Marcha evista en El Alto exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz
Una columna de marchistas vinculados al expresidente Evo Morales arribó la tarde-noche de este domingo a la ciudad de El Alto, donde al grito de “patria o muerte” instaló su cuartel de operaciones para asumir la posta de las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La denominada “marcha por la vida y para salvar la Patria”, que partió días atrás desde el altiplano, se suma así a los bloqueos y protestas que desde hace casi tres semanas mantienen en vilo al país.
El Gobierno de Paz enfrenta una oleada de descontento encabezada inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), aunque estas organizaciones no participaron del acto de recibimiento en El Alto, evidenciando divisiones internas en el bloque movilizado. Las demandas abarcan desde la anulación de leyes consideradas regresivas hasta el rechazo a las políticas económicas que incluyen eliminación de subvenciones, intentos de privatización de empresas estatales y ajustes impopulares en medio de una severa crisis de combustibles y alta inflación.
En ese contexto, los sectores evistas buscan capitalizar el desgaste del Gobierno y posicionarse como vanguardia de la protesta, apuntando directamente a la salida anticipada de Paz. Sus dirigentes acusan al mandatario de aplicar una agenda “neoliberal” alineada con Washington y de desconocer las conquistas alcanzadas durante los años de gobierno del Movimiento al Socialismo, lo que alimenta el discurso de defensa de la “Patria” frente a recetas impuestas desde el exterior.
Crece la tensión
Mientras los marchistas consolidan su presencia en El Alto y anuncian que continuarán su avance hacia La Paz, el Ejecutivo denuncia un intento desestabilizador destinado a recrear la crisis política que derivó en la salida de Evo Morales en 2019. Autoridades oficialistas advierten que la persistencia de bloqueos y marchas prolongadas golpea aún más a una economía ya debilitada y afecta el abastecimiento de alimentos y combustibles en las principales ciudades.
Con la movilización evista ahora instalada en el altiplano paceño y la protesta social extendida a diversos sectores, Bolivia entra en una fase crítica de su convulsión política, en la que la respuesta del Gobierno y la capacidad de articulación de los movimientos sociales serán determinantes para evitar una nueva ruptura institucional. En paralelo, se intensifican los llamados a un diálogo nacional que, hasta el momento, no ha logrado desactivar la consigna que se repite en calles y caminos: la exigencia de la renuncia de Rodrigo Paz.
Evo, en el Chapare
En los últimos días, Morales denunció públicamente la existencia de unplan para detenerlo o incluso matarlo, que atribuye a una coordinación entre el Gobierno boliviano y agencias estadounidenses. Según sus declaraciones, efectivos de Inteligencia del Ejército y agentes de la DEA, algunos de ellos llegados desde Paraguay, estarían preparando un operativo para capturarlo en el Chapare, lo que habría activado la alerta permanente en la región cocalera.
El Chapare, tradicional bastión del exmandatario, se mantiene en estado de vigilancia, con bloqueos intermitentes, puntos de control y movilizaciones que buscan impedir cualquier intento de incursión policial o militar para ejecutar la orden de aprehensión. Sus seguidores temen no solo la captura, sino también una posible extradición a Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico, escenario que ha sido alimentado por la narrativa de Morales sobre la supuesta injerencia de Washington en la política boliviana.