Prisión política en Estados Unidos

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Aldemaro Barrios R.|

El puertoriqueño Oscar López Rivera, considerado el prisionero político latinoamericano más antiguo de América, liberado de la prisión  de Terre Haute, Indiana en 2017, franqueó 36 años encarcelado en diversos recintos penitenciarios de Estados Unidos, acusado de terrorista  y con cargos a los que sumaron conspiración para escaparse de la cárcel de Leavenworth.

López Rivera nació en Puerto Rico en 1943, y cuando niño su familia se trasladó a Nueva York donde desarrolló,  desde muy joven, su activismo político por la liberación e independencia de Puerto Rico. Formó parte del Ejército de Liberación Nacional donde se convirtió en líder en los años 70s.

En 1980 un juzgado de Chicago lo acusó de sedición conspirativa, robo, uso de armas ilegales, asalto de vehículos y una extraña calificación de “unreconstructed revolutionary”, o revolucionario no reconstruido, por lo que lo sentenciaron a 55 años de prisión en 1981. La “justicia” estadounidense lo conminó para arrepentimiento, lo que implicaba la negación a sus principios morales y políticos, a lo que éste se negó.

El gobierno de EEUU siempre ha negado la existencia de prisioneros políticos en su país, sin embargo, fue notoria la prisión contra cinco patriotas cubanos que investigaban actividades terroristas en ese país contra Cuba, la del encarcelamiento de algunos revolucionarios colombianos acusados de narcotraficantes y la más  notoria que fue la de Oscar López Rivera.

López Rivera, como prisionero político solo ha sido superado por Ed Poindexter y Mondo We Langa líderes de las Panteras Negras. Langa estuvo encarcelado hasta su muerte en 2016, luego de 45 años de prisión política, y Poindexter todavía sufre encarcelamiento político.

Desde el decreto de amenaza inusual contra Venezuela en 2015, el gobierno de EEUU ha expedido acciones judiciales contra funcionarios venezolanos que de ser detenidos en cualquier parte del mundo por autoridades estadounidenses pueden afrontar juicios y cárcel en ese país bajo acusaciones de orden económico o corrupción, a las que se suman las acusaciones de violación de derechos humanos, prisión política y totalitarismo, cargos que no tienen fundamento ni se corresponden con la realidad que vive el país suramericano.

Pero es claro que se trata de una retaliación política contra Venezuela.

, “La conspiración sediciosa, por lo que fue acusado López Rivera,  es un instrumento legal que criminaliza la protesta popular, explica el abogado Bret Grote, director del Centro Legal Abolicionista, de Pittsburgh, Pennsylvania”. Igualmente es histórico que en los levantamientos de cargos los detenidos por razones políticas en EEUU, sufren violaciones al debido proceso y la supresión de evidencias a favor del imputado tal y como lo señala Robert Boyle, un abogado norteamericano defensor de presos políticos en EEUU.

El nacionalista y revolucionario López Rivera, fue parte de esa historia, luego de pasar 36 años prisionero por razones políticas sigue firme en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Su caso es un hito histórico de la luchas de liberación de Nuestra América y superada la prisión de 36 años, la mitad de su existencia vital, continua firme en su principio independentista.

En ese propósito han viajado a Venezuela donde compartió un lugar especial ante la cumbre de mandatarios y representantes diplomáticos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-TCP (Tratado de los Pueblos) donde  fue homenajeado por el gobierno venezolano al entregársele la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar  como reconocimiento a su liderazgo  y trayectoria política.

En su discurso ante los mandatarios del ALBA-TCP reunidos en Caracas, el 5 de marzo de 2018,  hizo un exhorto “a los pueblos de la región a luchar unidos contra el intervencionismo imperialista y trascender especialmente a aquellos que son aliados de los factores hegemónicos de dominación”.