Bogotá pierde la pulseada

Marcos Salgado – Miradas al Sur

Este es un episodio regional de una situación geoestratégica continental, global, teniendo en cuenta las inolvidables palabras del presidente de los EE.UU. Barack Obama –del 9 de marzo último– cuando declaró que “Venezuela es una amenaza a la seguridad de los EE.UU. y a su sistema financiero por los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”. Sorprendió, porque todo el mundo sabe que desde hace muchos años hay una relación íntima entre corrupción, paramilitarismo, tráfico de cocaína, desprecio por los derechos humanos, pero no precisamente en Venezuela, sino en Colombia, país al que Washington sostiene financieramente.

Colombia está rodeada por seis países y tiene varias fronteras, no sólo con Venezuela: Ecuador (donde incursionaron tropas colombianas), Panamá, Nicaragua (en litigio por las islas San Andrés), Perú y Brasil .Y ha mantenido problemas permanentes, exportando su cincuentenario conflicto interno, tratando de desestabilizar a los países vecinos.

Colombia cuenta con un ejército de 500 mil soldados –a los que hay que agregar los paramilitares “asesorados” y entrenados por israelíes– adiestrados, armados, financiados y apoyados por nueve megabases militares estadounidenses, con el fin –todo hace indicar eso– de mantener enquistados los problemas (internos y esporádicamente externos), no de solucionarlos. Hoy, nuevamente, el conflicto ha desbordado las líneas fronterizas, cuando Venezuela le puso un parate a los intentos de desestabilización en su propio país.

De Colombia a Venezuela

Todos sabemos que el narcoparamilitarismo es producto genuinamente colombiano –una marca nacional que dejó fuera de combate a Juan Valdez y el café de Colombia– desde 1997, en el gobierno de Pastrana que implementó el Plan Colombia, cumplido a rajatabla en los ocho años de administración de Álvaro Uribe y también durante los cinco de su ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

El narcoparamilitarismo se fue expandiendo gradualmente a todo el país y en especial a los departamentos fronterizos de la Guajira, Norte de Santander, Santander del Sur, Arauca y Casanare, utilizando parte de los cuatro millones de desplazados (migrantes internos, según la terminología del gobierno) por el terror estatal, que aprovechando la porosidad de la extensa frontera de 2.200 kilómetros o la corrupción en las autoridades migratorias, pasaron a Venezuela a “rebuscarse la vida” en las regiones del Zulia, Táchira y los Llanos venezolanos.

Esta mafia trasnacional, cuya cadena exportadora de cocaína y lavado de dólares se inicia en Colombia, también llega a comprometer a narcotraficantes y lavadores venezolanos, lo que ha sido reconocido por el gobierno venezolano. (Para Colombia pareciera que el problema no existe.)

Sobre ese sustrato de desarraigados y desplazados por el régimen colombiano y sus paramilitares y contando con la simpatías de algunas autoridades antichavistas de esas regiones; la mafia narcoparamilitar colombiana fue creando, ampliando y controlando todo tipo de negocios criminales en Venezuela.

De Venezuela a Colombia…

El contrabando desde Venezuela hacia Colombia es de mercancías, alimentos, artículos de primera necesidad, el mercado negro de dólares o divisas, y de un producto geoestratégico y fundamental en la economía internacional actual como el petróleo y sus derivados, en sus dos formas.

Una, con los “bachaqueros” (“bachacos” son hormigas arrieras con sus grandes cargas) y los “pimpineros” (garrafa de gas metano). Dos, el contrabando a gran escala, en grandes camiones y caravanas hacia las refinerías de Ecopetrol. De cada once litros de nafta que se vende en la frontera colombiana, 10 provienen ilegalmente de Venezuela.

Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis y guionista de la oposición venezolana, admite que desde el punto de vista legal, el gobierno venezolano tiene el derecho y la obligación de actuar contra el contrabando y de deportar a los inmigrantes que estén en situación de ilegalidad.

Añade que la radicalización del discurso sobre contrabando e inmigración ilegal, además, refuerza la construcción de enemigos externos. Y el tema de la deportación dividirá, pero le da al gobierno la opción de convertirse en un “defensor de la soberanía” y así aprovechar las potencias del nacionalismo exacerbado y el chovinismo.

Las matrices de opinión hacia adentro de nuestros países se digitan desde afuera. La prensa hegemónica española señala, contra la misma realidad, el riesgo de que el conflicto se salga de madre. En la clásica oposición del bueno y el malo, señala que “Maduro está jugando con fuego y lo sabe. Santos busca contemporizar pero cada vez tiene menos margen de maniobra”.

Aseguran que la actitud del mandatario colombiano responde a no dejarse arrastrar por el discurso incendiario de Maduro, intentando evitar que la sangre llegue al río, teniendo en cuenta el proceso de paz y el papel de facilitador con las FARC que ejerce el gobierno venezolano.

Nadie se atreve a especular sobre una posible guerra entre los dos países. Ante la falta de “solidaridad” externa e interna, Santos ha preferido la vía diplomática pese a sus gritos iniciales. Una guerra, especulan las derechas, puede terminar con el conflicto interno colombiano, y no en beneficio del statu quo.

Es más, Álvaro Uribe –acusado de tener estrechos lazos con el narcoparamilitarismo–, quien más vociferó desde su “ultranacionalismo”, no ha obtenido ningún triunfo político ni de ningún tipo: no hubo guerra, no se ha roto el proceso de paz, Colombia no salió de Unasur, más allá de sus plegarias a la OEA, y Venezuela sigue siendo parte del proceso de paz con la guerrilla.

Pese a las campañas de desprestigio contra Venezuela, armadas desde Bogotá pero también desde Miami y Madrid, las FARC han declarado tajantemente que la presencia del gobierno venezolano es fundamental para el éxito del proceso de paz que se desarrolla en la Habana.

La mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños prefirieron mantenerse en silencio y, pese a lo solicitado por el gobierno colombiano, no salieron en su apoyo. Muestra el grado de aislamiento del gobierno santista y su pretensión de eludir las responsabilidades propias en cuanto al desborde del narcoparamilitarismo a otros países. Mientras, Washington actúa cautelosamente. Los medios hegemónicos, con los periodistas de siempre, son los únicos que siguen apoyando las payasadas uribistas, obviando un apoyo al narcoparamilitarismo trasnacional, que ha quedado completamente desnudado ante el mundo.

¿Hipótesis de guerra?

El escritor uribista Gustavo Álvarez Gardeazábal, se pregunta en el periódico ADN: “Tenemos muchas ganas de que Maduro deje de perseguir colombianos, pero si nos ataca, ¿tendremos con qué defendernos?”.
“No sé cuánta gente quiera en Colombia la guerra contra Venezuela. Pero (…) vale la pena que revisen cuál es nuestro armamento y cómo nuestras Fuerzas Armadas podrían librar la guerra”, porque “Maduro nos tomó mucha ventaja con aviones, misiles teledirigidos, lanzaderas múltiples, cohetes guiados y tipo skip adquiridos en los últimos años a Suecia, Israel, Rusia y Francia”, agrega.

“Colombia tiene una superflotilla de helicópteros, casi 400, y un ejército de soldados y policías muy bien armados individualmente y curtidos como ninguno. Pero la defensa antiaérea, apenas si son unas baterías en algunas ciudades.

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