Argentina: es el saqueo (y no la libertad) lo que avanza

Aram Aharonian

En la coyuntura actual argentina se combinan una crisis política de final abierto con los escándalos de corrupción que comenzaron con la criptoestafa $Libra del propio presidente Javier Milei, pasando por las coimas recibidas por altos funcionarios -como la Secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario Karina  Milei-  hasta el que hoy involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.  Todo esto afecta al conjunto del gobierno, junto con problemas de fondo como la creciente baja en la popularidad y credibilidad social del oficialismo.

El estado cataléptico de la industria, la construcción y el comercio y la caída del poder adquisitivo de los salarios y la calidad del empleo reforzaron la atención colectiva hacia los hechos de corrupción y teñido de color muy oscuro la imagen presidencial, que avanza en su tercer año de mandato con la peor imagen desde que asumió. Sus insultos constantes contra periodistas y empresarios han acicateado la búsqueda de una salida.

“El poder no se conforma con una persona sensata, sino también con una política económica, no solo un plan de negocios”, señala Horacio Verbitski, director de El Cohete a la Luna.

Jaqueado por la evidente pérdida de popularidad y el malestar popular, en una entrevista política en el canal libertario Neura, Milei aseguró el jueves por la noche que su gobierno enfrentó un supuesto golpe de Estado (financiado por Venezuela, “un conjunto de hijos de puta” querían hacer un golpe de Estado, dijo)  y relató un presunto intento de coima de parte de un empresario. También se refirió a los supuestos aportes rusos en medios de comunicación del país.

Sus dichos motivaron una denuncia penal de la diputada Marcela Pagano, quien  lo acusó de presunto encubrimiento.  Señaló que el mandatario no podía hablar públicamente de hechos de semejante gravedad sin denunciarlos. En su presentación judicial sostiene que, si Milei tenía conocimiento de posibles delitos contra el orden constitucional y de un supuesto hecho de corrupción, estaba obligado a dar intervención a la Justicia.

En enero, el 43 por ciento consideraba que las medidas del Gobierno “son necesarias aunque duelan”. En mayo ese respaldo se diluyó al 32 por ciento y la aprobación de la gestión libertaria es la más baja desde el inicio del mandato.  En febrero de 2026 cerraron 257 empresas. Se acumulan 17 meses consecutivos de retracción en la cantidad de firmas y se relevaron más de 24 mil compañías que tuvieron que bajar sus persianas.  Los escándalos de corrupción en el más alto nivel no cesan y el gobierno vende los  bienes públicos que quedaron para pagar la deuda externa.

Ante cientos de dueños y dirigentes de grandes empresas, en un almuerzo del CICyP (Consejo Interamericano de Comercio y Producción)—, el canciller Pablo Quirno afirmó: “A medida que el RIGI sea exitoso, se genera una base de capital que está protegida contra el control de capitales. Entonces, cualquier delincuente  que, a futuro, trate de poner control de capitales en la Argentina, no va a poder porque va a tener un stock de capital que tendrá derecho a irse. Los futuros gobiernos van a estar, de alguna manera, encorsetados; las herramientas que utilizaron el pasado en contra de los argentinos no van a poder ser utilizadas”.

Quirno llama delincuentes a quienes quieran proteger el patrimonio nacional, o al menos establecer algún tipo de negociación con las grandes empresas para que la extracción de minerales, hidrocarburos y otros productos de la naturaleza no constituya un exclusivo beneficio para las corporaciones.  La decisión política del gobierno y de sus mandantes, es que las medidas antinacionales que se tomen ahora no puedan ser revertidas por gobiernos futuros, creando un entramado legal-jurídico que impida que algún gobierno democrático revierta la cesión de soberanía y el despojo que está haciendo la administración libertaria.

Obviamente, la “confianza” que pretenden lograr de los sectores dominantes  no tiene que ver con la solidez económica sino con intereses de negocios concretos, que jamás se opusieron al endeudamiento externo, a la evasión impositiva, a que al Estado lo roben  los contratistas del Estado, o que no se puedan controlar los recursos que entran y salen por las fronteras del país.

Se transita una crisis política de final abierto  junto con problemas de fondo como la creciente baja en la popularidad del oficialismo libertario al calor de los problemas políticos, sociales y de corrupción del gobierno, pero también de un cada vez más fuerte descontento social e impopularidad de la gestión de Javier Milei por el agravamiento de la situación económica y social en los últimos meses,  acicateada por los nuevos ajustes presupuestarios anunciados en el Boletín Oficial: un enorme recorte al gasto público que afecta áreas sensibles como educación, ciencia, técnica, salud, junto con anuncios de aumentos en el transporte.

El recorte a la educación fue una provocación contra la masiva Cuarta Marcha Federal Universitaria en todo el país, que ha actuado  como caja de resonancia de la gran oposición al gobierno y a sus políticas económicas de ajuste que se viene acrecentando en las últimas semanas.  La Corte Suprema de Justicia demora la ley universitaria y el gobierno gana tiempo para sostener el superávit pactado con el Fondo Monetario Internacional. Según la información que circula por los pasillos oficiales con contactos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el máximo tribunal judicial del país no definiría de manera urgente la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El último ajuste presupuestario dejó el área de Salud con 63.000 millones menos. El recorte impacta de lleno en la lucha contra el cáncer, la distribución de medicamentos de primera necesidad, desfinancia la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y deja sin tratamiento a miles de pacientes crónicos.

Según el viceministro de Economía, José Luis Daza, esperan embolsar 3.000 millones para fin de año por las privatizaciones de las empresas nacionales AYSA, Transener, Intercargo y Belgrano Cargas. Daza reconoció que le prometieron al Fondo Monetario Internacional que iban a “comprar  7.000 millones de dólares de reservas, más  3.000 millones de dólares de privatizaciones”. Si bien el Gobierno viene comprando reservas, aún se encuentran en un nivel crítico y lejos de la meta que exige el FMI. Por eso, el interés en avanzar con  privatizaciones.

El gobierno lanzó  la Licitación Pública Nacional e Internacional para avanzar con la venta y transferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que permanecen en manos del Estado, olvidando que el agua es un derecho, no una mercancía. Asimismo informó que Genneia y Edison Transmisión fueron los ganadores de la licitación para obtener la totalidad de la participación accionaria del Estado en Citelec, sociedad controlante de Transener. La operación se cerró por  356 millones de dólares.

Transener opera la red troncal de alta tensión que conecta a casi todo el país. El retiro del Estado significa el control total por parte de empresas privadas del transporte de la energía. En la agenda de privatización también están las centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín. No se trata de una empresa más:  opera la red troncal de alta tensión que conecta a casi todo el territorio argentino, pieza central de la infraestructura energética que hasta ahora contaba con la participación del Estado y el control operativo del Grupo Pampa Energía. Su privatización total representa la pérdida absoluta del control estratégico sobre cómo se transporta la energía en el país.

Detrás de Edison Energía operan los hermanos Juan y Patricio Neuss, que mantienen una relación personal con Santiago Caputo, el principal armador político de Javier Milei, y mantienen estrechos vínculos con la Fundación Faro,  caja de financiamiento de la maquinaria política libertaria. El holding ya venía acumulando adjudicaciones clave: las represas hidroeléctricas Alicurá (Río Negro y Neuquén) y Cerros Colorados (Neuquén), y la generadora Potrerillos en Mendoza. 

El viceministro de Economía, José Luis Daza reconoció que le prometieron al FMI que iban a “comprar 7.000 millones de dólares de reservas, más 3.000 millones de privatizaciones”. Si bien el Gobierno viene comprando reservas, aún se encuentran en un nivel crítico y lejos de la meta que exige el organismo multilateral. Por eso, el interés oficial en avanzar con las privatizaciones.

Este entramado de empresarios y funcionarios ya apunta a la logística y el nuevo foco de disputa es la Hidrovía del Río Paraná, la arteria principal por donde sale la enorme mayoría de las exportaciones argentinas y fuente de enormes recursos para las economías del interior del país. El Gobierno impulsa la privatización del dragado y balizamiento de esta vía navegable por un período de 25 años,  un negocio enorme que asegura ingresos de entre  200 y 300 millones de dólares anuales, totalizando cerca de 7.000 millones de dólares durante toda la concesión.

El modelo entreguista de los libertarios quedó completamente expuesto: mientras recorta derechos laborales y jubilaciones, da rienda suelta a un festival de privatizaciones a la medida de la verdadera élite empresarial y financiera, entregando los bienes comunes naturales y sectores estratégicos a empresarios afines -nacionales y extranjeros- en un saqueo exigido por el FMI para pagar las deudas de país con el organismo. Una pintada en el barrio porteño de Liniers es clara: ¿Habrá Argentina después de Milei?

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)