A un año del asesinato de Berta Cáceres, la comunidad internacional sigue exigiendo justicia / Una impunidad campante

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Sergio Ferrari|

Al cumplirse el primer año del asesinato de la dirigente social Berta Cáceres, en La Esperanza, el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras urgió al gobierno de ese país centroamericano a investigar de manera eficaz e imparcial los hechos.

Berta Cáceres era una de las más destacadas dirigentes del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Su compromiso comunitario y a favor de la defensa de las mujeres, hicieron trascender su figura en toda la región. Su asesinato motivó una amplia condena internacional.
En un comunicado de prensa la ONU /Honduras señala la necesidad de clarificar “el asesinato de la lideresa indígena y ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores” y llama a “enjuiciar a los responsables del crimen y a garantizar el conocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas”.

En el mismo comunicado, que no esconde un tono duro y directo, la ONU instó, además, a aclarar y sancionar el intento de acabar con la vida del también ambientalista mexicano Gustavo Castro. Los portavoces de las Naciones Unidas reiteran su solidaridad con la familia de Berta Cáceres y con la comunidad defensores de los derechos humanos en Honduras.

Si bien la organización internacional reconoce como un avance importante la detención y enjuiciamiento de ocho presuntos responsables materiales del crimen y de la tentativa de asesinato, exhorta a redoblar los esfuerzos para llegar a la verdad, asegurando que no volverán a repetirse abusos como los registrados en el caso de la dirigente comunitaria.

El pronunciamiento público señala “que es igualmente fundamental garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y evitar su re-victimización”. Y considera necesario que el Estado hondureño abra espacios de diálogo con las víctimas. Sugiere la instalación de una mesa de trabajo donde concurran las principales partes del caso.

Numerosas organizaciones internacionales reiteraron en las últimas horas la exigencia contra el olvido, la impunidad y la justicia total. Amnistía Internacional, denunció la “vergonzosa” investigación y las “lagunas judiciales” en torno al caso.

Erika Guevara Rosas, responsable para las Américas de dicha organización insistió en que el “trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras”. “La vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio de la activista medioambiental envía un aterrador mensaje a los cientos de personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos”, detalló AI en una publicación.

Por su parte, al cumplirse el primer aniversario del crimen, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, la organización de Berta Cáceres, reiteró su preocupación ante la actitud del Estado hondureño que no quiere aceptar una Comisión Internacional de Expertos para investigar el hecho, “porque teme que se demuestren sus responsabilidades”.

El COPINH, reitera que “a un año de su muerte Berta nos sigue enseñando que las ideas no se asesinan y que los procesos de los pueblos no se paran, que ella sigue presente y que es nuestro deber continuar con su legado de resistencia y lucha en contra de la injusticia”.
Duras críticas al proceder del Estado hondureño integran una declaración pública del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), creado luego del asesinato a solicitud de la familia de Berta Cáceres y del COPINH.

“Aún no se tiene conocimiento de que el Estado hondureño haya abordado integralmente las investigaciones por los crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos, como tampoco lo ha realizado con respecto al asesinato de Berta Cáceres”, subraya el GAIPE. Recordando diversos documentos de organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas.

*Desde Ginebra, Suiza

Una impunidad campante

Niolás Boeglin|Al conmemorarse un año de la muerte de la lider indígena hondureña Berta Cáceres, las ONG hondureñas e internacionales reclaman que se haga justicia y que se ponga fín a la impunidad rampante que rodea este asesinato.

Al momento, los órganos de la justicia hondureña han enfocado sus labores de manera muy cuestionable, en aras de identificar a los autores materiales del asesinato, sin interesarse mayormente por los comanditarios de esta violenta acción en contra de esta renombrada líder ecologista. Amnistía Internacional ha calificado recientemente de «vergonzosa» la supuesta «investigación» realizada por las autoridades hondureñas. Medios de prensa, en mayo del 2016, señalaban como co-responsables a la cúpula empresarial y militar hondureña. Por su parte la ONG GlobalWitness ha publicado un revelador informe sobre la alarmante situación de los defensores de derechos humanos en Honduras.

La profunda desconfianza en las autoridades para esclarecer la muerte 

A raiz de la actitud de las autoridades hondureñas, en mayo del 2016 el banco holandés FMO optó por suspender sus aportes en capital al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, así como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Nótese que una fuerte movilización y una petici´pon en línea precedieron la decisión del BCIE. En setiembre del 2016, se informó del robo del expediente sobre este asesinato .

Notemos que en una entrevista a las dos hijas de Berta Cáceres editada en junio del 2016 en Costa Rica, se puede leer que: «La presencia policial constante ha garantizado el desarrollo de estos proyectos, del Ejército de Honduras, de las fuerzas especializadas del Ejército de Honduras, creadas especialmente para las regiones en conflicto, que son las regiones donde quieren instalar proyectos hidroeléctricos, mineros y monocultivos«. Con relación a la actitud de las autoridades, se señala por parte de las hijas de Berta Cáceres que: «nosotros creemos que si no es por una comisión independiente, que sea imparcial, el caso va a quedar en la impunidad. El Presidente ha dicho expresiones como que tiene todo el compromiso de llegar a la Justicia, pero nosotras decimos que entonces por qué no acepta el ofrecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de dos meses para que crear un grupo independiente que acompañe el proceso y certifique que las cosas se están haciendo cómo se deben. Todo esto nos sigue generando la inquietud de qué es lo que temen, qué es lo que se esconde, por qué no hay una comisión independiente«.

El precedente sentado por el caso Kawas Fernández

La obligación de investigar debidamente y de sancionar a todos los responsables de este y muchos otros casos contra líderes indígenas, ecologistas y defensores de los derechos humanos hondureños deriva de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el año 1995, la muerte de la lider ecologista Blanca Jeannette Kawas Fernández dió lugar a una demanda contra Honduras ,que culminó en abril del 2009 con una histórica sentencia  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el párrafo 190 se lee que:

«190. El Tribunal reitera que el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situación concreta constituyen un medio de reparación. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer225. La obligación de garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos«.

En la parte resolutiva de la sentencia (p. 67), se puede leer que: «11. El Estado debe realizar, en un plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en los términos del párrafo 202 de la presente Sentencia. 12. El Estado debe levantar, en un plazo de dos años, un monumento en memoria de Blanca Jeannette Kawas Fernández así como realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre, en los términos del párrafo 206 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los señores Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández, si así lo solicitan, en los términos del párrafo 209 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe ejecutar, en un plazo de dos años, una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos, en los términos del párrafo 214 de la presente Sentencia.»

La implementación de esta histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha visto afectada por el repentino cambio de autoridades acaecido unos meses después de leída en San José, con ocasión del golpe de Estado que se dió en Honduras el 28 de junio del 2009; así como por el consiguiente aumento de la represión contra entidades hondureñas de la sociedad civil, en particular las abocadas a la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del ambiente. Como veremos a continuación, en otras partes del hemisferio, sectores optaron también por atentar contra la vida de líderes que defienden a sus comunidades en materia ambiental frente a los impactos de megaproyectos. Ello ocurre ante parcos aparatos estatales en los que la colusión de intereses político-empresariales podría explicar la ineficiencia de sus órganos de investigación para sancionar a los responsables de estos hechos. Esta misma colusión de intereses es la que inclina, en algunos casos, a los familiares de las víctimas a solicitar que sea un ente internacional, externo al Estado, el que investigue estos asesinatos.

En Costa Rica, esta extraña sensación de unísono empresa-Estado fue calificada de «compadrazgo» y «contubernio» «indignante y vergonzoso» por quiénes asistieron a una audiencia precedida de una memorable visita in situ realizada en el 2009 por el juez constitucional al proyecto minero Crucitas de la empresa canadiense Infinito Gold (véase nota del Semanario Universidad): en esta última, leemos que: «Cuando uno escucha al Ministro de Ambiente, parece un funcionario de la empresa, por la defensa a ultranza que hace del proyecto. Igual fue cuando se hizo la inspección en Crucitas, donde el ministro iba en el carro de la empresa”.

Un panorama sombrío para los activistas en materia ambiental

En un artículo publicado por el New York Times en setiembre del 2016, se lee que la eliminación física de defensores del ambiente en América Latina está llegando a límites insospechados: «Una cifra que la organización enmarca en otra cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015, según datos de la organización ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de líderes ambientales registrados a nivel global; 122 ocurrieron en América Latina«. El mapa editado por la ONG GlobalWitness arroja las siguientes cifras para el único período 2010-2015: Brasil con 207 muertes, Honduras con 109, seguido por Colombia con 105, Perú (50), México (33), Nicaragua (15), Paraguay (13) y Argentina con 6 activistas asesinados.

A modo de ejemplo de una actividad que genera una violencia en su entorno (incluyendo en muchos casos la muerte de quiénes se oponen a ella), se lee en este informe sobre las empresas mineras canadienses que operan en América Latina (informe que fue sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015) que: » Violent deaths and serious injuries to mineworkers and opponents of projects The report notes at least 23 violent deaths and 25 cases of serious injury at ten of the projects examined, although the total number of individuals murdered and injured may be much higher. Nearly all of the reported acts have gone unpunished, without any determination to date of the perpetrators’ motives. Nor have reparations been made to victims or their relatives. The ten cases pertain to mining projects in Mexico, Colombia, El Salvador, Honduras, and Guatemala.» (p. 16).

Otra marcada tendencia detectada en América Latina (y que ha llevado a muchos líderes sociales y ambientales ante los tribunales de justicia) es la de utilizar nuevas figuras penales con la finalidad de criminalizar la protesta social: remitimos al respecto a la obra compilada por el Profesor Eduardo Bertoni, titulada «¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina«. En Costa Rica, acciones penales por presunta difamación entabladas por una empresa minera canadiense contra los opositores a su proyecto ubicado en Las Crucitas dieron lugar a una técnica algo inédita por parte de los abogados de la empresa Infinito Gold: su reiterada ausencia en las audiencias convocadas por los jueces costarricenses. Ante problemas de salud tan recurrentes como constantes de estos abogados, una carta pública de tres de los demandados por Infinito Gold se tituló: «Audiencias con el Infinito: ausencias…» y fue publicada en La Nación en julio del 2012 .

En momentos en que tanto en Honduras como en el resto del continente americano, los líderes ecologistas son encontrados sin vida o sufren otro tipo de amenazas y acciones legales en su contra claramente intimidatorias, y en los que se asiste, como por ejemplo en Costa Rica, a una verdadera regresión por parte del mismo juez constitucional en materia de participación ciudadana en temas ambientales, la conmemoración de la muerte de Berta Cáceres ha adquirido dimensiones que interpelan al movimiento ecologista como tal.

El caso de Costa Rica

Cabe señalar que Costa Rica no es del todo inmune a esta peligrosa deriva. Al recordarse en el 2016 los tres años de la muerte de Jairo Mora Sandoval, un jóven biólogo apasionado por las tortugas marinas, cuyo cuerpo apareció sin vida en la playa de Moín, son varias las interrogantes que persisten en Costa Rica. Este caso se suma a varios más en Costa Rica.

El caso de los cuatro integrantes de AECO (Asociación Ecologista Costarricense), de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitación y uno fue hallado sin vida en julio de 1995 en un parque de la capital costarricense, constituye otro doloroso ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraña inoperancia de los órganos estatales.

Conclusión

En estos primeros días de mes de marzo del 2017, diversas ONG han convocado a marchas y protestas f, así como en Canadá y en varias capitales europeas: lo han hecho en señal de solidaridad con los familiares y con los compañeros de lucha de Berta Cáceres. Muchos asistirán también en señal de protesta y de profunda indignación ante la impunidad que prevalece cada vez que un lider comunitario o un ecologista es asesinado en América Latina.

  • Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)