Colombia: “No nos dejan cocinar la sopa de la paz”, dice Naka Mandinga, líder afrodescendiente
Sergio Ferrari|
La voz de los pueblos afrocolombianos debería ser escuchada en La Habana, donde representantes del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) avanzan en la negociación de un acuerdo de paz. Esta es la principal reivindicación que presentaron la segunda semana de junio en Berna, Suiza, Sara Quiñones y Naka Mandinga, dirigentes del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) que reúne a numerosos pueblos afro descendientes. Los mismos representan el 90 % de la población de la región pacífica de ese país sudamericano.
“Sentimos una gran frustración porque nuestras propuestas para nuestros territorios, nuestra visión de desarrollo, en armonía plena con la naturaleza, no han sido escuchadas ni por el Gobierno ni por la guerrilla”, subraya Naka Mandinga, después de reunirse con parlamentarios suizos y funcionarios de la cancillería helvética.
Mandinga reconoce la voluntad que tienen las instituciones helvéticas para “recibirnos y sensibilizarse sobre la situación, pero nos han expresado que no tienen ninguna posibilidad de injerencia en la política interna de Colombia”. Y valora positivamente la actitud de escucha e intercambio de los diputados nacionales que integran el Grupo Interparlamentario Suiza-ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).
El sacrificio de los afros e indígenas
Naka Mandinga, 60 años, representa en carne propia ese sufrimiento. Una decena de miembros de su familia fueron asesinados o desaparecidos por grupos paramilitares como castigo a su compromiso como líder del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí en el municipio de Buenaventura, en el Departamento occidental del Valle del Cauca.Su militancia a favor de las comunidades afro e indígenas comenzó ya desde muy joven. En 1993 integró la comisión especial que creó la Ley 70, que aseguró territorios colectivos para esas minorías. Lo que les permitió recibir en el 2000, el título colectivo de 54 mil hectáreas.
Sin embargo, la presencia de multinacionales que promueven monocultivos como la palma y el intento de producción de coca en esos territorios, así como la presión de los grupos paramilitares les llevaron a asumir la resistencia –y el desplazamiento interno- con la correspondiente violencia represiva como única respuesta. Lo que obligó a Mandinga a recurrir a medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger su vida y poder seguir defendiendo los intereses de los pueblos afro e indígenas.
“Hicimos grandes esfuerzos para participar y hacer escuchar nuestras reivindicaciones. Por eso nuestra frustración de no ser tenidos realmente en cuenta por las dos partes en conflicto que negocian en La Habana”, retoma el dirigente negro.
Y aunque “seguimos apostando a la paz y a la salida negociada, es como que nos dejaron afuera de la cocina en esa negociación. Nos veremos obligados a tomar la sopa pero sin sentir que pudimos aportar nuestros ingredientes”, ejemplifica Mandinga.
Ante la perspectiva de un referendo para ratificar los futuros acuerdos de paz, “sin ninguna duda que vamos a apoyarlo y convocaremos a la población colombiana a sostenerlo”.
En cuanto al otro espacio de negociación que se abre, entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, las poblaciones afro tienen mayores expectativas de participación, señala el dirigente del PCN. “En el transcurso de su vida armada hemos notado que el ELN ha sido una guerrilla un poco más social que las FARC. Y esperamos que se involucre más a la sociedad civil”, señala.
Que hable la sociedad civil…
“Tuvimos un muy buen encuentro, muy informativo e interesante, con los representantes de los pueblos afrocolombianos”, afirma por su parte el diputado nacional Mathias Reynard (Partido Socialista/ Valais), co-presidente del Grupo Interparlamentario Suiza-ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).
Este tipo de intercambio no solo es importante por el reconocimiento que tiene Suiza dada su neutralidad y competencias diplomáticas, sino también por la presencia activa de los países del ALBA que desde el inicio se implicaron en el proceso de paz de Colombia, enfatiza.
En ese sentido, subraya Reynard, es necesario que el mundo político no se limite solo a escuchar al Gobierno y a la guerrilla colombiana, sino también que se muestre receptivo a la sociedad civil.
“Tenemos en nuestras manos distintas maneras de actuar a favor de la paz en Colombia y soy optimista”, subraya el diputado nacional. Incluso pensando en la distribución de los recursos que la comunidad internacional va a destinar a ese país para la etapa post-conflicto. Y subraya, como factores facilitadores, la sensibilidad de la población helvética, la cultura diplomática suiza, y la apertura de la cooperación oficial para tener en cuenta las necesidades de la sociedad civil colombiana, “que es la que más ha sufrido las consecuencias de esa guerra que ya tiene más de 50 años”, subraya.
La solidaridad internacional
“Es fundamental que en las negociaciones entre el Gobierno y las guerrillas se incluyan las reivindicaciones de la sociedad civil, se escuche nuestra voz, que no se siente representada por ninguna de las partes”, reitera Mandinga. Y que la comunidad internacional, los parlamentos, los gobiernos europeos, la solidaridad en general, insistan para que “se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones”.
Hay países como Noruega – que integra la agenda en la gira europea de los dos dirigentes del PCN- que son garantes del diálogo y tienen una voz respetada. Por otra parte, es fundamental que cuando se discuta sobre los recursos para el post-conflicto las comunidades, los movimientos sociales, la sociedad civil, sean tenidos en cuenta y que no todo el apoyo internacional vaya exclusivamente a planes gubernamentales. “Es fundamental que por cada euro para Colombia, una parte sea destinada a la sociedad civil, que ha pagado el sacrificio mayor en este largo y crudo conflicto”, concluye.
Paro agrario, victoria social
El PCN junto con decenas de otras organizaciones sociales promovieron entre el 30 de mayo y el 12 junio una gran protesta ciudadana denominada “paro agrario”.
Según diversas fuentes, más de 100 mil personas participaron en esta movilización. En algunas regiones, fue duramente reprimida.
El acuerdo – firmado en la ciudad de Santander de Quilichao- entre los participantes de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y el Gobierno colombiano, incluye diez actas específicas y una general. Establece la instalación de una mesa de negociaciones entre las partes para el próximo 17 de junio.
Define que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos así como la Defensoría del Pueblo asegurarán el seguimiento y verificación del mismo.
Según fuentes gubernamentales, los temas dialogados y acordados están relacionados con justicia, protección individual, paz, participación, garantías, derechos humanos, víctimas, pueblos indígenas, campesinos, comunidades afro descendientes, medio ambiente y relación del campo con la ciudad.
Un punto esencial del acuerdo: las partes revisarán cada una de las licencias para explotación minera que se han dado hasta ahora en ese país y además se harán más controles para que el Gobierno colombiano no siga entregando grandes extensiones de terrenos para la explotación minero-energética.