Un récord inusual y cruel

JIMMY CARTER| Revelaciones de que altos oficiales están enfocándose en personas para ser asesinadas en el exterior, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, son  una de las mas recientes y alarmantes  pruebas de cuan extendidas son las violaciones a los derechos humanos por parte de nuestra nación.

Esta tendencia inicio después de los ataques terroristas del 11 de Septiembre del 2001, y ha sido sancionado y aumentado por acciones legislativas y ejecutivas bipartidistas, sin oposición del publico general. Como resultado, nuestro país ya no puede hablar con autoridad moral en esos temas críticos.

Aun cuando el país ha cometido errores en el pasado, la proliferación de los abusos a los derechos humanos durante la década pasada marca un cambio dramático respecto al pasado. Con el liderazgo de los Estados Unidos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en 1948 como  “la fundación de la libertad, justicia, y la paz en el mundo.” Este fue un compromiso claro y concreto de que el poder no serviría como una cobertura para oprimir y lastimar a la gente, la declaración estableció para todas las personas el derecho a  la vida, la seguridad individual, la protección igualitaria de la ley,  prohibición de la tortura, la detención arbitraria o el exilio forzado.

La declaración ha sido invocada por los activistas de los derechos humanos y la comunidad internacional para sustituir la mayoría de las dictaduras del mundo con democracias y para promover el derecho de la ley en los asuntos domésticos y globales. Es alarmante que en lugar de fortalecer esos principios, nuestro gobierno y sus políticas en contra del terrorismo estén ahora violando claramente por lo menos 10 de los 30 artículos de la declaración, incluyendo la prohibición en contra de “tortura cruel o inhumana o el tratamiento denigratorio o castigo.”

Legislación reciente ha hecho legal que el presidente tenga el derecho de detener a una persona indefinidamente bajo la sospecha de afiliación con organizaciones terroristas o “fuerzas asociadas,” en el extranjero, un poder muy amplio y vago que puede ser abusado sin una supervisión de las cortes judiciales o el Congreso (esta ley esta actualmente bloqueada por una orden de un juez federal). Esta ley viola el derecho de la libertad de expresión y el principio de presunción de la inocencia hasta ser hallado culpable, dos de los otros derechos destacados en la declaración.

En adición ciudadanos Estadounidenses son blancos de magnicidio o detención indefinida, recientes leyes han cancelado las restricciones de la ley de Seguimiento e Inteligencia de 1978 para permitir niveles  sin precedentes de violaciones a nuestros derechos a la privacidad a través de grabaciones sin ordenes judiciales y la intervención del gobierno en nuestras comunicaciones electrónicas. Leyes estatales populares permiten la detención de individuos debido a su apariencia, donde ellos adoran o con quienes ellos se asocian.

A pesar de que  una regla arbitraria establece que cualquier hombre asesinado por los drones es declarado un enemigo terrorista, la muerte de niños y mujeres inocentes cercanas es aceptada como inevitable. Después de mas de 30 ataques aéreos a hogares civiles este ano en Afganistán, el Presidente Hamid Harzai ha demandado que ese tipo de ataques terminen, pero la practica continua en áreas de Pakistan, Somalia y Yemen que no están ubicados en una zona de guerra. No sabemos cuantos cientos de personas civiles inocentes has  sido asesinado  en esos ataques, cada uno aprobados por las más altas autoridades en Washington. Esto hubiera sido inconcebible en épocas pasadas.

Esas políticas claramente afectan la política internacional Estadounidense. Altos oficiales de inteligencia y militares, así como defensores de derechos humanos en las áreas bajo ataque, afirman que la proliferación de ataques de drones a gran escala a causado que las familias afectadas se acerquen mas a las organizaciones terroristas, que la población civil rechace mas a los Estados Unidos y permite a los gobiernos represivos citar nuestras acciones para justificar su propia conducta despótica.

Entretanto, la prisión de Bahía de Guantánamo en Cuba, ahora alberga a 169 prisioneros. Cerca de la mitad han sido declarados listos para ser puestos en libertad, pero en realidad tiene muy poca oportunidad de obtenerla. Las autoridades Estadounidenses han revelado que para obtener confesiones, algunos de ellos han sido juzgados en cortes militares, otro torturados por el método de waterboarding (por asfixia de agua) mas de 100  veces o intimidados con armas automáticas, taladros eléctricos, o amenazas de asalto sexual a sus madres.  Sorprendentemente, eso hechos no pueden ser usados como defensa por el acusado, porque el gobierno argumenta que eso ocurrió bajo la cobertura “de la seguridad nacional.” La mayoría de los otros prisioneros no tienen ni siquiera la posibilidad de ser acusados formalmente o aun juzgados.

En un tiempo cuando revoluciones populares están cruzando el globo, los Estados Unidos deberían esta fortaleciendo y no debilitando, los principios básicos de la ley y la justicia enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en lugar de hacer el mundo mas seguro, la violación de los derechos humanos por parte de los Estados Unidos instiga a nuestros enemigos y aliena a nuestros amigos.

Como ciudadanos preocupados, debemos persuadir a Washington a que cambie de curso y recupere el liderazgo moral de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos que nosotros hemos adoptado como propias y a las que hemos apreciado a través de los anos.

* 39avo presidente de los Estados Unidos, y es el fundador del Centro Carter. Fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en el 2002. Una versión de este artículo de opinión apareció en 25 de Junio del 2012 en la edición impresa del New York Times