Capitulación sin lucha en Brasil

29

Raúl Zibechi – Miradas al Sur

El mayor estratega de la historia, Sun Tzu, consideró, en El Arte de la Guerra, que “la mejor victoria es vencer sin combatir”. Brasil vive una profunda crisis política en la que el gobierno del PT no sólo perdió la iniciativa sino la moral de combate.

El gobierno ha negociado asumir la agenda de la derecha para evitar la destitución de Dilma por el parlamento (juicio político). Este proceso de derrota del PT es claramente visible en tres aspectos: el duro ajuste fiscal contra los trabajadores, la Agenda Brasil negociada con el presidente del Senado y un cambio de fondo en la posición internacional.

Este viraje ha generado un cierto alivio, ya que las manifestaciones del domingo 16 de agosto fueron menos concurridas de lo esperado, con unos 135 mil manifestantes en São Paulo y más de un millón en las más de cien ciudades donde hubo protestas. Pero ese viraje tiende a descomponer la base social del gobierno y de los movimientos sociales que están comenzado a movilizarse, reclamando contra la destitución de Dilma pero a la vez criticando su ajuste económico.

Una de las voces más influyentes del empresariado brasileño, el presidente de Itaú Unibanco, Roberto Setubal, concedió una larga entrevista a Folha de São Paulo. Se deshizo en elogios hacia la presidenta y rechazó de plano el juicio político. “Nada de lo que vi o escuché hasta ahora me hace pensar que haya condiciones para ello”, dijo Setubal, mientras afirma que “no hay ninguna señal de que ella esté involucrada en casos de corrupción”. Por el contrario, asegura que “Dilma permitió una investigación total sobre la corrupción”.

“Lo que está faltando discutir es el país. Hay gran discusión sobre el poder pero poca sobre el país”, añade el banquero. Pero el punto clave es que considera su afirmación de que la destitución de Dilma “crearía una inestabilidad ruinosa para nuestra democracia”. En síntesis: el principal dirigente de la banca está salvando al gobierno del PT. Es uno de los aspectos más penosos y desmoralizadores de la izquierda brasileña.

Giro a la derecha

Dos datos concretos confirman el cambio de rumbo. Las licitaciones para construir nuevas carreteras estarán abiertas a empresas extranjeras, un espacio que hasta ahora estaba reservado a empresas brasileñas. La Comisión de Reforma del Código de Aeronáutica, en el Senado, aprobó la apertura de capital de las empresas aéreas al capital extranjero, que hasta ahora estaba limitado al 20%.

El ex candidato a la presidencia por la socialdemocracia (PSDB), José Serra, quiere eliminar la exigencia de que Petrobras tenga una participación mínima de 30% en todas las inversiones de las enormes reservas en las costas brasileñas. Esta es la “onda” que predomina en el parlamento y en las clases medias paulistas y del centro sur del país.

Es importante explicar cómo se llegó a esta situación. El economista Carlos Lessa, ex presidente del Bndes bajo el primer gobierno de Lula, intenta hilvanar una explicación focalizada en su especialidad. En primer lugar, explica que se está realizando un “ajuste cruel” porque se concentra “en las familias endeudadas por la elevación de las tasas de interés”, que acrecienta sus deudas.

Este ajuste pretende resolver el déficit fiscal del Estado, pero es cruel porque ataca a las familias pobres endeudadas y a la pequeña y mediana empresa y, por lo tanto, genera más desempleo, pero los bancos se están beneficiando. Lessa asegura que “los recortes de gasto se están haciendo sobre los sectores que no dependen o no viven del sistema financiero”. En el último trimestre los grandes bancos tuvieron ganancias del 15%, entre ellos Itaú, Bradesco y Banco do Brasil.

La banca nunca había ganado tanto como ganó bajo los gobiernos del PT. En los ochos años de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), o sea, en pleno período neoliberal, las ganancias de los bancos crecieron entre 10 y 11%. En los ochos años de Lula (2003-2011), sus ganancias llegaron al 14%. Esto merece una explicación, que se relaciona con su segunda consideración.

“Lula sabía que el pueblo brasileño deseaba tener automóvil, heladera, comprar muebles, ropa y salir de vacaciones”, reflexiona Lessa. Por eso priorizó el endeudamiento de las familias, para que pudieran adquirir bienes de consumo. Integrar a las familias a través del consumo, es “un modelo completamente equivocado”, porque “sólo se asegura el futuro si crece el empleo de calidad, si se consigue ampliar la capacidad de producción”.

La trampa para el economista es evidente: integrar a través del consumo-endeudamiento implica enriquecer al sector financiero que gana con los intereses de la deuda de las familias. En tanto, no se hacen reformas estructurales que son las que pueden disminuir la enorme desigualdad. Pero en cierto momento la economía decae (ahora por la caída de las commodities) y las familias ya no pueden pagar sus deudas. Tampoco el Estado, que debe recortar sus gastos.

Se podrían sumar otras críticas: fomentar el consumo como forma de integración despolitiza a los sectores populares. Pero ese era, tal vez, el objetivo del gobierno Lula: evitar el conflicto social.

Sumando crisis

Brasil enfrenta varias crisis: económica, por la caída de los precios de las exportaciones; política, por la ofensiva contra la presidenta y la corrupción de los partidos; institucional, por la deslegitimación de las instituciones, y social, por la enorme grieta entre las aspiraciones de las clases medias y los sectores populares. El ajuste afecta los intereses de los endeudados y no del capital financiero.

La llamada Operación Lava Jato (por el lavado de propinas entre directivos de Petrobras y directores de empresas de construcción) ha agudizado la crisis política y debilitado al gobierno, a tal punto, que está aceptando todo el programa neoliberal: apertura comercial y financiera, privatizaciones, ajuste presupuestal, flexibilización del mercado de trabajo, reducción del Estado, entre otras.

Según Samuel Pinheiro Guimarães (ver Miradas al Sur del 23 de agosto), uno de los principales cuadros de la diplomacia brasileña, el gobierno de Dilma ha quedado “apático, mareado e intimidado” por la potente ofensiva de la derecha y los grandes medios. El PT se ha quedado sin liderazgo, siendo Lula el único capaz de mantener iniciativas.
La oposición conquistó la Cámara de Diputados de la mano de un integrante del centrista PMDB, supuestamente aliado del gobierno, Eduardo Cunha, quien ataca al Ejecutivo desde que fue acusado por la Justicia de haber recibido una propina un millón y medio de dólares. El Ministerio Público, encargado de las investigaciones “permite a cualquier procurador individual desencadenar procesos basados incluso en noticias de un periódico contra cualquier individuo”.

La crisis del sistema judicial forma parte de la crisis institucional del país. La Policía Federal actúa contra los acusados “con extrema parcialidad, de forma mediática, creando en la sociedad la presunción de alta peligrosidad de los individuos que arresta para la investigación y abrogándose la figura de poder independiente del Estado”, señala Pinheiro Guimarães.

Según Pinheiro Guimaraes, en base a declaraciones de una alta autoridad de la Policía Federal en el parlamento, ésta “recibe recursos regularmente de la CIA, del FBI y de la DEA, por un monto de 10 millones de dólares anuales, depositados directamente en las cuentas individuales de policías federales”. Este es el clima policial-judicial de la crisis brasileña.

Con el agravamiento de las crisis surgen dos perspectivas en la oposición: imponer la destitución de Dilma a través de un trámite parlamentario de impeachment o la “domesticación” del gobierno para que realice el programa que quiere la derecha. Ese programa se llama Agenda Brasil y ha sido propuesto por Renan Calheiros, presidente del Senado, a la mandataria.

Se trata de una tregua urdida por el empresariado que comenzó a percibir que la destitución de Dilma sería contraproducente ya que crearía un clima de ingobernabilidad. Según un manifiesto de la Fiesp (Federación de la industria de São Paulo), “es el momento de la responsabilidad, del diálogo y de la acción para preservar la estabilidad del país. Es hora de dejar de lado las ambiciones personales o partidarias y mirar por el interés mayor de Brasil”.

El presidente de la Fiesp, Paulo Skaf, fue muy claro: “Es el momento de la serenidad, del equilibrio. Es el momento de que el Congreso vote proyectos que sean buenos para Brasil”, dijo en referencia a propuestas de Cunha para aumentar drásticamente los gastos de la unión y agravar el déficit. Fue, en suma, un llamado a la gobernabilidad.

Como fruta madura, días después se presentó la Agenda Brasil. La destitución quedó atrás. Ahora tocaba el turno de negociar. La agenda contiene 27 propuestas que luego fueron ampliadas. Entre las más polémicas figuraba la privatización del Sistema Único de Salud (retirada luego), el aumento de la edad jubilatoria, regularizar la tercerización laboral, revisar el marco jurídico de los territorios indígenas, plazos más breves para otorgar licencias ambientales y poner fin al Mercosur.

La defensa, en la mira

Desde diversos ámbitos se ha destacado que el objetivo de la derecha consiste en liquidar el papel de organismos estatales como Petrobras, el BNDES, la Caixa Económica Federal y Eletrobrás, que serían privatizados o sus funciones serían mermadas. El caso más grave es el de Petrobras. A mediados de agosto, la dirección de Petrobras decidió privatizar el 25% de BR Distribuidora, que controla el 38% del mercado brasileño.

Pero se están registrando también cambios en la política internacional. Nunca se había propuesto en Brasil la salida del Mercosur, que es tanto como abandonar el proyecto de integración regional. Al día siguiente de la reunión entre Dilma y Barack Obama (el 1 de julio de 2015), Brasil votó contra Siria en las Naciones Unidas, acompañando una resolución promovida por Estados Unidos sobre derechos humanos, dejando de lado a sus aliados del Brics.

Pero es en Defensa donde se vislumbran cambios dramáticos, ya que se trata de un área donde Brasil estaba avanzando en proyectos estratégicos. Entre Brasil y Estados Unidos hay intensos debates, promovidos por el vicepresidente, John Kerry, para llegar a acuerdos en materia aeroespacial y en todas las áreas de la industria de Defensa]. Hubo una sucesión de hechos, posteriores a la visita de Dilma a Washington, que es necesario recordar.

El 29 de julio, el gobierno de Estados Unidos promovió un encuentro inédito en São José dos Campos (polo de industria de defensa) para presentar las posibilidades de inversiones para el sector aeroespacial brasileño. El programa SelectUSA busca atraer inversiones para ingresar al principal mercado espacial del mundo. A la reunión asistieron 50 representantes de empresas brasileñas como Embraer (aviones) y Avibras (misiles y cohetes).

La crisis brasileña afecta al sector aeroespacial con el enlentecimiento de los cronogramas de sus principales programas por los problemas presupuestales: el carguero KC-390 se retrasa dos años; el sistema de misiles Astros 2020 cinco años y el sistema de vigilancia de las fronteras (Sisfron) unos 14 años. En tanto, el sector aeroespacial estadounidense crece al 7,7% anual.

El 5 de agosto, varios oficiales de los Estados Unidos, de la embajada de ese país en Brasilia y miembros de Boeing, Rockwell Colins y BAE Systems, entre otras, participaron en varios encuentros, entre ellos, una mesa redonda sobre la Estrategia de Defensa Nacional de Brasil con el objetivo de estrechar relaciones entre militares.

En los días siguientes surgió un enfrentamiento entre la dirección de Embraer y el Sindicato de Metalúrgicos, porque la empresa pretende trasladar la línea de producción de sus aviones ejecutivos Legacy de Sao José dos Campos a Florida, en EE.UU., lo que implica la pérdida de 1.500 puestos de trabajo. El sindicato argumenta que la producción de los Legacy “es financiada por el gobierno federal a través del Bndes”.

La “internacionalización” de Embraer la convierte en una empresa estadounidense, según la página militar Defesanet, que la bautizó Amecoaer (American Company Aeronautics). El 75% de las acciones pertenecieron a fondos de pensiones extranjeros, lo que hace que la Golden Share en manos del gobierno tenga escasa utilidad. El año pasado la dirección de Embraer se negó a recibir a una delegación aeronáutica rusa con la que negociaba el gobierno.

El 24 de julio el gobierno de Dilma había denunciado el Tratado sobre Cooperación de Largo Plazo en la Utilización del Vehículo de Lanzamiento Cyclone-4 con Ucrania, firmado en 2003. El 13 de agosto la revista Space-Inform entrevistó a Eduard Kuznietsov, vicepresidente de la Asociación Aeroespacial de Ucrania, quien dijo que el divorcio se produjo porque “Brasil no aguantó la presión de la mala suegra”.

En su opinión, en los próximos diez años Brasil “no podrá ni pensar en conquistar el estatus de potencia nuclear”, y la decisión tomada “frenará el desarrollo científico y tecnológico”, perdiendo la oportunidad de “ganar acceso independiente al espacio”. La entrevista fue importante porque Kuznietsov destacó que la “mala suegra” no fue Washington sino Rusia, país que propone construir una base de lanzamiento en Alcántara.

Las cosas son más complejas. La pugna ruso-estadounidense se refleja en el área de Brasil. A mediados de agosto se supo que Rusia y Francia propusieron la construcción de un complejo de lanzamientos de cohetes en la base de Alcántara. Además, Brasil y Rusia están estrechando relaciones militares y negociando la compra de sistemas antiaéreos.
Sin embargo, los especialistas consideran que luego de una década de fracasos, la base de Alcántara “será una base binacional, donde EE.UU. y Brasil compartirán sus futuros lanzamiento”, en asociación o bajo control, de la NASA. Por el momento, el gran vencedor en la crisis brasileña es Washington, el sector financiero y las derechas de ambos países.