Milei amenaza a inmigrantes y los acusa de enviar «mensajes de odio»
Rubén Armendáriz
Con un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno de Javier Milei dio un giro restrictivo a la histórica política de apertura migratoria argentina y bajo el argumento de combatir una supuesta campaña antiargentina surgida en el Mundial de Fútbol, la normativa incorpora nuevas causales de expulsión y prohibición de ingreso para extranjeros que difundan “mensajes de odio” o realicen actos de “ultraje a los símbolos patrios”.
Si bien el texto oficial asegura que no se busca limitar el disenso ideológico, especialistas advierten sobre la peligrosidad de una medida que parece diseñada más para la persecución política y la distracción mediática que para la seguridad nacional. Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, firmado por Milei y todos sus ministros. La nueva norma ya está vigente, pese a pasar por arriba al Congreso y eludir todo debate popular sobre sus justificaciones y consecuencias.
El gobierno de los discursos de odio decretó usarlos como justificativo para expular migrantes, señala el diario Tiempo Argentino. «Desprolijo e inconstitucional», «patrioterismo de cartón» y «la estupidez más grande de 2026» fueron algunas de las reacciones que generó el decreto de para impedir el ingreso de extranjero o echarlos en función de sus expresiones sobre su gobierno.
Sabina Frederic, exministra de Seguridad, criticó el DNU migratorio de Milei. “Hay una dificultad enorme de aplicación y una arbitrariedad enorme que abre este decreto”, sostuvo, tras señalar que la norma no establece con claridad quién determinará qué constituye un “mensaje de odio” y qué corresponde a una expresión de disenso político, ideológico o ciudadano. En esa línea, planteó que el decreto deja interrogantes sobre el rol de la Justicia y de las fuerzas de seguridad en la aplicación de las nuevas causales de expulsión.
Para el abogado constitucionalista Félix Lonigro, el decreto incorpora como nueva causal de revocación de residencia y posterior expulsión “manifestaciones de odio respecto de la población argentina o de un argentino en particular”. El letrado consideró que la existencia de una razón de este tipo no es necesariamente cuestionable, pero alertó sobre la dificultad para determinar cuándo una expresión puede ser considerada un acto de odio. “A mí no me parece mal que exista una causal de expulsión como esta, pero el tema es que en algunos casos puede haber claramente una manifestación de odio y en otros casos es discutible”,
Se trata de otra amenaza a la integridad y seguridad de cientos de miles de personas que, por el solo hecho de no haber nacido en Argentina, pueden ser expulsadas o se les puede negar el acceso al territorio nacional Fiel a su alineamiento con lo más rancio de las políticas aplicadas por Donald Trump en Estados Unidos, el DNU 681 agrega un inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones 25.871, sobre las “causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional”.
El nuevo inciso m dice que, a partir de ahora, entre esas causales está “haber dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último; haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”.
Para no parecerse del todo a una medida propia de una dictadura, el decreto aclara que “en ningún caso podrán encuadrarse dentro del supuesto previsto por el presente inciso a aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
A su vez el DNU agrega un inciso al artículo 62, el h, mediante el que autoriza a la Dirección de Migraciones a cancelar la residencia y disponer “la posterior expulsión” de quien cometa el mismo “delito” y viva dentro del territorio nacional. Y sustituye el inciso c del artículo 63, según el cual la residencia será cancelada y se conminará a la persona “a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional”.
El diputado de la Unión Cívica Radical, Pablo Juliano tildó la iniciativa de “patriotismo de cartón”, señalando la contradicción de defender símbolos patrios por decreto mientras se “remata” la soberanía territorial. Por su parte, Florencia Carignano, diputada y ex directora de Migraciones, destacó que es paradójico que un gobierno “que hace de los mensajes del odio una política de estado” dicte una norma de este tipo. Incluso advirtió que, de aplicarse criterios similares en el exterior, el propio Milei tendría prohibido el ingreso a países como Brasil, España, México o el Vaticano debido a su historial de declaraciones agresivas.
Mientras, Jonathan Thea, dirigente del Movimiento Evita, sostuvo que “Milei vuelve a hacer lo mismo: arma un tema para incendiar las redes y esconder el verdadero debate”. Añadió que mientras la opinión pública se centra en el DNU migratorio, el Gobierno busca avanzar el próximo jueves en una ley que permitiría que “cualquier extranjero pueda comprar tierras en zonas de frontera o donde hay recursos estratégicos prácticamente sin límites ni controles”.
Milei ya firmó el año pasado el DNU 366 que restringe el acceso de extranjeros a la ciudadanía argentina mediante nuevos requisitos administrativos y habilita el arancelamiento de la atención en el sistema de salud y de la educación para quienes no hayan nacido en el país. En junio la Cámara Nacional Electoral emitió un fallo en el que declaró inconstitucional el decreto y anuló sus efectos. Esa sentencia ahora espera una confirmación de la Corte Suprema.
El Gobierno afirma que en el último tiempo “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Alude a la sucesión de mensajes y comentarios motorizados por algunos influencers y artistas (especialmente de europeos, obviamente no residentes en Argentina) en redes sociales, que rebotaron mediáticamente y desataron un intenso debate tras la final entre Argentina y España en el Mundial de Fútbol. Una excusa muy poco seria.
Curiosamente el DNU 681/2026 recién salido del horno lo firma la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, quien no podrá ser expulsada del país porque es argentina, pero que según la visión oficial podría merecerlo. Hace dos semanas ella acordó con las autoridades estadounidenses y el Comité de Disciplina de la FIFA sancionar a todo hincha argentino que fuera al estadio de la ciudad de Atlanta a ver la semifinal blandiendo banderas o carteles con “el mapita de Malvinas” (sic) dibujado.
El periodista Daniel Satur recuerda que esa medida de “seguridad” para tamaño evento deportivo fue, en rigor, un acto de pleitesía para con Inglaterra, país imperialista que lleva 193 años usurpando parte de nuestro territorio en el sur continental. No sólo Monteoliva aceptó sin chistar lo ordenado por los agentes del FBI y la Policía de Atlanta. La prohibición de esgrimir un símbolo patrio, como lo es el recorte del mapa argentino que pone de relieve a las Islas Malvinas, también fue aceptada por miembros de las fuerzas federales argentinas en acuerdo con la policía inglesa.