El racismo emerge en Chile contra los comuneros mapuche en la Araucanía
Cecilia Vergara Mattei|
Dos centenares de civiles de Curacautín, región de la Araucanía, se sumaron a la fuerza de choque de Carabineros en el desalojo de comuneros mapuche que tenían tomada pacíficamente desde el lunes la municipalidad, gritando “¡El que no salta es mapuche!” y “¡fuera indios!”. En pleno toque de queda y con total impunidad.
La dura represión se produjo un día después de la primera visita oficial a Temuco de Víctor Pérez, el nuevo ministro del interior, representante de la llamada “derecha dura”, ex colabiorador de la nazi Colonia Dignidad y alcalde designado por el dictador Augusto Pinochet de la ciudad de Los Angeles entre 1981 y 1987., quien tiene con fuertes conexiones con empresarios forestales y agrícolas de la zona.
Para algunos analistas, el gobierno de Sebastián Piñera, en el pico más bajo de su credibilidad y popularidad, trata de desviar la atención de la grave crisis económica y , social del país y de su derrota parlamentaria con el tema de los fondos de pensiones, volcándola a la región sureña, con la excusa del “enemigo interno”.
Diputados y grandes empresarios de Chile como Andrónico Lucksic respaldaron este accionar fascista, mientras la prensa hegemónica trató de “normalizar” esta situación de violencia estatal denominándola “presión social”. Eran 25 los municipios tomados por las comunidades mapuches, entre los afectados fueron los municipios de Ercilla, Curacautín y Victoria.
Durante la noche del sábado un grupo de 200 racistas y fascistas armados –pertencientes a nueve organizaciones racistas como APRA (Organización X La Paz Araucanía) y sectores civiles- de la localidad mapuche de Curacautín atacaron, con la anuencia de los carabineros, a los comuneros mapuche que sostenían una toma en el edificio de la municipalidad de dicha localidad de La Araucanía. Gloria Naveillan, vocera de APRA llamó a “atacar con lo que sea” a mapuche en toma de la municipalidad Victoria.
La toma de las instalaciones –hace una semana- por la población fue en solidaridad con los presos políticos mapuche y en particular con la huelga seca del machi Celestino Córdoba, único condenado por el incendio y muerte de la familia Luchsinger-Mackay ocurrido en 2013 y cuya pena, dictada al año siguiente (bajo el primer gobierno de Piñera) fue de 18 años sin beneficios.
El jueves pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco —capital de la región— rechazó por unanimidad un recurso de amparo que solicitaba su salida de la cárcel de la ciudad para cumplir la condena bajo arresto domiciliario total en su “rewe”, altar sagrado y renovador de la espiritualidad, según la cosmología mapuche, hasta el fin de la pandemia.
En sus primeras declaraciones Victor Pérez, además de invitar a los alcaldes “a que tomen la decisión que les corresponde, por ley, que es pedir el desalojo”, insistió en una idea utilizada por el presidente derechista Sebastián Piñera en toda ocasión —protestas, incendios del metro, cacerolazos— de la existencia de un “enemigo poderoso” pero que esta vez también respira en la Araucanía
“Existe la evidencia absoluta que estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están muy decididos a que no exista paz y tranquilidad. Eso es lo que vamos a combatir”, dijo, tras asegurar que en Chile no hay detenidos políticos. “Presos políticos, entendemos, que por sus ideas están detenidos. Aquí las personas que están privadas de libertad lo están por resoluciones de los tribunales de justicia, no del gobierno”, señaló.
El vocero del Consejo de Todas las Tierras, una de las agrupaciones más importantes de la comunidad mapuche, Aucá
n Huilcamán señaló a radio Cooperativa que en los actos cometidos tiene la estricta responsabilidad el ministro del Interior, “quien vino a incentivar no solo la violencia institucional del Estado chileno, sino la violencia y odiosidades raciales”.
Todo esto sucede en el marco de las reivindicaciones territoriales de este pueblo frente a las grandes empresas forestales y agrícolas que, con el apoyo de los gobeirnos neoliberales, no sólo los han reducido territorialmente, sino que han provocado daños ambientales graves.
El conflicto étnico y de odio racial incluye violencia policial, procesos judiciales irregulares e incendios de los que la policía, empresarios sureños y políticos de derecha acostumbran a culpar implícitamente a los mapuche, que cuenta con enorme apoyo ciudadano, como quedó demostrado en el estallido social de octubre último.
Entonces –y ahora- la bandera mapuche y las pancartas con el rostro de Camilo Catrillanca, asesinado en noviembre de 2018 por un sargento del “Comando jungla”, grupo de fuerzas especiales del gobierno de Piñera para intervenir la Araucanía y que fue desarticulado, en medio de fuertes cuestio
namientos, fueron focos centales de la protesta general.
El subsecretario del interior, Francisco Galli, dijo que: “Carabineros salvó vidas, protegió los derechos de las personas, incluso las que fueron detenidas. Salvaron vidas de ciudadanos que vieron en peligro su integridad física, producto de violentos atentados”. Pero cuando fue consultado sobre los gritos racistas, apenas respondió que: “el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo y una cosa distintas son estos hechos de violencia”.
El politólogo e investigador social Hector Testa Ferreira, señaló que “no hay que ser muy imaginativo ni pitoniso para presagiar que los ataques de las patotas en Curacautín, Ercilla y Victoria son sólo una muestra probablemente pequeña de lo que se vendrá en la medida que avance un proyecto de transformaciones (donde) las formas de la violencia reaccionaria es central”.
* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)