Las operaciones estadounidenses para evitar el triunfo de Gustavo Petro en Colombia
Jorge Elbaum |
El próximo domingo 29 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, el país latinoamericano más identificado con las políticas de Washington durante las últimas décadas. En el caso en que ninguno de los candidatos supere el 50% de los sufragios, se realizará un balotaje el 19 de junio, con la participación de los dos aspirantes más votados. La totalidad de las encuestas conjeturan el triunfo del candidato del Pacto Histórico, el actual senador Gustavo Petro, superando al referente de la coalición de derecha, Equipo por Colombia, Federico Fico Gutiérrez.
Gustavo Petro integró, en su juventud, las filas del Movimiento 19 de Abril (M-19), organización político-militar que se disolvió en los años ‘80 para transformarse en un partido político. Entre 2012 y 2015 fue alcalde de Bogotá y se reveló como el máximo exponente de la oposición a Álvaro Uribe, el líder colombiano de la derecha, acusado en forma reiterada de estar asociado al narcotráfico. En las últimas elecciones presidenciales, en 2018, Petro llegó a disputar la segunda vuelta contra el actual Presidente, Iván Duque.
En esta contienda, el senador presenta como compañera de fórmula a la militante afro-colombiana Francia Márquez Mina, ligada a los movimientos feministas, al activismo ecológico-ambiental y a la lucha contra el racismo. En las primarias de marzo, el ex alcalde de Bogotá se alzó con el primer lugar entre las preferencias de los sectores progresistas, mientras que Francia Márquez –que sobrevivió a un atentado contra su vida en 2019–, se convirtió en la tercera candidata más votada. El Pacto Histórico logró porcentajes de votación más significativos en los departamentos donde el estallido social de 2020 y 2021 se hizo más evidente.
La posibilidad del primer triunfo de la izquierda –en el país de América Latina y el Caribe que más afinidad tiene con las políticas de Washington– ha motivado alertas múltiples de las agencias dedicadas al “hemisferio occidental”, etiqueta con la que el Departamento de Estado ubica al continente en el que se halla inserto. Luego de las elecciones primarias y parlamentarias del 13 de marzo, el Comando Sur –que coordina las actividades militares desde Guatemala hacia el sur– impulsó una reunión con el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Navarro.
En dicha tertulia se conjeturaron los escenarios de un potencial triunfo de Petro en las elecciones de mayo. Navarro fue recibido por la generala del Ejército Laura Richardson, quien le solicitó información sobre el posible desmantelamiento de las siete bases militares que Estados Unidos posee dentro del territorio colombiano, en el caso de que el candidato del Pacto Histórico obtuviese la Presidencia.
El testimonio provisto por Navarro el 28 de marzo a Richardson consigna que tanto la mayoría de los congresistas como las propias fuerzas militares se opondrían a dicha decisión. Al término del encuentro, el SOUTHCOM difundió una gacetilla de prensa en la que se cataloga a Colombia como “un socio de seguridad incondicional” de Washington. Pocas semanas después, coherentes con el testimonio de Navarro, el jefe del Ejército, Eduardo Zapateiro Altamiranda, salió al cruce de Gustavo Petro a través de Twitter, luego de que este último cuestionara el accionar represivo en la masacre de Putumayo, en la que fueron asesinadas 11 personas, incluido un niño de 11 años, Brayan Pama. Todos ellos fueron expuestos como miembros disidentes de las FARC, pero las investigaciones muestran que sus cuerpos fueron dispuestos para imposibilitar las investigaciones judiciales.
El senador Petro aludió –frente a ese crimen– a la continuidad de los denominados “falsos positivos”, el mecanismo utilizado por las fuerzas armadas y los paramilitares para exhibir éxitos ante la guerrilla y aterrorizar a los campesinos para forzarlos a abandonar las tierras ancestrales y permitir la expansión del extractivismo minero y agroindustrial.
Hasta el 24 de abril de 2022 –según el organismo de derechos humanos que se encarga de relevar los asesinatos por causas políticas y sociales– se produjeron 36 masacres, con un total de 133 víctimas. Las responsables de las ejecuciones, según investigaciones de diversos organismos internacionales, son las estructuras paramilitares que controlan la producción de cocaína, específicamente en los territorios que dejaron de controlar las guerrillas desmovilizadas luego de los acuerdos de paz de 2016.
Ahí vienen los rusos
Según fuentes diplomáticas asentadas en Bogotá, uno de los funcionarios más hiperactivos es el actual embajador de Washington en esa ciudad, Philip Goldberg, quien ostenta el antecedente de haber sido expulsado de Bolivia en septiembre de 2018 por promover iniciativas secesionistas de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca. Goldberg –trasladado a Bogotá el 19 de septiembre de 2019, dos meses antes del golpe a Evo Morales– advirtió escandalizado que existe la posibilidad de “interferencias de rusos, venezolanos o cubanos en los comicios”. Dichas declaraciones fueron interpretadas por gran parte de los analistas colombianos como el prólogo a una futura deslegitimación de la elección, en el caso de que Petro se alce con la presidencia: una forma de preparar el terreno, afín a la perpetrada en noviembre de 2019 en Bolivia.
El apoyo injerencista y desembozado de la Embajada de Estados Unidos a los candidatos de la derecha se hizo más explícito durante las deliberaciones de la Asamblea General de afiliados del Consejo de Empresas Americanas (CEA), que conmemoró los 60 años de la creación de esa institución y los 200 años de relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Goldberg señaló –junto a Iván Duque– que ambos gobiernos están trabajando en impedir cualquier injerencia extranjera.
El 22 de abril, el jefe del Ejército olvidó la neutralidad esperada para un militar en actividad y se sumó a la campaña contra el candidato del Pacto Histórico. Como respuesta, los parlamentarios ligados al candidato que ganó las primarias le recordaron al militar su responsabilidad por el medio centenar de manifestantes asesinados en ocasión de las movilizaciones efectuadas durante 2019 y 2020 en Cali, donde el Ejército tuvo la responsabilidad prioritaria de las operaciones represivas.
En forma paralela, el empresario uribista Fabio Andrade, radicado en La Florida, organizó una caravana en 
Miami el 15 de mayo, en la se pronunció contra un futuro fraude dado que “las instituciones están tomadas: todo el dinero del narcotráfico es contra el mantenimiento de la democracia en Colombia”. La movilización de una centena de personas recibió las salutaciones de la congresista María Elvira Salazar –integrante de la bancada republicana en la Cámara de Representantes–, quien consideró ante el subcomité de Relaciones Exteriores que “Gustavo Petro es un ladrón, es un socialista, es marxista, es terrorista y está encabezando la encuesta para Presidente de Colombia”.
Negocios, guaridas y política
Petro es el primer candidato de izquierda que llega a una segunda vuelta. Quienes intentaron llegar a esa instancia en el pasado fueron asesinados. Entre ellos Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos de la Unión Patriótica, el ex integrante del Movimiento 19 de Abril, Carlos Pizarro y el líder progresista liberal Luis Carlos Galán. El candidato del Pacto denunció hace dos semanas que existía un plan para asesinarlo en el marco de la gira prevista en la ciudad de Pereira, controlada por la organización paramilitar La Cordillera, asociada a los carteles del narcotráficos vinculados con las bandas mexicanas que introducen la cocaína y la heroína en Estados Unidos.
La economía de la droga supone, durante la última década, entre un 2 y un 3% del PBI colombiano. En términos de lo exportable, suma 5 puntos del total. El enorme capital que implican esas transacciones ilegales se vuelca a la concentración de la propiedad de la tierra y la financiación de campañas electorales. Genera, además, una sostenida informalidad laboral, la institucionalización del lavado de activos, el contrabando de armas, la privatización de la seguridad mediante la conformación de bandas paramilitares –que cuentan con regimientos de sicarios– en completa connivencia con las fuerzas armadas y de seguridad.
Días antes de las elecciones primarias, el 1º de marzo de 2021, el Departamento de Estado aumentó los subsidios para Bogotá orientados a hacer limitar el narcotráfico. La normativa aprobada deberá ser ejecutada por el International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE), derivada de la Iniciativa Andina Contra las Drogas, que se inicia a principios del siglo XXI. A principios de junio de 2021, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) publicó los resultados iniciales del monitoreo de cultivos en Colombia, realizado durante 2020 a través de relevamientos satelitales (que comprenden la extensión y densidad de cultivos) y observaciones de campo.
El resultado es por demás elocuente: las áreas ocupadas por plantaciones son más extensas que las existentes cuando se inició el Plan Colombia en 1999, y la productividad de esos sembradíos se duplicó durante las últimas dos décadas. Los programas impulsados conjuntamente por Washington y los gobiernos colombianos promovieron –bajo pretexto de limitar los cultivos de coca– las fumigaciones aéreas. Esos procedimientos motivaron, a su vez, el abandono de los campos comunitarios por parte de los campesinos afectados por los herbicidas. El resultado fue la concentración de las tierras –luego de la expulsión de sus ancestrales habitantes– y la reducción de la biodiversidad al expandir el monocultivo.
Mientas en Estados Unidos se utilizan políticas blandas dedicadas a enfrentar la demanda de estupefacientes (tratamientos de reducción de daño y formas de regulación de sustancias), en América Latina y el Caribe se exige la criminalización como núcleo central de la reducción de la oferta. La combinación de ambas medidas –la punitividad y el empoderamiento de los sectores cómplices del narcotráfico, asociados a los terratenientes– explican tanto el incremento del narcotráfico como la sociedad entre las fuerzas armadas, la embajada y los carteles.
Por su parte, una gran parte de los capitales procedentes de las drogas se acumula en las guaridas fiscales. Pero otra parte rodea de boato a los empresarios que pululan por las embajadas para sumarse al coro de 
quienes buscan evitar los triunfos de los sectores populares, de izquierda o progresistas. Esta es la causa por la que en Colombia hay cada vez más plantaciones, más producción de cocaína y más flujos de divisas utilizables para impedir la democratización y la regulación pública de la tierra al servicio de los intereses sociales.
El escritor Rafael Moreno-Durán comentó en una entrevista que, en Colombia, “la política es tan corrupta que corrompió hasta el narcotráfico”. Es entendible que en Washington estén aterrados con el triunfo de Petro.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)