Por qué Guyana llama a votar “NO” en la pregunta número tres

Corresponde a la dirigencia política, en consulta con los ciudadanos, establecer los objetivos y decidir los medios. En este proceso, los expertos, que incluyen académicos, juristas y diplomáticos, desempeñan funciones de asesoramiento y estudian las cuestiones legales para dar respaldo a los objetivos delineados.

Una aproximación al problema del Esequibo desde la perspectiva de la política comienza por comprender el objetivo estratégico de Venezuela: la recuperación de la soberanía sobre una porción de su territorio actualmente ocupado por un país extranjero.

Ahora bien, como Venezuela es signataria de un tratado internacional, el Acuerdo de Ginebra, este objetivo se ve condicionado por la obligación de alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes. Este proceso implica la posibilidad de distribuir espacios y beneficios, pero sólo a través de negociaciones.

Desde la perspectiva política, es fundamental establecer como premisa que Venezuela, bajo ninguna circunstancia, puede renunciar a sus derechos ni aceptar decisión alguna que implique la amputación de una parte del territorio nacional, incluso si proviene de una instancia judicial internacional.

Es esencial considerar que la ocupación y control físico y administrativo de esta área geográfica por parte de Georgetown tiene su origen en un acto de fuerza y ​​constituye una violación de la soberanía. No nos enfrentamos simplemente a un problema de demarcación y gestión de las fronteras, sino a una cuestión que involucra la integridad territorial.

La coyuntura actual se caracteriza por dos movimientos de piezas realizadas por Guyana en función de su interés de mantener la ocupación de ese territorio y beneficiarse de manera exclusiva de sus riquezas: la utilización de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como un instrumento. para legalizar la ocupación y el otorgamiento de concesiones petroleras.

Desde 2015, cuando se anunció el descubrimiento de grandes reservas petroleras en el Esequibo, la disputa ha adquirido nuevas características debido al interés de las grandes corporaciones petroleras y el papel protagónico que juega ExxonMobil. Se trata de un territorio que no solo posee la promesa de riquezas minerales, sino también de yacimientos de petróleo probados, en medio de las tensiones mundiales por Ucrania y el Medio Oriente. El conflicto se ha internacionalizado con la creciente presencia militar de Estados Unidos en Guyana.

Desde la perspectiva del interés de Venezuela, la pregunta es: ¿Conviene comprometerse a aceptar de manera “responsable” una sentencia que establezca la vigencia del laudo arbitral? ¿Es de interés para Venezuela aceptar la jurisdicción de la CIJ?

Los juicios políticos no se deciden únicamente según las leyes y elementos probatorios, sino por intereses políticos. Así que, responder a estos interrogantes conlleva a fijar como objetivo inmediato la creación de las condiciones para desconocer una sentencia de la CIJ que vaya en contra de los intereses de Venezuela. Para lograr esto, es necesario establecer de manera clara que la CIJ ha sido utilizada de manera fraudulenta contra Venezuela.

Obviamente, la determinación política de denunciar a la CIJ tiene que respaldarse con los sólidos fundamentos legales que posee Venezuela. En este sentido, juristas altamente calificados sostienen que la CIJ ha atentado contra el principio fundamental del consentimiento de las partes.

Además, consideran que la CIJ llegó a una conclusión que es contraria al texto del Acuerdo de Ginebra, así como a su objeto y fin, que consiste en buscar una solución amistosa y satisfactoria.

Por supuesto, hay juristas que opinan de manera diferente y argumentan que la CIJ sí tiene jurisdicción. Estas opiniones las asumen Guyana debido a que su interés radica en que Venezuela acepta esa jurisdicción. Por eso, la ministra de asuntos parlamentarios de Guyana, Gail Teixeira, hizo un llamado “al pueblo trabajador de Venezuela a rechazar las preguntas tres y cinco del referendo”.

Sin embargo, el interés de Venezuela es distinto al de Guyana, ya que no puede aceptar una decisión de la CIJ que valida el laudo arbitral de 1899 y está comprometida en la búsqueda de una solución por medio de negociaciones directas.