Reconstruir bajo bloqueo: Tras la devastación, Venezuela exige sus recursos secuestrados por EEUU y la UE
Crismar Lujano – Diario Red
Venezuela lleva años reclamando el acceso a sus recursos depositados en organismos financieros internacionales, la devolución de activos congelados en el extranjero y el fin de las restricciones que han dificultado las operaciones comerciales y financieras tanto del Estado como de empresas privadas
Venezuela ha comenzado a reconstruir ciudades, viviendas e infraestructura después de los devastadores terremotos del 24 de junio mientras miles de millones de dólares pertenecientes al Estado permanecen retenidos en el sistema financiero internacional y más de un millar de medidas coercitivas unilaterales continúan limitando la capacidad del país para comerciar, financiarse y disponer libremente de sus recursos.
Brigadas técnicas recorren las regiones afectadas para determinar qué edificios pueden volver a ser habitados, las autoridades levantan campamentos temporales para las familias damnificadas y el Gobierno moviliza recursos públicos para financiar la recuperación. En ese contexto, Caracas ha reiterado su exigencia a Estados Unidos, la Unión Europea y las instituciones financieras internacionales para que levanten las medidas coercitivas impuestas durante más de una década y liberen los activos venezolanos bloqueados en el exterior.
No se trata de una demanda nacida de la emergencia. Venezuela lleva años reclamando el acceso a sus recursos depositados en organismos financieros internacionales, la devolución de activos congelados en el extranjero y el fin de las restricciones que han dificultado las operaciones comerciales y financieras tanto del Estado como de empresas privadas.
(Xinhua/Marcos Salgado)
Los terremotos, sin embargo, han vuelto más graves las consecuencias materiales de esas restricciones. Un país que necesita reconstruir viviendas, recuperar hospitales y carreteras, importar maquinaria y materiales y sostener económicamente a miles de familias debe hacerlo mientras una parte sustancial de su patrimonio permanece fuera de su alcance.
Un programa nacional de reconstrucción
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un amplio programa de reconstrucción que combina inversión pública, financiamiento bancario, subsidios, exoneraciones fiscales y movilización de sectores productivos. El centro de esa estrategia será la Gran Misión Venezuela Renace, que integrará programas públicos como Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella para coordinar la recuperación de viviendas e infraestructura.
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Rodríguez anunció también la creación del fondo Venezuela Renace, destinado específicamente a financiar la reconstrucción de las regiones afectadas. El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, explicó que hasta ahora han sido liberados 200 millones de dólares procedentes de recursos venezolanos bloqueados en el exterior. Los fondos serán gestionados mediante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
La cifra representa, sin embargo, una pequeña parte de los activos que Caracas reclama. El gobierno venezolano exige al Fondo Monetario Internacional (FMI) la liberación de 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro que corresponden al país y que permanecieron congelados como consecuencia del régimen de sanciones.
La posición de Caracas es que esos recursos no constituyen ayuda internacional ni forman parte de un programa de asistencia financiera. Son activos pertenecientes al país. Rodríguez había fijado esa posición meses antes de los terremotos, cuando comenzaron las gestiones para recuperar los recursos retenidos en el FMI. “No es un programa de endeudamiento, es la recuperación de nuestros derechos y activos congelados en el FMI”, aclaró Rodríguez en abril pasado.
Venezuela no está solicitando, por tanto, un nuevo préstamo para financiar la reconstrucción. Está reclamando el derecho a disponer de recursos que le pertenecen y que permanecen fuera del alcance del Estado como consecuencia de las sanciones y las restricciones financieras internacionales.
Miles de millones de dólares fuera del alcance del Estado
La magnitud del problema financiero supera ampliamente los recursos retenidos en el FMI. El Observatorio Venezolano Antibloqueo sostiene que más de 30.000 millones de dólares en activos venezolanos fueron confiscados o bloqueados en el extranjero y que alrededor de 22.000 millones permanecen todavía retenidos en el sistema financiero internacional.
A ello se suma el entramado de sanciones acumulado durante más de una década. Según cifras oficiales, durante los últimos once años se han aplicado 1.088 medidas coercitivas unilaterales contra el país, de las cuales 1.040 continúan vigentes.
El impacto de esas medidas no puede medirse únicamente por la cantidad de dinero bloqueado. Durante años, Venezuela ha enfrentado obstáculos para comercializar libremente su petróleo, realizar operaciones bancarias internacionales, contratar empresas, adquirir tecnología e importar maquinaria, equipos y repuestos necesarios para mantener infraestructura y servicios públicos.
A las restricciones formalmente impuestas se suma el llamado sobrecumplimiento de las sanciones: bancos, empresas y proveedores que interrumpen o evitan operaciones con Venezuela, incluso cuando determinadas transacciones no están expresamente prohibidas, por temor a posibles represalias de Estados Unidos.
El resultado ha sido un proceso acumulativo de restricciones financieras, pérdida de proveedores, mayores dificultades para importar equipos y obstáculos para realizar inversiones públicas. En circunstancias normales, estas limitaciones deterioran progresivamente la capacidad del Estado para sostener servicios públicos e infraestructura. Después de una catástrofe natural, sus consecuencias adquieren una dimensión todavía más grave.
“Es verdad que si falta algún equipo en Venezuela hay que relacionar ese hecho con la carencia de recursos a la que ha estado sometido el Estado venezolano y con el cese del comercio exterior tanto para el sector público como para el sector privado”, afirmó Castillo.
La reconstrucción después de dos terremotos de gran magnitud requiere precisamente aquello que las sanciones han dificultado durante años: acceso inmediato a recursos financieros, proveedores internacionales, maquinaria pesada, tecnología, materiales de construcción y capacidad para realizar operaciones bancarias sin restricciones.
Subsidios, crédito y protección de la producción nacional
Pese a esas condiciones, el Gobierno venezolano ha anunciado una serie de medidas económicas para sostener la reconstrucción y atender a las familias afectadas. Uno de los principales componentes será la política de vivienda.
El Ejecutivo acordó con la banca pública y privada activar una cartera hipotecaria con subsidios estatales de hasta el 80% para facilitar la compra, reparación y reconstrucción de viviendas. Las viviendas que puedan ser reparadas tendrán acceso a mecanismos de financiamiento mediante la banca, mientras aquellas consideradas inhabitables deberán incorporarse a los programas públicos de reconstrucción.
Para garantizar la disponibilidad de insumos, se prohibió temporalmente la exportación de materiales relacionados con la construcción.
El Gobierno anunció también la exoneración de impuestos y tasas relacionadas con registros, alquileres y adquisición de inmuebles para reducir los costos asociados al proceso de recuperación.
Las familias más afectadas por los terremotos recibirán además una asignación mensual durante seis meses, destinada especialmente a quienes perdieron familiares, viviendas o fuentes de ingreso.
El plan contempla además la participación de universidades, institutos de investigación, organizaciones profesionales y comunidades organizadas para evaluar los daños estructurales, determinar las condiciones de habitabilidad de las edificaciones y atender a las familias damnificadas. Las comunas y organizaciones populares participan, por su parte, en la instalación de campamentos temporales y en las tareas de asistencia directa.
La reconstrucción comienza así a adquirir la dimensión de una operación económica y social de alcance nacional.
Una economía que busca sostener la recuperación
El Ejecutivo sostiene que la economía venezolana dispone de capacidad productiva para respaldar este proceso. Rodríguez aseguró que el sector de hidrocarburos mantiene su recuperación, con un crecimiento superior al 9% durante el segundo trimestre y de más del 10% respecto al mismo periodo de 2025.
El Gobierno afirma además que existe abastecimiento de alimentos y medicamentos y anunció la activación de diez motores económicos para sostener la reconstrucción, entre ellos hidrocarburos, construcción, banca, mercado de valores, industria farmacéutica, producción de alimentos, emprendimientos y economía comunal.
Pero la dimensión económica de la reconstrucción plantea una pregunta inevitable: ¿cuánto mayor sería la capacidad de respuesta del país si pudiera disponer libremente de todos sus activos? El levantamiento del bloqueo no resolvería automáticamente todos los problemas económicos del país ni cubriría por sí solo las necesidades de la reconstrucción. Pero permitiría al Estado venezolano utilizar recursos propios para importar equipos, contratar servicios, financiar infraestructura y ampliar la capacidad de respuesta ante la emergencia.
Reconstruir con recursos propios que permanecen bloqueados
Desde Washington y las capitales europeas, las sanciones suelen presentarse como instrumentos de presión dirigidos contra gobiernos y funcionarios. Sus consecuencias económicas, sin embargo, no permanecen confinadas a los despachos oficiales.
Cuando un país enfrenta obstáculos para vender su principal producto de exportación, pierde acceso a cuentas y activos internacionales, encuentra dificultades para realizar transacciones financieras y debe asumir mayores costos y restricciones para importar tecnología, maquinaria y equipos, también se reduce la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, sostener servicios públicos y responder a las necesidades de la población.
Una catástrofe natural vuelve esas consecuencias todavía más visibles. Por eso, la discusión sobre el levantamiento del bloqueo no comenzó con los terremotos y tampoco terminará con la reconstrucción. “Llevamos más de 11 años bajo medidas coercitivas unilaterales. Esto comenzó en diciembre del año 2014, con una ley que se dictó contra Venezuela donde ya se asomaba la posibilidad de imponernos sanciones, y siguió con el decreto Obama de marzo del 2015. Es más de una década de agresiones”, afirmó Castillo. El impacto acumulado de esas medidas alcanza prácticamente todas las áreas de la vida nacional, desde la infraestructura y los servicios públicos hasta la producción económica, la salud y la educación.
Ahora, el país ha comenzado a movilizar los recursos disponibles para responder a la emergencia, pero una parte sustancial de estos, que podrían acelerar ese proceso, continúa fuera del alcance del Estado. El levantamiento de las medidas coercitivas y la liberación de los activos venezolanos no constituyen una forma de ayuda humanitaria ni una concesión política. Significan devolver al país la capacidad de decidir sobre recursos que le pertenecen y utilizarlos para atender las necesidades de su población.
Venezuela ya ha comenzado la reconstrucción. Lo hace mientras reclama millones de dólares que aún permanecen bloqueados en el sistema financiero internacional y mientras más de mil medidas coercitivas unilaterales continúan vigentes. La catástrofe no creó esas restricciones. Pero ha mostrado con mayor crudeza sus consecuencias. Mientras el bloqueo continúe, Venezuela seguirá enfrentando una dificultad que ningún terremoto provocó: disponer de recursos para reconstruir el país y no poder utilizarlos libremente.