¿Existen las empresas de maletín de CADIVI?
Luis Salas Rodríguez
Para evitar mal entendidos de entrada: sí existen. De hecho, hasta donde tengo entendido, tanto funcionario de CADIVI como particulares han sido privados de libertad por ese tema. Sin embargo, me permito hacer la pregunta en razón de lo siguiente.
El día de ayer en el conversatorio La Década Ganada salió a relucir de nuevo el asunto. Y salió a relucir del modo cómo sea posicionado ese tema en los medios desde que propios funcionarios del gobierno así lo denunciaron: que a través de empresas de maletín fue estafada la República en varios miles de millones de dólares.
Desde entonces se han sabido algunas cosas al respecto. Pero ciertamente sigue siendo una deuda por aclarar. Ahora, en lo que a mí concierne, soy de la opinión de que si bien debe aclararse cuáles son esas empresas y tomar acciones al respecto, no puede desviar ese asunto la atención donde siempre he considerado está el lomito del robo y fuga de divisas: no en las empresas de maletín, sino en las de verdad verdad, transnacionales y no, a través del mecanismo de los precios de transferencia y la sobrefacturación.
En efecto, mi punto es que los dólares fugados se están buscando donde no es, por más que sin duda existan las empresas de maletín. Y este es un tema sobre el cual vengo insistiendo al menos desde 2013.
Las razones que me permitan dudar de la hipótesis de las empresas de maletín son fundamentalmente dos, una de orden técnico y otra de orden político. En cuanto a la última, siempre me pareció demasiada sospechosa la manera como la oposición, sus medios y “expertos” compraron y la divulgaron inmediatamente. Todo sabemos lo imposible que resulta que posicionen algo que no les conviene. Así las cosas, ¿por qué posicionaron tan inmediatamente la hipótesis de las empresas de maletín?
A mi modo de ver lo hicieron porque inmediatamente servía para responsabilizar al gobierno de lo ocurrido, especialmente cuando se complementa con la especie según la cual tales empresas pertenecen a funcionarios públicos. Pero además de ello, sobre todo, porque oscurece y desvía la atención sobre toda la ingeniería financiera, sobre toda una institucionalidad de consultoras, asesores contables, bufetes, operadores bancarios e integraciones comerciales que, desde el sector privado, se ha montado desde hace décadas para operar centrífugas de captación de recursos públicos y desviarlos al exterior y evadir impuestos, cosa que, como decía, hacen las transnacionales pero también las empresas “nacionales” –como la Polar o Herrera, la que pertenece a una dirigente de Voluntad Popular, que registran firmas en el extranjero a la cual deben luego reportarles dividendos.
El mecanismo clásico inventado para esto es el de los precios de transferencia. Dicho rápido, los precios de transferencia son aquellos utilizados en la venta de productos o servicios entre empresas vinculadas económicamente y situadas en países con diferentes legislaciones en materia de impuestos. Es decir, son precios utilizados en la compra y venta de productor o insumos a lo interno de un mismo grupo comercial, lo cual significa que son precios donde vendedor y comprador son lo mismo, por más que se encuentren en países distintos, motivo por el cual quien compra y quien vende fija los precios de la transacción.
Piénsese en el caso de una transnacional cualquiera: P&G. P&G vende una serie de productos en Venezuela, algunos de los cuales fabrica acá y otros importa, siendo que para el primer caso importa buena parte de los insumos que necesita para producir el producto final. Así las cosas, ¿a quién le compra P&G Venezuela los productos P&G que importa o los insumos? Pues a P&G Brasil, P&G Colombia, P&G Panamá o P&G Cincinnati o alguna otra empresa no necesariamente llamada P&G pero que está vinculada a ella (muy probablemente le opera con exclusividad). Adicionalmente, P&G desarrolla sus propios mecanismos de distribución y almacenamiento, de manera tal que quién traslada la mercancía, quien la almacena y hasta la seguradora que la cubre de alguna manera u otra se relaciona con P&G. Ahora bien, estamos claros que no por estar relacionada no quiere decir que todas esas cosas se las haga a sí misma de gratis, y es allí donde está el detalle: pues al cobrarse, todos los precios que paga P&G se los está pagando y cobrando a sí misma.
En razón de esto, si P&G por meras razones económicas –sin entrar en el componente conspirativo político- está interesada en sacar más ganancias de un país, lo que tiene que hacer es subirse el precio de las mercancías que importa, lo cual terminará redundando en un aumento del precio de los productos que consumen los pobladores del país en cuestión. En el caso nuestro, P&G argumenta ante las autoridades que dado el aumento de los costos requiere más divisas: pero estamos hablando de costos que ella se sube a sí misma. Luego, el Estado le da más divisas, y P&G saca más divisas por concepto de importación. Pero después vuelve a sacar por concepto de repatriación, pues las ganancias extraordinarias obtenidas en razón de los precios más altos de los productos las trasladan a su casa matriz por concepto de repatriación de capitales.
No faltará quien diga que esto es paranoia o un ataque injustificado a la noble iniciativa privada. Pero de hecho, este ejemplo hipotético lo sacamos del muy real caso de la causa que el Estado argentino abrió contra P&G por fuga de capitales y evasión fiscal por concepto de precios de transferencia, la cual reseñamos en este mismo espacio en noviembre pasado.
Pero en días pasado el periodista Víctor Hugo Majano reseñó en su blog La tabla el caso de P&G Venezuela.
Majano llama la atención sobre el siguiente hecho: en 2014, CENCOEX le otorgó a P&G casi 407 millones de dólares, el triple con respecto al promedio anual adjudicado entre 2004 y 2012. Este monto, es equivalente a 306 millones de dólares más (o 188 por ciento) con respecto a la cifra promedio anual entre los años 2004 y 2012. En este período el monto total autorizado fue de poco más de 1 mil 465 millones de dólares, es decir un promedio de casi 163 millones de dólares por año. Contradictoriamente, durante el año 2014 se agudizó la escasez de los productos y marcas fabricados y/o comercializados por P&G, como pañales Pampers, toallas sanitarias, maquinas rasuradoras Gillette y detergentes en polvo como ACE y Ariel, entre otros.
En el blog de Majano se pueden ver los detalles del caso y las sorprendentes similitudes con el procedimiento detectado y sancionado en Argentina.
Ahora bien, más allá de posible comisión de delito por parte de P&G, lo cierto y más importante es que de ser este un caso generalizado o extensible a otras empresas, estamos hablando entonces que la demanda de divisas al Estado por concepto de importaciones en realidad es mucho menos a la que se estima, todo lo cual tiene por su puesto incidencia en la disponibilidad de divisas con que debe contar el Estado, y por tanto, sobre el tipo de cambio, pues se pueden optimizar mejor con las que se cuenta y las que siguen entrando todos los días por concepto de factura petrolera por más baja que este sea actualmente.
Para terminar, debemos estar claro que no se puede alegar por parte de las transnacionales para el aumento de la solicitud de divisas ni un aumento de la población (cuyo crecimiento no sería representativo) y tampoco exactamente el aumento de la capacidad adquisitiva de la población. Pues si bien este último sí es el caso, debemos recordar que luego de 2008 los precios de las mercancías (excepto algunos alimentos, como por ejemplo el trigo) han venido disminuyendo drásticamente a nivel mundial en razón de la crisis global y el sub-consumo que genera, por lo que en términos reales una cosa compensa la otra: el aumento la demanda interna de bienes no necesariamente implica una mayor erogación de divisas pues los productos en los mercados internacionales están costando menos que antes, cosa que cualquier persona que compran directamente por internet comprueba todos los días.
Pero precisamente lo que puede estar ocurriendo como ya hemos dicho numerosas veces, es que las transnacionales están aprovechando para compensar en el mercado venezolano las pérdidas o reducciones de márgenes de ganancia que están teniendo en otros mercados. Es decir, mediante precios de transferencias, están cobrando aquí lo que pierden o no ganan allá. Y esto no solo lo hacen empresas vendedoras de mercancías como P&G, sino prestadoras de servicios como las aerolíneas.