Esta semana, por tercer año consecutivo, la Asamblea Nacional Constituyente debió discutir y aprobar el presupuesto anual de la nación, competencia que corresponde a la Asamblea Nacional, pero para la cual está inhabilitada por estar en desacato ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El monto para el presupuesto 2020 es de 252,18 billones de bolívares, es decir 5.439 millones de dólares. Un aumento de 41% respecto a lo aprobado para el año 2019, cuando la ANC aprobó 3.857 millones de dólares.

El hecho destacado es que el monto previsto para la inversión social alcanza el 75.9% dentro del presupuesto aprobado con lo cual, a pesar de la crisis económica y en medio de un bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos, el Gobierno Nacional espera “vencer la guerra económica”, según dijo el presidente Nicolás Maduro y garantizar la protección social de los venezolanos.

Una revisión histórica de este indicador, demuestra la vocación social del Gobierno nacional en la distribución de los recursos actualmente. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1973-1978) se le destinaba al ítem en cuestión entre 24% y 40% del total de la partida nacional; con Luis Herrera Campins (1978-1983) de 37% a 40%; con Jaime Lusinchi (1983-1988) de 34% a 45%; en el segundo período de Pérez (1988-1993) entre 35% y 50%; con Rafael Caldera (1993-1998) desde 38% al 44% aproximadamente.

A partir del primer mandato de Hugo Chávez la inversión social en el presupuesto nacional comenzó a rondar el 60% y superó el 70% con Nicolás Maduro. No obstante, un hecho de relevancia es el cambio de concepto; lo que en años de la denominada cuarta República era concebido como gasto social, tiene ahora la orientación de inversión social, una visión que ubica las necesidades de la población en el centro de la gestión.

En 2010, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejaba en sus balances que durante sus primeros once años de gestión, el Gobierno de Hugo Chávez había destinado gran parte del ingreso petrolero al bienestar del pueblo venezolano, con la asignación de 330.000 millones de dólares a la inversión social, cifra que representaba aproximadamente 60% del total de las entradas al fisco en 10 años.