Una devaluación para aumentar la rentabilidad
Julio C. Gambina
Toda devaluación favorece a los grandes productores y exportadores, al mismo tiempo que afecta a los perceptores de ingresos fijos.
Desde esa lógica se alude a las devaluaciones como favorables para la competitividad de la producción local, ya que mejora de los precios de los bienes y servicios exportables, ganando así en competitividad.
Eso ocurriría si existiera una producción diversificada y en competencia con producciones de otros países. Como eso no ocurre para los principales productos de exportación de la Argentina, la realidad es que la devaluación se manifiesta como un mecanismo de capturar ganancias del complejo exportador, principalmente del agro-negocio.
Las exportaciones agropecuarias de la Argentina no se manejan competitivamente con las de otros países, sean por la abundante demanda externa, como por las condiciones internas de producción. El precio internacional no se define en el país, sino que resulta de las imposiciones del mercado mundial. Por eso es que se habla de commodities (maíz, trigo o soja).
Queremos enfatizar que la devaluación no se produjo para generar competitividad productiva, reactivar la producción y mejorar las condiciones macroeconómicas del país. La devaluación se materializó para incrementar la facturación del sector hegemónico del agro-negocio, o sea, las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, los principales beneficiados por la política económica del gobierno Macri. Así, estos sectores, lograron una inmediata recomposición de la tasa de ganancia.
Por eso, la respuesta inmediata del sector agroexportador, principalmente sojero, fue la aceleración de la liquidación de cosechas almacenadas en silo-bolsas (el compromiso con el gobierno es por 400 millones de dólares diarios).
La facturación empresaria creció por la devaluación y la baja de las retenciones.
El impacto se expresa en una recomposición de reservas internacionales, que habían llegado a un piso de poco más de 24.000 millones de dólares y ahora empiezan a recuperarse.
La intencionalidad del gobierno Macri es recomponer reservas monetarias internacionales y para eso necesita que se continúe con la liquidación de los exportadores e ingresen nuevas y más divisas por préstamos externos e inversiones extranjeras.
Claro que los préstamos llegaran si se supera la traba de la demanda de pago por la sentencia judicial en EEUU sostenida desde los hold-outs o fondos buitres; lo que supone un mayor endeudamiento externo y suba de los compromisos futuros de pago, por lo menos, de intereses.
Palos y zanahorias
Y las inversiones se concretarán si se logra frenar las expectativas de actualizaciones salariales en paritarias. Un objetivo central del gobierno Macri es frenar o controlar el conflicto laboral y social.
Esta es la razón de la acción represiva ejercida en víspera navideña contra los trabajadores de Cresta Roja y la voluntad de instalar un protocolo de acción contra el conflicto social.
Con el caso Cresta Roja se marca el camino de la represión y el diálogo, de la coerción y búsqueda de consenso, con balas de goma y camiones hidrantes para desalojar la ruta y luego bolsones de mercadería y colaboración en dinero, incluso incrementando esos aportes monetarios para descomprimir la demanda de los trabajadores en lucha. Sobre la cuestión de fondo, esperan que se resuelva entre privados, que en la lógica oficial es dejar que el mercado decida y el Estado solo ser facilitador de negociaciones entre empresarios, los que buscan, principalmente, obtener ganancias.
La devaluación es el primer acto en la recomposición de la ganancia empresaria. El segundo acto es la lucha por ingresos populares compensatorios, y por eso las movilizaciones por bonos resarcitorios de fin de año.
Son bonos ya logrados en ciertos ámbitos del sector estatal y privado, con una diversidad de montos que fomenta una mayor dispersión de ingresos y dificulta acciones coordinadas para el logro exitoso de la demanda.
Valga como ejemplo el anuncio de una compensación mínima de 400 pesos para beneficiarios de planes sociales y jubilaciones mínimas, orientados a más de 7 millones de perceptores, para desarticular la que parecía una gran movilización en demanda del bono compensatorio. El arco social y político de la convocatoria del 22/12 pasado expresa una diversidad con potencialidad para constituir un arco de acción política para la etapa iniciada el 10/12 con nueva gestión de gobierno nacional.
El costo fiscal del bono es mínimo con relación al producido por la eliminación y reducción de las retenciones al agro y a la industria, evidenciando beneficiados y perjudicados de la política económica del gobierno Macri.
Por eso no debe sorprender que la política oficial se sustente con palos y zanahorias. Son mensajes para disciplinar el conflicto social y generar consenso político más allá del transitorio consenso electoral logrado para ser gobierno.
La combinación de represión y acción política compensatoria son mecanismos de manufacturación de consensos en un marco de ajuste que afecta a la mayoría de la población.
Esa construcción de consenso asocia una brutal transferencia de ingresos hacia el sector más concentrado de la economía y presencia oficial ante dramas sociales, caso de las inundaciones en el litoral por desborde del Río Uruguay, especialmente en Concordia.
Desafíos para la iniciativa popular
Más allá del accionar deliberado por convertir consenso electoral en político, el ajuste de precios y la inflación, aunque ahora el INDEC no mide, impacta sobre la mayoría de la sociedad empobrecida, base de conflictos sociales y laborales.
Los estatales convocan a paro nacional para el 29/12 y luchan por efectivizar un voluminoso empleo informal del Estado y contrarrestar iniciativas en curso para disminuir la planta de trabajadores. El gobierno anuncia la revisión de miles de contratos de los últimos tres años, y con el argumento de eliminar “ñoquis” o contratos de la política, se busca achicar el empleo público para reducir gasto y equilibrar las cuentas fiscales.
Por su parte, los privados denuncian acciones de las patronales, caso de la GM (planta cercana a Rosario) que extiende su parada técnica por tres semanas aduciendo dificultades de provisión de insumos desde Brasil; todo en espera de aumentos de precios de venta de los automotores al comienzo del 2016 y que abulte su cuenta de ganancias.
Los primeros días del gobierno Macri ponen de manifiesto el pragmatismo oficialista con medidas para recomponer rentabilidad de las grandes empresas (retenciones y devaluación), con fuerte impacto inflacionario que se difumina regresivamente entre la mayoría empobrecida de la población.
Desde el gobierno se especula con el tiempo de gracia que supone ser una gestión recién llegada y la incógnita persiste en la capacidad de aguante de los perjudicados de la iniciativa oficialista. La novedad política debe esperarse desde la iniciativa popular para frenar la ofensiva por el ajuste y restaurar condiciones de posibilidad para construir alternativa política.
– Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP