El Salvador: Los Acuerdos de Paz, 21 años después de la finalización del conflicto armado
RUDIS YILMAR FLORES| El debate de la transición de posguerra en El Salvador continúa abierto, veintiún años de iniciado este proceso. Uno de los aspectos cruciales de la discusión es la dimensión democrática de esta transición, en todo caso se pensó que si se daba esta transición, esta debía ser necesariamente democrática, pero la realidad demostró que no se trataba de algo mecánico que nos conduciría a un régimen de estas dimensiones.
Un elemento clave en la discusión y en el discurso sigue siendo que los acuerdos de paz pusieron fin al conflicto armado que generaron cambios en las viejas estructuras del Estado y se crearon nuevas instituciones. Ejemplo de ello fue la desaparición de los cuerpos represivos de seguridad como la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía Nacional, los batallones de reacción inmediata, la reducción del ejército, la creación de una nueva doctrina militar y surgieron la Nueva Policía Nacional Civil, El Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, el Foro Económico Social que en los sucesivos gobiernos de derecha lo desaparecieron y un elemento importante fue la conversión del ejército guerrillero en una institución política que ganó las elecciones presidenciales en marzo del 2009.
Si estos cambios son importantes, no fueron suficientes para rebasar las causas que generaron el conflicto armado que género más de 70 mil muertos y 100 mil desaparecidos, el tema económico social sigue siendo el indicador que mide el nivel de democratización que vive el país y la falta de concertación en grandes temas como la reducción de la pobreza.
Hay un elemento que adquiere gran trascendencia y que el proceso de transición democrática no ha logrado resolver es el problema de la exclusión social, la mala distribución de la riqueza, la falta de empleo, de una vivienda digna, educación y que en los últimos años ha provocado un auge mayor de la violencia en sus distintas manifestaciones en el seno de un orden social que le da la espalda a la gran mayoría de la población en sus propios intereses.
En cierto modo, El Salvador en los últimos tiempos debió perder la brújula en el tema del cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que estos fueron suscritos como un requisito imprescindible para avanzar en los nuevos propósitos de la democratización social y política del país, pero a estas alturas existe un déficit en su cumplimiento según lo pactado en Chapultepec y Nueva York.
La democracia misma pierde vitalidad cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso la tarea es, avanzar hacia una Democracia de Ciudadanía. Lo anterior consiste en organizar a la sociedad para asegurar y expandir sus derechos. Es necesario, para ello, una Democraticidad del Estado: esto es el grado en que el Estado ha organizado las relaciones sociales.
El país atraviesa un momento bastante difícil, con una serie de fisuras que reflejan un alto grado de conflictividad social y una clara ampliación de la brecha entre ricos y pobres.
En este contexto es importante reflexionar sobre el comportamiento que ha tenido el país y la configuración de la transición que hoy vivimos desde sus dimensiones económicas políticas y sociales.
Los últimos 20 años que fueron gobernados por el partido Alianza Republicana nacionalista (ARENA), Y bajo la doctrina neoliberal comenzaron a implementar una serie de medidas antidemocráticas tales como el ajusté estructural, que propicio la reducción del gasto público en las áreas sociales y una serie de procesos de privatización que generaron, un aumento en los niveles de desempleo y provocando un éxodo masivo de salvadoreños a otras partes del mundo y de manera particular hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano.
El modelo económico implementado en 1989, con la llegada del presidente 
Alfredo Cristiani al poder por medio del partido ARENA, comenzó toda una etapa de reformas neoliberales que condujeron al país a una polarización sin darle soluciones concretas a los problemas que dieron origen al conflicto armado.
Un aspecto de dichas políticas, es haber delegado las funciones del Estado a la clase empresarial, y esto provocó que durante los últimos 20 años se diera una ausencia completa de las funciones del Estado en resolver los problemas del país.
Las medidas antidemocráticas de los últimos cuatro gobiernos desde (1989- 2009), establecieron una amplia brecha entre ricos y pobres, se generaron procesos de privatización en varia fases desde aquellos activos que no prestaban precisamente un bien público como las cementeras, los hoteles, puertos y aeropuertos y una segunda fase en la que se vendieron las empresas generadoras de energía eléctrica las telecomunicaciones y las pensiones, actualmente está en discusión la privatización del agua y la salud, también en el año 2001 se produjo el proceso de dolarización de la economía que beneficio a las transnacionales y los sectores empresariales en detrimento de las mayorías que comenzaron a pagar los costos de la dolarización al incrementarse de manera vertiginosa el costo de la vida y una caída de los salarios.
La realidad de los salvadoreños se volvió muy compleja ya que las necesidades más sentidas de la población no se logran resolver, esto necesariamente conduce a los sectores populares a una lucha permanente por la reivindicación de sus derechos y la respuesta de manera inmediata de los últimos dos gobiernos ha sido la criminalización de los movimientos sociales a partir de la creación de nuevas leyes como la ley antiterrorista y los planes mano dura y súper mano dura y el surgimiento de los juzgados especializados o “blindados” como las nuevas formas de represión del estado.
La tarea de la construcción de la democracia es una tarea pendiente de los acuerdos de paz y retoma mayor auge con el gane electoral de la izquierda el 15 de marzo de 2009, representada por el FMLN, por considerarse como el triunfo del pueblo y donde el estado de privilegios de que gozaba la derecha tienden a desaparecer y el nuevo gobierno debe seguir contemplando en la agenda el trato preferencial por los pobres.
No cabe duda, existe una deuda histórica con el pueblo salvadoreño y su democracia, ahora se le presentan nuevos escenarios y nuevas formas de lucha ante la nueva realidad que vive el país y el mundo, aun cuando la izquierda gobierne es necesario romper los viejos esquemas de dominación y de explotación de la clase empresarial que hoy en día siguen vigentes y que se niegan a aceptar que el mundo cambio.
* Profesor Investigador de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Orienta (San Miguel). Miembro del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología