Así interfiere Trump en las elecciones en América Latina
Brasil de Fato
“Unos países se especializan en ganar y otros en perder”. Así se refería el escritor uruguayo Eduardo Galeano a la profunda relación de dependencia, sobre todo económica, de los países latinoamericanos respecto al “primo rico” del norte: Estados Unidos.
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La reflexión, plasmada en el premiado best seller «Las venas abiertas de América Latina», publicado en 1971, retrata un continente tomado por dictaduras civiles y militares, consolidadas a partir de la operación denominada Plan Cóndor, cuyo objetivo era garantizar la hegemonía estadounidense sobre lo que era considerado su patio trasero.
Esa realidad, que para muchos parecía un destino trágico de los pueblos subalternos, dio paso, décadas después, a gobiernos progresistas que desafiaron la influencia imperialista en la región y defendieron una política de integración, soberanía y autodeterminación.
Pero el tablero comenzó a cambiar nuevamente durante la última década. Una sucesión de golpes de Estado, derrotas electorales y la reinstalación de una doctrina de injerencia explícita de Estados Unidos —incluida una inédita intervención armada en Venezuela en enero de 2026— ha rediseñado el mapa político latinoamericano.
En vísperas de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llevó ante el pleno de la ONU denuncias sobre intentos de intervención estadounidense. El historiador indio y director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Vijay Prashad, menciona un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia y una carta firmada por un grupo de senadores del Partido Demócrata dirigida al Departamento de Estado. Ambos documentos alertan sobre el alto riesgo de interferencia del Gobierno de Trump en las elecciones brasileñas. En declaraciones a Brasil de Fato, Prashad sostiene que la intervención ya comenzó.
“La evaluación confidencial de la Abin y la carta de los senadores estadounidenses son alarmantes. Muestran que Estados Unidos utilizará presión económica sobre electores y empresas para que voten por la extrema derecha. Trump ya declaró que impondrá aranceles si su candidato preferido, Flávio Bolsonaro, no gana. Washington ya sancionó al ministro Alexandre de Moraes en julio de 2025, para enviar un mensaje a las altas autoridades de Brasil. Aunque esas sanciones fueron retiradas bajo presión en diciembre, el mensaje fue transmitido con claridad”, evalúa el historiador.
«Se trata de una forma grave de interferencia. También existe el temor de operaciones digitales o encubiertas. La desinformación coordinada, el financiamiento oculto o los ciberataques son mecanismos posibles. La eliminación de Lula de las redes sociales es un indicio temprano de este tipo de comportamiento”, añade.
Elecciones en Brasil, seguridad en Estados Unidos
Para Prashad, “debido a su dimensión continental, capacidad industrial y agrícola, recursos energéticos y minerales, posición en el Atlántico Sur y capacidad para respaldar una cooperación regional independiente de Washington”, el resultado de las elecciones tendrá un impacto directo sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que “exige explícitamente la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental, vincula la asistencia y las alianzas con la reducción de la influencia de potencias rivales e identifica las infraestructuras y los recursos estratégicos como prioridades”.
“Estados Unidos quiere los minerales críticos de Brasil, el petróleo en la desembocadura del Amazonas y sus demás minerales y metales”, evalúa el historiador.
“Washington no desea que Brasil sea un líder en la construcción de un orden mundial multilateral anclado en el Sur Global. Una eventual presidencia de Flávio Bolsonaro podría retirar al país de los BRICS+, normalizar las relaciones con Israel y cortar los vínculos con proyectos progresistas globales, como la Asociación por el Multilateralismo recientemente lanzada por Lula”, señala Prashad.
A su juicio, Washington utilizará “palancas financieras y tecnológicas” para disuadir al próximo Gobierno brasileño de sus relaciones con China, hoy socio comercial de Brasil y de buena parte de los países latinoamericanos, incluso aquellos alineados políticamente con Estados Unidos. Una tarea que no debería ser sencilla.
“Washington quiere eliminar el papel de China en las Américas, algo absolutamente imposible”, reitera.
Aunque representan contextos y niveles de intervención muy distintos, otros países latinoamericanos han atravesado procesos similares de injerencia externa coordinados por el imperialismo estadounidense. Todos forman parte de un mismo proyecto de ocupación regional que no requiere una revisión historiográfica, sino una simple búsqueda virtual en las páginas de los periódicos de América Latina durante los últimos años.
Colombia: Operación Espriella
La elección presidencial de 2026 en Colombia estuvo marcada por graves denuncias de injerencia externa procedente de Estados Unidos. Donald Trump declaró abiertamente su respaldo al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, lo que generó una fuerte reacción del Gobierno colombiano e incluso de parlamentarios estadounidenses y eurodiputados.
Además de su respaldo público a Espriella, Trump calificó al candidato de la coalición progresista Pacto Histórico, Iván Cepeda, como representante de la izquierda radical.
El entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó de forma categórica la postura del Gobierno estadounidense y sostuvo que el apoyo directo de Washington a una de las candidaturas desconocía acuerdos previos de no intervención, además de violar la soberanía del pueblo colombiano.
En un discurso pronunciado durante la campaña electoral, Petro denunció el papel activo de Trump y del senador Marco Rubio en el proceso electoral colombiano.
“No creo que Trump no sepa cómo fue su respaldo: lo dio y lo admitió, y descubrimos cómo fue el apoyo que Netanyahu ofreció para imponerse sobre la voluntad mayoritaria legítima del pueblo de Colombia”, dijo Petro. “Temo que le haya dicho a Marco Rubio: ‘Ocúpate de Colombia’, y Marco Rubio se ocupó, añadió.
Tras las elecciones, el presidente de Colombia denunció que la intervención extranjera involucró recursos y apoyo externo en la manipulación digital del sistema de conteo de votos. Según Petro, la modificación de algoritmos en los formularios de votación comprometió la legitimidad de los resultados oficiales que dieron la victoria a De la Espriella.
El mandatario presentó acciones judiciales para solicitar la anulación de los comicios y afirmó que el país enfrenta una severa pérdida de soberanía nacional frente a los intereses de Washington. Luego, en una publicación en la red social X, Petro denunció la caída de la plataforma que contenía los datos técnicos del fraude.

«Acaban de tumbar la página donde están las pruebas que presenté sobre el fraude electoral algorítmico ocurrido en Estados Unidos. Tan pronto publiquemos nuevamente las pruebas, todos los que tengan el material deben guardarlo, para que tumbar la página resulte inútil. Esto demuestra que realmente hubo fraude electoral”, declaró Petro. “Las elecciones fueron robadas por israelíes ricos, liderados por un genocida, y eso se hizo desde el exterior, alterando la votación”.
La injerencia también generó cuestionamientos dentro del propio Congreso de Estados Unidos. Un grupo de 20 legisladores de la Cámara de Representantes, encabezado por el diputado demócrata Jim McGovern, difundió una declaración conjunta el 12 de junio de 2026 para repudiar las acciones de la administración Trump. En el documento, los legisladores sostuvieron que el intento de favorecer a un candidato específico perjudica los derechos democráticos de la población y llamaron a respetar la autodeterminación de Colombia.
En el ámbito europeo, eurodiputados enviaron una carta a la Presidencia de la Comisión Europea y a la jefatura de la diplomacia comunitaria. El texto condenó los pronunciamientos de Trump y solicitó que las instituciones europeas rechacen cualquier intento de interferencia política, diplomática o económica en las elecciones colombianas.
“Tales declaraciones constituyen una interferencia directa en el proceso democrático de Colombia y socavan tanto el pluralismo democrático como la soberanía nacional. […] Los procesos electorales deben pertenecer exclusivamente a los ciudadanos, los únicos que poseen el derecho legítimo de determinar su futuro político, libres de toda forma de injerencia o coerción externa”, señala el comunicado. “La comunidad internacional debe apoyar a las instituciones democráticas y no interferir en ellas”, concluye.
Argentina: el chantaje como método
A pocas semanas de las elecciones legislativas en Argentina, celebradas el 26 de octubre de 2025, Donald Trump declaró su apoyo directo al presidente argentino Javier Milei. En una reunión realizada en la Casa Blanca el 14 de octubre, el líder estadounidense fue más allá y condicionó una ayuda financiera a Buenos Aires al resultado de las urnas, al sostener que no habría “generosidad” si la base parlamentaria de Milei era derrotada en la contienda.
El chantaje involucraba un acuerdo de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con Argentina, formalizado seis días antes de la votación.
“Estados Unidos proporcionó una línea de swap cambiario por 20.000 millones de dólares para estabilizar los problemas que enfrentaba el partido de Javier Milei. El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, vinculó el respaldo continuo de Washington con la victoria de la derecha en las elecciones”, recuerda Prashad. “El patrón consiste en apoyar a la extrema derecha y prometer acceso a los mercados de crédito en caso de victoria lo que constituye abiertamente una interferencia electoral”, apunta el historiador indio.
En la votación, el partido de gobierno, La Libertad Avanza, obtuvo 40,8% de los votos en la contienda por la Cámara de Diputados y aseguró 13 de los 24 escaños en el Senado. El resultado dio oxígeno al Gobierno de extrema derecha en Argentina, pese al agravamiento de la crisis económica y de los índices de pobreza, además de la vertiginosa pérdida de popularidad entre los argentinos.
Hondurasgate: vínculos estrechos entre Trump y el narcotráfico
Un escándalo político de grandes proporciones expuso los [mecanismos de la interferencia estadounidense en las elecciones de Honduras. Conocido como “Hondurasgate”, el caso salió a la luz tras la filtración de 37 audios de conversaciones privadas que revelan cómo sectores de la extrema derecha internacional actuaron para manipular el resultado de los comicios y garantizar la llegada al poder del candidato conservador Nasry Asfura. Las grabaciones exponen negociaciones directas que involucran al Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, aliados de Israel y operadores de campañas digitales.
La principal maniobra para desestabilizar el proceso democrático. Condenado por la justicia estadounidense a 45 años de prisión por narcotráfico, Hernández recibió un indulto firmado por Trump el 30 de noviembre de 2025, dos días antes de los comicios.
Según el material divulgado, el perdón judicial sirvió como moneda de cambio política, financiada por grupos conservadores del exterior, para reagrupar a las fuerzas de la derecha en el país centroamericano y facilitar la victoria de Asfura.
La ofensiva de Washington no se limitó al indulto del exmandatario. En declaraciones públicas y mensajes en redes sociales, el propio Donald Trump amenazó abiertamente con cortar el envío de remesas financieras al país si la candidata progresista Rixi Moncada resultaba vencedora.
En el terreno digital y operativo, las investigaciones apuntan a la participación central del estratega argentino Fernando Cerimedo, brazo derecho de la extrema derecha en América Latina. Cerimedo dirigió el centro de datos del Partido Nacional y utilizó algoritmos y canales de desinformación para difundir falsas proyecciones de victoria de Asfura antes del cierre oficial del escrutinio.
Los audios también muestran instrucciones para manipular urnas e impedir el conteo voto por voto. La maniobra impidió la verificación de 306 actas que sumaban más de 132.000 votos, en una contienda cuya diferencia declarada fue de apenas 27.000 sufragios.
Venezuela: al límite, la violencia
El 28 de julio de 2024, los venezolanos reeligieron a Nicolás Maduro, con 51,95%, para un nuevo mandato presidencial de seis años. Demasiado tiempo para los planes de Washington.
La impugnación de los comicios y la negativa a reconocer la victoria fueron las primeras y previsibles reacciones del Gobierno estadounidense. Pero el desenlace político fue más allá de lo que hacía prever la disputa electoral.
Frente a la validación de los resultados por parte del máximo tribunal del país y a la imposibilidad de promover un cambio de régimen por la vía electoral, el 3 de enero el Gobierno de Donald Trump, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Tras el ataque, Washington ha impuesto un régimen de tutela sobre el Gobierno venezolano, especialmente en torno al acceso al petróleo del país por parte de empresas estadounidenses.
“En su discurso ante la ONU del 22 de septiembre, Trump mencionó la operación para capturar a Nicolás Maduro como prueba de la disposición estadounidense a actuar en todo el hemisferio”, recuerda Vijay Prashad. “Amenazó con utilizar la fuerza militar allí donde Washington considere que sus intereses vitales estén en peligro”, agrega.
En ese sentido, el historiador considera que Brasil y México se convierten en objetivos centrales de la acción injerencista estadounidense, en la medida en que son focos de resistencia frente a la escalada de Estados Unidos en la región. No obstante, Prashad advierte que a Washington aún le quedan otros mecanismos de presión contra esos países antes de recurrir a una opción militar.
“El corolario de Trump a la Doctrina Monroe declara que Estados Unidos debe tener dominio sobre todas las Américas, incluido Brasil”, afirma.
“Brasil y México permanecieron fuera de la coalición Escudo de las Américas; por lo tanto, ambos están bajo amenaza. Sin embargo, la escalada militar sigue siendo un riesgo que debe evaluarse, no un plan establecido. El tamaño de Brasil, sus instituciones y sus relaciones internacionales convierten una operación militar directa en una propuesta sustancialmente distinta. En el caso de Brasil, antes de una opción militar como la utilizada en Venezuela, Estados Unidos recurrirá a la coerción económica, diplomática e institucional”, argumenta el historiador.


