Nuevos esquemas de militarización
Luis Ángel Saavedra-Noticias Aliadas
Sin embargo, un análisis más profundo de la geopolítica regional nos muestra el empeño de todos los países para militarizar la sociedad y reprimir sus manifestaciones, poniendo en vigencia códigos penales que facilitan la entrega de bienes naturales a las grandes transnacionales, cuya nacionalidad ya no es fácil de identificar pues pueden estar formadas por capitales chinos, canadienses, estadounidenses y europeos, sin que la ideología de los gobiernos sea un obstáculo a la hora de someter a las comunidades para extraer sus recursos y obtener la máxima rentabilidad posible.
La transformación de la geopolítica y el desarraigo del capital nos lleva a preguntarnos si el control militar obedece aún al interés de seguridad, o de hegemonía de un país en particular, o si ya es un interés supranacional, en cuyo caso, las sociedades estarían sosteniendo con sus impuestos, ya no la seguridad de sus países, sino un gran sistema de seguridad empresarial privada.
Bases invisibles y asesores militares
En noviembre del 2009 se cerró la base militar estadounidense de Manta, en Ecuador. Se dijo que sus actividades se trasladaban a siete bases colombianas y también a la región del Pichari, en la ceja de selva del departamento surandino de Cusco en el Perú. En este último país existirían nueve bases militares, según lo asegura Atilio Borón, politólogo argentino y analista de geopolítica.
Panamá no se queda atrás. Según Julio Yao, investigador universitario panameño y activista antibases, en este país existirían 12 bases militares estadounidenses, pese a que Estados Unidos, antes del año 2000, entregó oficialmente todas sus bases al gobierno panameño. Según el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL), con sede en Argentina, existen 47 bases estadounidenses en América Latina.
¿Dónde están estas bases? ¿Existen fotos de ellas? ¿Cuáles son las pruebas de su existencia? Los gobiernos latinoamericanos niegan haber cedido bases militares nacionales para el control extranjero o haber dado autorización para que Estados Unidos construya bases militares en sus territorios. A falta de pruebas, se podría decir que es una exageración de los activistas antibases. Pero no lo es.
La Base de Manta, así como las bases de Vieques en Puerto Rico; Soto Cano en Palmerola, Honduras; Hato Rey en Curazao; Comalapa en El Salvador; y Reina Beatriz en Aruba, debieron transformarse y multiplicarse para poder acoplarse a las nuevas exigencias del control regional y a los nuevos problemas que se han determinado como riesgosos, no solo para Estados Unidos, sino para toda la dinámica de reproducción del capital: resistencias de los pueblos locales, en especial campesinos e indígenas con alianzas en sectores urbanos; gobiernos progresistas con discursos mediáticos y presencia de otras potencias económicas, China en particular.
Las bases tradicionales demandaban muchos recursos económicos para su mantenimiento y son muy visibles ante la población, por lo que se convirtieron en blancos de las acciones de los activistas antibases, tal como sucedió en Vieques. Tampoco resultaron funcionales las primeras transformaciones, dadas a finales de la década de los 90, con la creación de los Puestos Operativos de Avanzada (FOL—Forward Operating Location), pues no alejó la atención de los activistas, aún cuando si se redujo los presupuestos y se pudo sostenerlas bajo el disfraz de la lucha antidrogas. Manta es un ejemplo de ello, pues luego de 10 años de resistencia social finalmente debió cerrar en el 2009.
Fue necesaria una nueva transformación para hacer invisible la intervención militar estadounidense y volverla más práctica. Ahora, bajo acuerdos de cooperación militar para actividades de apoyo en desastres, asesoría en seguridad interna, lucha contra las drogas y combate a la pobreza, asesores militares estadounidenses ingresan a los países sin llamar la atención. Los desastres naturales brindan el mejor pretexto de intervención, como ocurrió en Haití donde, tras el terremoto ocurrido en el 2010, el ejército estadounidense asumió el control del país y coordina las acciones de las demás misiones militares de paz que intervienen ahí.
Esta estrategia no es nueva, pues constituye el viejo discurso del programa Alianza para el Progreso con el que Estados Unidos intervino en Latinoamérica en la década del 70, ahora remozado con elementos como la lucha contra la corrupción, la delincuencia, las drogas y, para vender mejor la idea, manteniendo el eslogan de lucha contra la pobreza.
La intervención militar no siempre se da previo acuerdos, pues en Venezuela y Ecuador, que no aceptan cooperación militar estadounidense, lo hacen bajo la figura de agregados militares de las embajadas estadounidenses. En abril de este año, en el Ecuador se detectó la presencia de unos 50 militares adscritos a la embajada estadounidense; se decidió expulsar a 20 de ellos que realizaban asesorías sobre seguridad. Los funcionarios militares de las embajadas establecen relaciones directas con mandos medios y altos de los órganos armados de los países, así se cruza información sensible y se llegan a realizar actividades sin el conocimiento de los gobiernos.
En este nuevo escenario ya no se necesitan grandes estructuras militares, basta con pequeños puestos operativos bajo administración militar local, que pueden ser activados en base a los acuerdos logrados con los gobiernos y a conveniencia de la política estadounidense, o que sirven de puestos de vigilancia para alertar sobre movilizaciones sociales y amedrentar a las organizaciones.
Militarización de la sociedad
El mismo tipo de política de control social que implementa Estados Unidos en países bajo su influencia, se implementa en los países que supuestamente se han alejado de su dominio: ¿qué es lo que controlan?
Las inversiones no estadounidenses en América Latina han crecido, en especial la inversión china; esto hace suponer que la política de control y amedrentamiento estadounidense no ha funcionado, a no ser que Estados Unidos ahora esté brindando el servicio de seguridad a China, dado que este país es el mayor acreedor de bonos estadounidenses. Según datos del Banco Central de China, a finales del 2013 la deuda estadounidense a China llegaba a US$1.3 billones; en tanto que la inversión china en Latinoamérica ya suman US$102 millardos, siendo los principales beneficiarios Venezuela, Brasil, Argentina y Perú, en ese orden.
La seguridad del capital chino invertido en la compra de deuda pública estadounidense depende de la seguridad de las inversiones estadounidenses en otros países; de igual manera, la seguridad de las inversiones chinas depende de la seguridad que brinden los países para extraer los bienes naturales Así, la aplicación de la política estadounidense de seguridad es clave incluso en los países que, supuestamente, no se mantienen bajo su influencia.
La militarización de las ciudades bajo el pretexto de controlar la delincuencia y el tráfico de drogas; la militarización de la policía civil, generando escuadrones especializados para el control de la protesta social, y la creación de nuevos cuerpos armados de vigilancia, como las guardias forestales, constituyen las nuevas formas de vigilancia de las estructuras sociales.
En el Ecuador, por ejemplo, la modernización de las Fuerzas Armadas implicará también la distribución de sus miembros en nuevas áreas de vigilancia, como la guardia forestal, que tendrá funciones de control de las actividades rurales, tanto de las actividades productivas, como de las organizacionales, bajo el pretexto de proteger los bosques nativos.
De igual manera se han creado cuerpos de cibervigilancia para, bajo el pretexto de perseguir la pornografía infantil, el tráfico de capitales y la trata de personas, se dediquen a controlar las redes sociales en las que interactúan las organizaciones. Ecuador, con el eufemismo de ciberdefensa, ha propuesto la creación de un cuerpo de cibervigilancia bajo la estructura de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
La creación de nuevos cuerpos de policía antimotines y su preparación para sofocar posibles conflictos urbanos, responde además a la permanente migración del campo a la ciudad, que genera nuevos cinturones de miseria, muy proclives a responder a llamados a la insurrección para defender sus derechos, como lo ocurrido en Brasil en días previos a la realización del último mundial de fútbol. Se han creado diversos centros de entrenamiento policial antimotines, como en Chile y Colombia, donde se capacita a la policía de varios países latinoamericanos. Estos entrenamientos son perfeccionados con agentes franceses y españoles.
La especialización de la policía y los militares para controlar las nuevas amenazas internas ha provocado que sus responsabilidades clásicas sean delegadas a los municipios, bajo la figura de descentralización y autonomía. Ahora son los municipios los que asumen el control del tránsito, la seguridad comunitaria y barrial e incluso la vigilancia institucional, apoyados por empresas de seguridad privada.
Leyes antiterroristas y códigos penales represivos
En todos los países latinoamericanos, las protestas callejeras dejaron de ser contravenciones y se transformaron en delitos contra la propiedad o los servicios básicos. Los levantamientos de la población ahora son delitos de sabotaje o terrorismo; se han puesto en vigencia leyes antiterroristas similares, como en Chile, Perú y Colombia. Se han endurecido los códigos penales para acallar las manifestaciones sociales, como en Ecuador y Venezuela.
Los países progresistas y los países neoliberales coinciden en las estrategias de seguridad interna, asumen la política de seguridad estadounidense y definen como nuevos enemigos internos a los movimientos sociales existentes y previenen como nuevas amenazas a las fuerzas sociales que emergerán conforme se urbanice la sociedad y aumente la pobreza.
Al no existir diferencia ideológica cuando se somete a las comunidades para extraer los bienes naturales, manteniendo la misma matriz de producción primaria que ha caracterizado a Latinoamérica desde sus albores republicanos, es difícil mirar la militarización como producto de la política de un solo país, pues es necesario mirar la dinámica del capital para saber a qué intereses obedecen los nuevos esquemas de seguridad.
*Comunicador social ecuatoriano, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), corresponsal de Noticias Aliadas desde 1996, autor de investigaciones de geopolítica regional como “El refugio en el Ecuador”, Quito, 2005 y “¿Operaciones de avanzada o base militar operativa?” , Quito, 2007, entre otras.