A diez años de su fundación, la Unasur enfrenta la amenaza de una severa regresión
Javier Tolcachier|
El marco elegido no fue fortuito. En ocasión del reciente evento del Foro Económico Mundial en Buenos Aires – una suerte de extensión tentacular de la parapolítica corporativa mundial que se reúne anualmente en Davos – y acompañada de su directora general para América Latina Marisol Argueta de Barillas – otrora ministra de relaciones exteriores del ex presidente salvadoreño Antonio Saca, actualmente preso por desfalco del erario público – la canciller argentina Susana Malcorra anunció que, al asumir la presidencia pro témpore de la UNASUR, “una de las cosas que queremos hacer es volver a las bases de la idea original de la Unasur”. El contenido de la declaración deja pocas dudas sobre el “nuevo” (¿?) rumbo que pretende imprimirle la conducción argentina al organismo.
La verdad histórica suele ser un aspecto de poca valoración para gobiernos asentados en discursos de posverdad, elegidos en base a elaborados cálculos de mercadotecnia y sostenidos desde blindajes mediáticos orwellianos, por lo que amerita remitirse brevemente a los antecedentes.
La mención acerca de las supuestas “bases” de la UNASUR es inexacta. Hace sin duda referencia a las primeras dos Cumbres Sudamericanas en las que en el año 2000 en la ciudad de Brasilia se creó la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (más conocida como IIRSA) y luego en el 2002, mediante la firma del Consenso de Guayaquil, los entonces presidentes reafirmaron los planes de acción para su implementación.
Sin embargo, todo aquello distaba por completo de proponer la imagen de una unión creciente de estados en un espíritu de soberanía política y solidaridad mutua. Mucho menos de superar en proceso las barreras de la competencia o el conflicto e ir creando una institucionalidad conjunta, tendiente a disolver ficticias fronteras derivadas de la instalación señorial y burguesa poscolonial en desmedro de la efectiva autonomía y libertad de los pueblos.
Como antecedente más reciente, producto no del proceso mencionado sino de una renovada intencionalidad política, debe considerarse que recién en la III Cumbre Sudamericana en Diciembre de 2004 nace la Comunidad Sudamericana de Naciones, que, en uno de los párrafos de la Declaración de Cusco señala “La convicción de que el acceso a mejores niveles de vid
a de sus pueblos y la promoción del desarrollo económico, no puede reducirse sólo a políticas de crecimiento sostenido de la economía, sino comprender también estrategias que, junto con una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”. Ese texto fundacional muestra así una vocación diferenciada de los parámetros neoliberales clásicos.
Otro párrafo de la misma declaración señala ya objetivos integradores de mayor calado, aunque recogiendo todavía aires librecomercistas a través de “la profundización de la convergencia entre MERCOSUR, la Comunidad Andina y Chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio, apoyándose en lo pertinente en la Resolución 59 del XIII Consejo de Ministros de la ALADI del 18 de octubre de 2004, y su evolución a fases superiores de la integración económica, social e institucional.”
Aquella declaración recogía también la necesidad regional de una mayor integración física, energética y de comunicaciones, de intercambio tecnológico-científico, poniendo como primaria la consecución de un espacio de concertación política y acción diplomática internacional con identidad propia. Seguramente que cierto dejo de ambigüedad conceptual guardaba entonces relación con el difícil equilibrio y balance de los signos políticos gobernantes por entonces: Siete de los doce países estaban todavía alineados con el neoliberalismo del “consenso de Washington”.
Sin embargo, desde entonces, mucha agua corrió bajo el puente. La UNASUR adoptó su denominación actual
en ocasión de la VI Cumbre en 2007 en la isla de Margarita. Y no fue sólo un cambio de nombre sino un salto cualitativo respecto al anterior proyecto interestatal de cooperación. Al calor del empuje que le dio la estrategia emancipadora de Hugo Chávez ya acompañado por presidentes como Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y otros, la UNASUR representó una decidida respuesta al postrer intento neoliberal de forzar un área de libre comercio (ALCA) en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005.
La posterior formalización a través del Tratado Constitutivo firmado en 2008 en Brasilia, destaca claramente la vocación de articulación política regional. Incluso el texto del preámbulo del Tratado refiere la inspiración del mismo a las reuniones de Cusco – y posteriores en Brasilia (2005) y Cochabamba (2006) – y no a cónclaves anteriores con propósitos distintos.
Ya en dinámica, los doce consejos sectoriales en coordinación a nivel ministerial, la actuación permanente de una Secretaría General con sede en la Mitad del Mundo, Ecuador y la proyectada y casi culminada obra de instalación del parlamento de UNASUR en Cochabamba, Bolivia, dan cuenta del progreso de la intencionalidad de unión formal. Mucho más allá, las acciones mancomunadas en las distintas esferas han construido importantes precedentes de integración, profundizando el sentido de soberanía e inclusión de la participación popular. En este sentido son destacables – más allá de sus demoras, inconvenientes e insuficiencias – la puesta en marcha del Banco del Sur – un proyecto incluido en una nueva concepción de arquitectura financiera regional – y los dos Foros de Participación Ciudadana realizados en Cochabamba y Quito – en respuesta al clamor por una renovación de las prácticas democráticas con mayor incidencia popular en los procesos integradores.
A partir de estas pocas precisiones el “volver a las bases” del discurso malcorrista muestra sin ambages – incluso semánticamente – la dirección restauradora que pretende imprimirle el gobierno de Macri a su presidencia pro témpore en la UNASUR. Regresión que se apoya en el giro conservador – o de complicidad complaciente en algún caso – de los actuales gobiernos de siete países de la unión: Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, el ilegítimo interinato de Temer en Brasil y el virreinato macrista argentino. Dicha composición, augura severas amenazas en el corto plazo.
Un nuevo frente en la guerra imperial contra Venezuela
El 17 de Abril se cumplieron diez años de aquella Cumbre en Margarita donde comenzó UNASUR. Tan sólo los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela y el recientemente electo secretario general del ALBA, David Choquehuanca, celebraron con sendos mensajes el importante aniversario. Por el contrario, los demás gobiernos, lejos de saludar el acontecimiento, abandonaron toda decencia diplomática y evidenciaron su intencionalidad política colocando en los portales de sus respectivas cancillerías un documento ofensivo firmado por once países de la región, que insta a Venezuela “a fijar fechas electorales y retomar la senda democrática”.
Una puesta en escena coincidente con esta actitud de bloqueo político, protagonizó Susana Malcorra el 20 de Abril al asumir en representación argentina la presidencia del bloque de manera unilateral, replicando acaso la maniobra que, con la connivencia de Paraguay, Brasil y Uruguay, suspendió provisionalmente a Venezuela del Mercosur.
En este caso, el traspaso legítimo de la PPT debía ser lógicamente realizado por el gobierno de Venezuela en acto protocolar, que finalmente se cumplió al día siguiente en Caracas, pero sin la presencia argentina. Como para completar la operación mediática, el portal de noticias TN del grupo Clarín subtitula su nota alusiva: “Se trata de una medida “pro témpore” hasta abril del año que viene. Macri, había pedido elecciones en el país caribeño, que tenía el mandato en el organismo internacional.”
La malla desinformativa y la manipulación correspondiente queda expuesta aclarando que no se trata de una “medida” y mucho menos provisoria – como parece señalar la semiótica utilizada – sino el proceso institucional habitual de ejercicio anual de la PPT en orden alfabético previsto en los estatutos de UNASUR.
Pero lo importante es comprender que Argentina, en la continuidad de su papel de lacayo del mandato neocolonial, intentará extirpar la esencia emancipadora del organismo. Para ello, se propone generar – en sintonía con las maniobras de la Organización de Estados Americanos (OEA) – un cerco diplomático y político contra Venezuela, para luego ocuparse de borrar toda traza de humanismo en el continente acosando a Bolivia y a la Revolución Ciudadana en Ecuador.
Dos son los elementos en que dicha arremetida piensa apoyarse: El primero, la elección de un nuevo secretario general cuyo perfil coincida con el cometido desintegrador. La propuesta argentina se centra en José Octavio Bordón, actual embajador en Chile, quien cuenta con el beneplácito de varios de los países miembros. Bordón ha sido gobernador de la provincia de Mendoza, candidato presidencial en 1995 y fue embajador del gobierno de Néstor Kirchner en Washington entre 2003 y 2007. Sin embargo, la aparente conexión con el progresismo se desdibuja al comprobar que luego de aquella legación, sirvió en la OEA, sobre todo en misiones de observación electoral en República Dominicana, Guatemala y Panamá bajo la Secretaría General del chileno José Insulza.
También le cupo el papel de enviado de la OEA en ocasión del golpe de Estado en Honduras, en apoyo a la teoría del “gobierno de unidad”, según el cable fechado el 21 de Noviembre de 2009 dado a conocer por Wikileaks. La impresión de estar ante un otrora militante peronista devenido ahora en representante diplomático corporativo se refuerza atendiendo a su participación en foros y consejos como el InterAmerican Dialogue – un think tank norteamericano sostenido por un selecto grupo de multinacionales – o el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), organización fundada en 1978, apoyada también por las empresas más insignes de la oligarquía argentina y en cuya nómina fundacional figuran nombres como el de Fernando De La Rúa, Carlos María Blaquier, Roberto Aleman, Mariano Grondona, Nicanor Costa Méndez y su presidente Carlos Manuel Muñiz.
Venezuela ya ha anticipado su oposición al nombramiento de Bordón, quien ejercitado en las prácticas y acciones de la OEA, podría convertirse en actor similar a su secretario Luis Almagro. Bolivia, Surinam y Ecuador – éste último con formas más conciliadoras – tampoco apoyarían el nombramiento de Bordón. La posición de Guyana podría verse negativamente influida en contra de Venezuela por el diferendo territorial que sostienen en torno al Esequibo.
Si tal nombramiento prosperase, lo que como dijimos es dudoso, Argentina promovería probablemente la amenaza de suspensión de Venezuela del organismo, en una actitud paralela a los hasta ahora derrotados intentos de “aplicación de la Carta Democrática Interamericana” en la OEA. Para ello se apoyaría, en retorcida interpretación, en el antecedente de la suspensión de Paraguay en ocasión del golpe parlamentario contra Fernando Lugo en 2012.
Si la candidatura de Bordón no resultara, no será sencillo encontrar algún candidato que cuente con la unanimidad o consenso necesario, aunque siempre puede haber alguna sorpresa de último momento. En el caso de que continúe vacante la Secretaría General, la UNASUR continuará con los planes de sus respectivos consejos, pero quedará políticamente inerte para profundizar su integración soberana en defensa de los intereses genuinamente populares como la ampliación de la lucha contra la pobreza, la cobertura de las necesidades de educación, salud y vivienda. Del mismo modo, esa parálisis relativa inhibiría a la UNASUR de actuar en la arena internacional como aliado incondicional del multilateralismo emergente, lo cual por supuesto, será funcional a los intereses de los países centrales, sobre todo, de los EEUU.
Así las cosas, tanto por la vía de la aprobación del candidato como por la de su rechazo, las trincheras están trazadas y la genuina integración quedará congelada y en regresión hasta tanto mejoren los signos políticos gobernantes en cada país, retornando a la senda de la inclusión y el progreso para todos. En esto, los movimientos populares y organizaciones sociales tendrán la última palabra.