Bachaqueo
Aram Aharonian – Miradas al Sur
La suspensión de garantías constitucionales en municipios fronterizos y el cierre de la frontera con Colombia generan nuevas tensiones en Venezuela, que se suman a las que estableciera el gobierno de Guayana al otorgar concesiones petrolíferas a trasnacionales en el territorio Esequibo, en disputa. Jaqueado en dos de sus fronteras terrestres, el conflicto abre un nuevo frente de confrontación política interna en Venezuela con una derecha que se opone a estas (y todas las) acciones.
Miles de toneladas de alimentos y productos de uso masivo se van a diario por los caminos verdes y no tan verdes de Venezuela a Colombia, engordando a todos los participantes de este contrabando siglo XXI, incluidos los funcionarios –militares, policiales y civiles– que se prestan a contribuir al desabastecimiento de un país con una deficiente cultura productiva, dedicada desde hace casi un siglo a vivir de la renta del petróleo. El negocio es simple y muy redituable: comprar productos en Venezuela y venderlos en Colombia a 10 veces su valor.
Casi un millar de colombianos fueron deportados en la última semana. Se calcula en 120 mil los que ingresaron el último año por los puentes y caminos verdes a Venezuela, país donde viven cinco millones de neogranadinos, muchos de ellos nacionalizados. Álvaro Uribe, sindicado como el presidente-narco, prendió el fósforo frente a la nafta “bachaqueada” y comparó la deportación con el holocausto judío. “Así como Hitler infundió odio contra los judíos diciendo que eran la base del mal y una raza inferior y todo terminó con el asesinato de seis millones de judíos, la dictadura castro-chavista de Venezuela está dedicada a infundir odio contra el pueblo colombiano llamando a nuestras mujeres prostitutas y a nuestros compatriotas, paramilitares”, dijo.
Nicolás Maduro le respondió que “si en el mundo se habla del modelo capitalista neoliberal y fue rechazado por los pueblos, nosotros somos víctimas de un capitalismo peor, que se impone sobre el uso de las armas, y que comenzó en los años ’70 en Colombia cuando el poder económico surgió con la producción de la cocaína y el paramilitarismo”.
El cierre busca detener el masivo trasvase de productos por carretera, pero las trochas y caminos verdes de 2.200 kilómetros de frontera facilitan la salida de alimentos, medicinas, nafta y otros productos. Al gobierno venezolano se le agotan las excusas para resolver el grave problema del desabastecimiento, urgido de tomar decisiones para promover la producción interna y corregir los desequilibrios. Una estabilización podrá lograrse cuando se alcancen acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos para evitar que desde Colombia se les brinde estímulo a los contrabandistas.
La frontera no puede mantenerse cerrada para siempre, pero tampoco puede aceptar Caracas que contrabandistas y mafiosos –incluidas las bandas paramilitares asentadas en ambos lados de la frontera– pretendan impedir con ataques armados la acción del Estado venezolano, desangrando la economía.
La derecha venezolana también se opuso a la medida de enfrentar el contrabando, sabiendo que más del 90% de la nafta que se consume del lado colombiano es contrabandeada desde Venezuela. El cierre de frontera significa también que las 200 mil toneladas de carbón colombiano no podrán salir por los puertos venezolanos y que el 70% de la población del departamento Norte de Santander, que depende del “bachaqueo”, deba buscar otras formas de sobrevida.