran miserables y ahora son felices. Está bien gestionado”.  Mientras, el intelectual venezolano Luis Britto García  criticó lo que califica como “rendición” de su país ante la agresión del 3 de enero y decisiones posteriores a la invasión y propuso un enfoque que incorpore a toda la ciudadanía para “resistir y recuperar la soberanía”.

La intervención militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero y el secujestro del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, abrió una nueva etapa de tensiones entre ambos países, que no giran únicamente en torno al petróleo, sino también a una de sus mayores riquezas: los recursos minerales. En este contexto, no resulta casual que, pocas semanas después del ataque, una de las figuras más visibles en la nueva agenda hacia Venezuela haya sido Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos., señala el analista Leopoldo Puchi.

Como secretario del Interior, Burgum supervisa la gestión de tierras públicas, recursos naturales y reservas minerales federales. Desde esa posición ha impulsado una política de expansión extractiva vinculada a la seguridad energética y al abastecimiento de minerales estratégicos. Esta dinámica extractivista no se limita a la política interna estadounidense. Se inscribe en una visión geopolítica que concibe el espacio comprendido entre Groenlandia y Ecuador como una zona integrada de seguridad, energía y recursos, añade.

En esa idea de una “Gran Norteamérica”, las fronteras económicas y estratégicas tienden a volverse más difusas cuando están en juego minerales críticos, cadenas de suministro y control energético, señala Puchi, exdirigente del Movimiento al Socialismo, quien fuera ministro de Trabajo en el gobierno de Hugo Chávez. En este marco, las zonas mineras venezolanas tienden a ser percibidas como espacios estratégicos vinculados a las necesidades de minerales y energía de Washington. El riesgo es que el país termine integrado a una lógica de administración extractiva subordinada a prioridades externas de seguridad y abastecimiento.

Guterres sorprende

Lo que causó sorpresa en Caracas es que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, señalara que en la captura y secuestro de Nicolás Maduro hubo «grandes complicidades». La Cancillería de Venezuela respondió con una descalificación: «Estas declaraciones reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad».

Las declaraciones del alto funcionario se produjeron este lunes 11 de mayo durante una rueda de prensa en Nairobi, Kenia, donde fue consultado sobre las tensiones entre Estados Unidos y Cuba y un posible desenlace similar al ocurrido en Venezuela con la incursión militar de fuerzas estadounidenses para derrocar al gobernante.«En Venezuela para ser honestos, vimos una operación militar contra Maduro, pero tengo la idea de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político venezolano», afirmó Guterres.

Plan Colomzuela

En medio de esa creciente ola de informaciones han surgido anuncios de operaciones militares contra organizaciones delictivas en el sur del país y han comenzado a circular propuestas, como las del exembajador estadounidense James Story, que plantean la necesidad de un “Plan Venezuela” inspirado en el Plan Colombia.

Aunque todavía no exista una formulación oficial ni provenga de voceros gubernamentales, el tema se ha instalado en medios y círculos políticos vinculados a Washington. La discusión más profunda es sobre quién terminará controlando los territorios mineros venezolanos, el modelo de seguridad que se impondría y en función de qué intereses.

La sociedad venezolana enfrenta la necesidad de recuperar el control estatal sobre zonas mineras donde durante años se consolidaron redes armadas, economías ilícitas y estructuras criminales capaces de sustituir o corromper a las instituciones públicas.  La idea de trasladar a Venezuela una versión del Plan Colombia se presenta hoy como una fórmula pragmática para estabilizar el país y garantizar la seguridad de las inversiones estadounidenses.

La experiencia colombiana difícilmente puede considerarse un modelo exitoso, porque dejó una estela de militarización, violaciones de derechos humanos, desplazamientos masivos, expansión de economías ilegales y consolidación de la dependencia geopolítica de Washington. Este antecedente obliga a preguntarse si Venezuela corre el riesgo de convertir un problema de seguridad en la puerta de entrada a formas de tutela externa sobre sus recursos estratégicos y sus instituciones militares.

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