Onapre: política, renta y salario

En un país petrolero, cuyos ingresos en divisas dependen en más del 95% de las exportaciones de crudo, la prohibición por las sanciones de comercializar su principal producto se tradujo en un colapso del funcionamiento de la economía y una caída drástica de los ingresos. La nómina del Estado, de alrededor de cinco millones de empleados y obreros, y los pensionados y jubilados, por encima de tres millones, dependen directamente, en la práctica, de la renta petrolera.

Aun con las sanciones y con la situación heredada de un largo período de pésima gestión pública, en particular de Pdvsa, y de políticas macroeconómicas equivocadas, como la de un control de cambios cronificado, Venezuela ha podido aumentar en alguna medida la producción de petróleo y colocarla en los mercados de India y China.

 

Para tal fin, se tuvo que recurrir a tortuosos y costosos mecanismos y circuitos paralelos de transporte y a complicadas estructuras bancarias y así poder evadir obstáculos, despachar y cobrar. En estas condiciones, la venta a descuento, es decir, precios más bajos, y los elevados fletes merman considerablemente los ingresos.

A una recuperación modesta del ingreso petrolero por un cierto aumento de la producción y las exportaciones, se le sumó una política de flexibilización de la actividad económica adelantada con sentido pragmático. Se levantaron aranceles para facilitar importaciones, se aumentó el precio de la gasolina, se puso de lado el control estricto de precios, se permitió la circulación del dólar, se ha evitado la emisión monetaria, se transfirieron empresas en manos del Estado y se han tomado medidas para abrir el mercado de capitales.

 

Durante este período, el sector privado se ha financiado con fondos propios y dividendos depositados en bancas del exterior.

El aumento

Por otra parte, se ha diseñado una política económica de las que se denominan neokeynesianas, en la medida que se intenta un incremento de la producción nacional por medio de un aumento de la demanda, lo que se basa en salarios más altos.

 

Este era uno de los objetivos del decreto de aumentos salariales de la segunda quincena de marzo, que ponía a la disposición de la demanda en el mercado un incremento salarial de 1.705%. Una cifra elevada y de impacto en la economía, aunque por debajo de 1,90 dólares al día que fija el Banco Mundial para considerar una situación de pobreza por rango de ingresos.

Luego de este aumento, se esperaba otro para el primero de mayo, correspondiente al tradicional de la fecha. Pero al parecer, se hicieron mal los cálculos o no llegaron los recursos esperados. En esta materia, como en otras, reina la falta de información y explicación de los problemas que se presentan.

Es probable que, ante la escasez de recursos, los técnicos de la Onapre hayan estimado que el incremento del salario integral por medio de emisión monetaria podía generar un aumento de la inflación, de manera que elaboraron un decreto para recortar y evadir el compromiso.

Apegados al librito, no tuvieron en consideración la dimensión social y política de toda decisión salarial, aunque en este caso era un asunto de simple sentido común: “Al que da y quita, el diablo lo visita”.