Un informe ruso desmonta las acusaciones de su responsabilidad en las muertes de Bucha
Pascual Serrano – Globalter
Los primeros días de abril de 2022, una noticia copaba los titulares de los medios occidentales. Comenzó el 2 de abril con la BBC: “War in Ukraine: Street in Bucha found strewn with dead bodies”. El 3 y 4 de abril se generalizaron los titulares sobre la matanza y las acusaciones ucranianas contra las fuerzas rusas. Y el 4 y 5 de abril difunden las imágenes satelitales para demostrar las muertes.
El País titulaba: “La matanza de Bucha muestra la barbarie de la guerra de Putin. Crónica desde Bucha sobre los cadáveres encontrados tras la retirada rusa y los testimonios de los vecinos”. “Russian brutality was strategic” (Ap). “Satellite images show bodies lay in Bucha for weeks, despite Russian claims” (The New York Times).
Las tropas rusas mantuvieron el control de esta ciudad ucraniana entre el 27 de febrero y el 31 de marzo de dicho año. Después se retiraron y la tesis unánime manejada por los medios es que, en esa retirada, los soldados rusos optaron por matar indiscriminadamente a civiles y dejar sus cuerpos en la principal avenida de la ciudad.
El gobierno ruso negó cualquier participación de sus soldados en lo ocurrido y solicitó la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para debatir lo ocurrido.
Pero la posición rusa fue directamente desautorizada en Occidente por todos los medios y dirigentes. Las declaraciones de las autoridades rusas fueron consideradas falsas por múltiples organizaciones y medios de comunicación occidentales.
Mientras tanto, el baile de cifras era absoluto. El gobierno de Ucrania hablaba de más de 400 civiles asesinados, al igual que los medios occidentales, que repitieron las cifras ucranianas.
Algunos medios citaban como fuente a la ONG Human Rights Watch, lo que sucede es que si se consultan las informaciones de esta organización estadounidense, lo que hacían era repetir la afirmación del fiscal regional jefe de Bucha, Ruslan Kravchenko, que decía que “se habían encontrado 278 cadáveres en la ciudad desde la retirada de las fuerzas rusas, la gran mayoría de ellos civiles, y que se esperaba que la cifra aumentara a medida que se descubrieran más cuerpos”.
Otros medios, como New York Times y luego repetido en España por Público citan como fuente de un número de víctimas superior a 400 al Instituto para el Estudio de la Guerra, un think tank de Estados Unidos fundado en 2007 por la historiadora militar Kimberly Kagan, cuyos recursos proceden de subvenciones y contribuciones de la industria contratista de defensa.
Sin embargo el informe de la ONU bajó los muertos a 73 civiles, 54 y 16 mujeres, curiosamente una guerra con más muertes civiles de hombres que de mujeres.
Y Amnistía Internacional dijo que “documentó 22 casos de asesinatos ilegales perpetrados por las fuerzas rusas, la mayoría de los cuales fueron aparentes ejecuciones extrajudiciales”.
Cuando Reuters llega al lugar de los hechos y comienza a contar dice que “ha visto los restos de cinco víctimas en Bucha que recibieron disparos en la cabeza, pero no ha podido determinar de forma independiente quién fue el responsable”.
Mientras tanto, todos los que, desde Occidente, no se dejaban convencer precipitadamente por la versión ucraniana y pedíamos una investigación independiente de la ONU acabamos siendo acusados de negacionistas, como si la versión de Ucrania tuviese el mismo valor científico que el descubrimiento de la que la Tierra es redonda. Los periodistas occidentales se indignaban si se dudaba de la versión de la autoría rusa porque, decían, ellos habían visto los cadáveres. Podría ser verdad que vieron los cadáveres, pero ver un cadáver no te da autoridad para conocer quién lo asesinó.
El pasado 22 de septiembre asistimos al foro «Diálogo sobre falsificaciones 4.0», celebrado en Moscú y organizado por la Red Global de Verificación de Datos (GFCN). Allí el ministro de Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, explicó los detalles del asunto Bucha y anunció la presentación pública del documento “Herederos de Goebbels: Falsificación de los acontecimientos de Bucha y montajes sangrientos del régimen de Kiev”.
Se trata de una investigación del Tribunal Público Internacional sobre los Crímenes de los Neonazis Ucranianos, que se creó durante una conferencia internacional por iniciativa de activistas de derechos humanos, abogados y periodistas.
La principal tarea del Tribunal, señala el documento, es recopilar pruebas de los crímenes del régimen neonazi de Kiev, transmitirlas a los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley y presentar información en foros internacionales. Actualmente incluye representantes de la sociedad civil de 35 países del mundo (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España, Polonia, India, Argentina, Italia, Australia, Israel y otros).
Se podría decir que no es una investigación del todo independiente, el problema es que en Occidente llevamos décadas manejando solo documentos elaborados por una sola de las partes y ya hemos visto cómo las historias que nos han ido contando sobre armas de destrucción masiva en Iraq, limpiezas étnicas de serbios, armas químicas de Al Assad y asesinatos masivos de Gadafi, o masacres de Ceaucescu en Timisoara resultaron todas mentira.
En el discurso del Foro, Lavrov comenzó recordando que, en las negociaciones de Estambul, celebradas a finales de marzo y principios de abril de 2022, la parte ucraniana propuso aprobar un documento sobre los principios de arreglo, que Rusia aceptó. Ucranianos y rusos firmaron ese documento como base de un futuro tratado jurídicamente vinculante sobre un arreglo final y completo de la situación en torno a Ucrania mediante la elaboración de garantías de seguridad colectivas e igualitarias para todos los Estados concernidos.
Pendiente de firmar el acuerdo definitivo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a Putin y le pidió, como confirmación de las intenciones pacíficas de Rusia, como gesto de buena voluntad y para crear un “ambiente correcto” en torno a la próxima firma del tratado de paz, “retirar un poco” las tropas de los suburbios de Kiev, incluida Bucha. “Lo hicimos. Lo aceptamos, partiendo de que todos debían estar honestamente interesados en la paz”, dice Lavrov.
Los rusos abandonan el territorio de la provincia de Kiev el 30 de marzo de 2022. Dos días después, habló por televisión el alcalde de la localidad de Bucha, quien declaró con orgullo que la parte ucraniana había recuperado completamente el control de la ciudad y que ya no había soldados rusos allí. Lavrov destaca que la grabación se realizó en la avenida central de esa localidad, que aparece con toda su anchura y absolutamente vacía.
Sin embargo, tres días después de la retirada de las unidades rusas, apareció un equipo de la BBC, que transmitió un reportaje mostrando la misma calle, a cuyos lados aparece decenas de cadáveres “con ropas muy limpias, a pesar de que alrededor había deshielo y barro”.
Se desata la histeria antirrusa y se anuncian nuevas sanciones como castigo. El entonces primer ministro británico, Boris Johnson, prohibió firmar el documento y propuso seguir combatiendo.
Rusia solicitó la lista de nombres de aquellos cuyos cadáveres que aparecían en el reportaje de la BBC, pero no obtuvo respuesta. Igualmente, refiere Lavrov que lo solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tanto en reuniones personales como en una sesión del Consejo de Seguridad. No hubo ninguna reacción.
En diciembre de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó, con el visto bueno de Antonio Guterres, un informe con acusaciones contra las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.
Según Lavrov, “como si no hubieran recibido nuestras solicitudes durante todo 2022, el informe no contiene una sola prueba, no se verificó uno solo de los datos presentados en el documento, no surgió una sola pregunta por parte de los dirigentes de la organización. El informe simplemente reproduce lo que mostró la BBC. Luego ese tema desapareció del espacio mediático internacional, como si nunca hubiera existido”.
“Nosotros no queremos dejar este asunto —dice el ministro—. Cada año le recuerdo a Antonio Guterres que no estaría mal explicar a la comunidad internacional, al menos a la Federación de Rusia, acusada de todos los pecados capitales, qué ocurrió realmente allí y a quién se mostró allí. En mayo pasado, envié a Antonio Guterres 12 preguntas concretas.
El canciller ruso también señala que es incomprensible que el número de víctimas de ese supuesto asesinato de civiles en Bucha unas veces dicen que es 21 personas, otra 590 y otra 1365.
El secretario general de la ONU se escuda para no responder a las preguntas de Rusia en que existen datos sobre las víctimas y sus nombres que no se pueden compartir porque tienen un carácter confidencial o que los familiares de los fallecidos pidieron no divulgarla, pero los nombres de los familiares tampoco son conocidos por nadie. Lavrov señala que resulta asombroso porque en cualquier tragedia con muchos muertos, lo que aparece de inmediato son grupos de familiares, que son conocidos y se pronuncian en público. Pero en Bucha, hay silencio absoluto.
En 2023, el gobierno de Kiev erigió un monumento conmemorativo dedicado a esa “masacre de Bucha”. Depositaron flores ante las cámaras y pronuncian discursos unificadores. Y sorpresivamente aparecen inscritos en el monumento los nombres de esos civiles que se negaron a proporcionar a los rusos aduciendo confidencialidad.
Tanto el presidente ucraniano Zelenski, como otros representantes ucranianos afirman que el memorial de Bucha contiene los nombres de civiles asesinados. En un mensaje publicado en la página web oficial de V. Zelenski el 31 de marzo de 2024 se afirma: «El Muro de la Memoria consta de varios murales, cada una de los cuales tiene placas con los nombres de los fallecidos grabados. Actualmente, el memorial contiene 509 nombres de civiles identificados». Las autoridades ucranianas locales hacen declaraciones igualmente categóricas.
El 31 de marzo de 2026 los altos cargos de la UE participaron en una ceremonia conmemorativa por los «civiles» de Bucha. Allí estuvieron la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas; el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius; el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul; el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani; la ministra búlgara de Asuntos Exteriores, Nadezhda Neynsky; y el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, entre otras personas.
Por fin los investigadores rusos tenían los nombres de esos cientos de civiles supuestamente asesinados por Rusia. El el informe del Tribunal Público Internacional sobre los Crímenes del Régimen de Kiev se analizan los apellidos inscritos en este monumento, que según Vladímir Zelenski, son exclusivamente “civiles” y no tienen nada que ver con los militares.
Para estudiar las identidades de las víctimas inscritas en ese monumento se utilizaron bases de datos ucranianas, fuentes mediáticas ucranianas, portales públicos y sitios web especializados de Ucrania. En el documento publicado se muestran las fotos de los nombres de las placas del monumento y las fotos de esas personas con sus uniformes militares y la información sobre su cargo militar. Desde miembros de la estructura neonazi Azov, de la que se nutrió el ejército ucraniano, a pilotos militares, brigadas de asalto, comandantes… En las redes se encuentran incluso las palabras de sus familias tras su muerte, reconociendo su valor en la guerra o detallando su reclutamiento.
“En materiales oficiales ucranianos y noticias de los medios aparece un número considerable de ejemplos de personas presentadas como residentes civiles de Bucha, aunque al mismo tiempo se describe detalladamente su participación en operaciones de combate”, señala el informe. Incluso en algunos casos se ha conocido el certificado de defunción, donde se detallan heridas en combate.
Por ejemplo, Vladímir Bisaga, señalado como civil en el monumento, era un militar perteneciente a las fuerzas de operaciones especiales Azov. Antes de eso, según la investigación, participó en operaciones ofensivas en Donbáss con el indicativo Mumu-Joriv, formando parte del 49º batallón de fusileros especial Sich de los Cárpatos (unidad militar A4599). Está enterrado en la ciudad de Úzhgorod.
Andréi Vaskevich, contrariamente a la versión del gobierno ucraniano y de lo que aparece en el monumento, tampoco era civil, sino que desde 2015 fue efectivo de la unidad Azov, con el indicativo Strelok. En 2022 fue nombrado jefe de la compañía de las fuerzas de operaciones de esa unidad. Tampoco fue enterrado en la ciudad de Bucha, los propios medios ucranianos informaron sobre su entierro en el poblado de Kovgánovka.
Tampoco se puede considerar como ciudadano civil al que fuera coronel del Servicio de Seguridad de Ucrania, Alekséi Telizhenko. La situación es similar con el mayor del Departamento de Protección del Estado de Ucrania, Sviatoslav Turovski. Los nombres de todos ellos aparecen en las placas del monumento y la investigación documenta la información de que no son civiles, con fotos incluidas.
En muchos casos, el informe señala que murieron en otras localidades distintas de Bucha. El oriundo de la provincia de Lvov, jefe de un pelotón de asalto aerotransportado de la 80ª brigada de asalto aerotransportada especial, sargento sénior Ígor Kokodiniak, no solo no era civil en la ciudad de Bucha, sino que tampoco murió allí, su lugar de muerte está documentado oficialmente como la localidad de Vorzel.
En el caso de algunas personas de la lista que, efectivamente, son civiles, la investigación concluye que son personas de edad avanzada que murieron por enfermedades, no asesinados por las tropas rusas como se afirma. Es el caso de caso de Galina Semeniuk, de 68 años, que murió de una enfermedad oncológica y cuyo apellido también figura en el monumento a los “civiles asesinados” en la ciudad
El documento del Tribunal Público Internacional el recuerda que el artículo 51, «Protección de la población civil», del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de 8 de junio de 1977, establece: «Las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta sección, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación». Por tanto, dice el informe, “esas personas son agentes armados de una guerra que han caído en combate, no pueden beneficiarse de la protección del derecho internacional humanitario mientras atacaba a las tropas enemigas”. No se trata de ninguna masacre de civiles.
Del mismo modo, el Comité Internacional de la Cruz Roja establece claramente lo siguiente:
«En general, la inmunidad concedida a las personas civiles está sujeta a una condición muy estricta: no deben participar directamente en las hostilidades; es decir, no deben convertirse en combatientes, bajo amenaza de perder su protección. Así, la participación “directa” comprende aquellas acciones militares cuya naturaleza o finalidad sea capaz de causar daños reales al personal y al equipo de las fuerzas armadas enemigas. “Durante esa participación una persona civil pierde su inmunidad y se convierte en un objetivo legítimo”, recuerda el informe.
El documento incluye en todos los casos la fotografía de la placa con el nombre grabado y la documentación que muestra que o no era un civil o su muerte no tiene ninguna relación con las tropas rusas.
El informe Tribunal Público Internacional sobre los Crímenes de los Neonazis Ucranianos también recoge testimonios de personas que se encontraban en Bucha. Aparecen con su nombre y fotografía y declaran que, durante el control ucraniano de Bucha, comprobaron que los ataques con drones y misiles y los bombardeos procedían del lado ucraniano, y que los periodistas ucranianos presentaban como de origen ruso.
Por ejemplo, Vasily Gueórguievich Protsenko, testigo presencial de la localidad de Dmítrov afirma:
“En 2024, a mediados de otoño, se produjo un impacto en una iglesia que tenemos por aquí. La gente estaba precisamente sacando agua del pozo. Se trató de un dron ucraniano procedente del cementerio de Oziorki. Resultaron heridas 7 personas, 2 se murieron más tarde. Enseguida vino la prensa ucraniana y les indicaron a las FF.AA. de Ucrania que dejaran de lanzar drones. Se pusieron a grabar y a decir que era la artillería rusa la que estaba atacando a civiles. Los propios civiles les gritaban que no era así, pero ya habían apagado las cámaras.
Los vecinos les gritaban a los periodistas que evacuaran a los heridos, pero simplemente los grabaron, se dieron la vuelta y se marcharon. Luego escuché por la radio que la artillería rusa había atacado la iglesia, cuando todos vimos que fue un dron ucraniano”.
Natalia Petrovna Zadorózhnaya, fue testigo en la localidad de Ugledar:
“Nos estaba atacando Ucrania. Luego venían periodistas extranjeros y preguntaban “¿Son ataques lanzados por Rusia?” Y les decíamos: “Miren, por qué lado se nos está atacando. Se nos está atacando por aquel lado”. Y nos respondían: “¿Ah, sí? ¡Pero si allí hay tropas ucranianas!” Pues, tomar las conclusiones vosotros mismos, pero no les interesaba. “Es que no escribís la verdad, no contáis la verdad. Solo estáis diciendo lo que os interesa a vosotros, no a nosotros. ¿Por qué no le contáis la verdad a la gente? ¿Para qué mentir?”
Es evidente que la investigación del Tribunal Público Internacional sobre los Crímenes de los Neonazis Ucranianos no es independiente. El problema es que los medios occidentales llevan años presentando como independientes y verdad indiscutible, informes, investigaciones y declaraciones de la parte occidental: OTAN, Departamento de Defensa de Estados Unidos, gobiernos europeos, ongs financiadas por los gobiernos occidentales y, recientemente, del gobierno y el ejército ucraniano.
Mientras las investigaciones no sean independientes, lo más riguroso y decente que le queda al ciudadano es escuchar a ambas partes. Por eso, la otra estrategia es prohibir los medios rusos. El plan es claro, lo que dice Occidente es la verdad y la otra versión está prohibida. Bienvenidos a las democracias europeas.
Pascual Serrano es periodista y escritor. Su último libro es “Prohibido dudar. Las diez semanas en que Ucrania cambió el mundo”