Colombia, narcotráfico, secuestros, acuerdos de paz y delitos económicos

Camilo Rengifo Marín

El presidente colombiano Iván Duque acaba de firmar el proyecto con el que buscaba eliminar la conexidad entre los delitos del secuestro y el narcotráfico con los delitos políticos. Esa fue una de las banderas más agitadas por los promotores del No en el plebiscito, quienes argumentaban que esa conexidad hacía parte de los acuerdos de paz con las Farc, y fue posteriormente incorporada en la campaña de Iván Duque.

Paralelamente, en su objetivo de consolidar los intereses y la estrategia de la política estadounidense en la región, el secretario de Estado Mike Pompeo, recorrió varios países de la región (Argentina, Ecuador, México y El Salvador), donde el tema del narcotráfico-y sus inmensas ganancias- y el intento de vincularlo con el del terrorismo, fueron dos de los objetivos de la gira.

A pesar de referirse a un tema tan complejo, la ley de Duque tiene pocos artículos. El primero se refiere a que “en ningún caso”, los delitos de secuestro y los asociados con el narcotráfico, serán conexos a los políticos, ni amnistiables, ni indultables.  El segundo propone que, también en ningún caso, esos delitos serán considerados como conductas dirigidas a facilitar, apoyar o promover la rebelión. Y el tercero, ordena que esas normas se cumplan después de su promulgación.

En campaña, cuando Duque era candidato, insistió en que los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que hubieran participado de narcotráfico o secuestro, independientemente de si lo hacían o no al servicio de la guerrilla, deberían perder incluso sus derechos políticos.

Una vez se posesionó, señaló que el proyecto para prohibir cualquier tipo de conexidad no afectaría a la Farc, que por haber firmado un acuerdo de paz gozan de un principio de favorabilidad.

Los analistas opinan que es imposible que, con esta ley, pueda satisfacer electoralmente a quienes votaron por él para que algunos de los congresistas elegidos por la exguerrilla pasen de sus curules a la cárcel, señala la revista Semana.

Pero más allá de que la de conexidad entre narcotráfico y delito político sea difícil de definir, en el caso de los acuerdos de paz, sus protagonistas insisten en que la amnistía a esos delitos nunca se contempló en La Habana. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que  “En La Habana dijimos que las conductas asociadas con el narcotráfico que no tenían como fin la sustanciación de la rebelión, eran delitos comunes. Ni siquiera entran a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Frente al artículo que establece que en ningún caso los delitos asociados con el narcotráfico serán considerados conexos a los delitos políticos, ni serán amnistiables ni indultables, exministros, exnegociadores de paz y académicos aseguran que no es necesario negar la conexidad, pues esa conexidad nunca ha existido como tal.

En otras palabras, que en ninguna norma anterior se considera que el narcotráfico o el secuestro son amnistiables por sí mismos, y que lo que se ha amnistiado es la rebelión. Así quedó claro en la Ley de Amnistía aprobada el año pasado y en la que esos dos delitos no se contemplan.

En el terreno del discurso político, la Ley es aceptada por muchos ciudadanos, y aunque con su gran capacidad de negación los colombianos no ubican el narcotráfico entre los principales problemas que los aquejan, ha ido en aumento la percepción de gravedad del tema. Pero entre juristas y expertos en el conflicto armado, no es claro que la iniciativa sea necesaria, por un lado, y aplicable, por el otro.

Desde la campaña electoral el uribismo ha insistido en que se deben hacer ajustes a esos acuerdos y recientemente, el canciller Carlos Holmes afirmó ante la ONU que uno de esos ajustes sería modificarlos para que el narcotráfico y el secuestro no fueran amnistiables.

Según ese enfoque, el delito político habría alimentado al  narcotráfico y no al revés.  Ese es un planteamiento ideológico, que pasa por la idea de algunos sectores de derecha de desconocer el conflicto armado, como lo han hecho durante 60 años durante los cuales amasaron enormes fortunas.

A  esta controversia se suma la posibilidad de negar la conexidad entre secuestro, narcotráfico y conflicto armado, así esos delitos se hayan usado para financiar la rebelión. Eso es lo que propone el segundo artículo del proyecto del gobierno al decir que en ningún caso esos delitos serán considerados como conductas dirigidas a facilitar la rebelión.

Eso implicaría cerrarle las puertas a cualquier negociación con el ELN, la única guerrilla que por ahora queda viva y en 30 años de existencia ha insistido que ha tenido un deslinde con el tráfico de drogas.

Pompeo y el terrorismo

El documento final de la reunión “antiterrorista” que Pompeo protagonizó en Buenos Aires contiene “sugerencias concretas” de Estados Unidos  (fue firmado por cancilleres y ministros de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Honduras, Paraguay y Perú), no así los de México y Uruguay.

La meta de EEUU era lograr la cooperación en el intercambio de información operativa “con fines de inteligencia” sobre terrorismo y financiamientos del mismo, y sobre la posibilidad de que “los terroristas” se beneficien de la delincuencia organizada nacional y trasnacional, lo cual calza perfecto en los casos de la Triple Frontera (Argentina, Paraguay, Brasil) y los planes de Duque en, Colombia.

En el cónclave, a pedido de EEUU, se acusó a Irán de ser un “promotor del terrorismo”, por lo que se llamó a los países de América Latina a emular a Argentina en perseguir a grupos como el proiraní Hezbolá. Argentina creó un registro de personas y organizaciones “sospechosas de terrorismo”, pese que entre 1976 y 1983, durante dictadura militar, 30 mil personas fueron desaparecidas, asesinadas y acusadas de “terrorismo”.

El documento demanda la cooperación regional “contra el extremismo violento y la radicalización de la violencia” alentando a las unidades de inteligencia financiera y otros servicios de inteligencia a fortalecer las alianzas entre sí y con el sector privado para evaluar “patrones y tendencias de terrorismo y su financiación. EEUU no está tras el terrorismo sino sobre sus finanzas, como no lo está contra la droga sino sobre sus ganancias.

En el documento se llama a prevenir ataques “utilizando las nuevas tecnologías y con herramientas para “la propagación de su ideología”. Esas tecnologías proceden de los países más poderosos –en especial EEUU e Israel- lo que viene con los “asesores” naturales” y la venta de estos nuevos equipos tecnológicos y de ciberguerras.

Hubo otros “aportes” como negar amparo o “estatus de refugiado o asilo, de conformidad con sus legislaciones nacionales, a los “terroristas y financistas del terrorismo”, entre otros.

* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)