Migrantes: Amparado en un fallo de un juez trumpiano, vuelve el Quédate en México
Gerardo Villagrán del Corral
El gobierno de México aceptó la petición de Estados Unidos para reimplementar desde el lunes el polémico programa Quédate en México, creado por el ex presidente Donald Trump para obligar a los migrantes que solicitan asilo a Washington a permanecer en los estados fronterizos mexicanos hasta que se defina y resuelvan su trámite en las cortes estadounidenses.
La polémica decisión se tomó luego de negociaciones entre representantes de ambos gobiernos, pues la Casa Blanca buscaba cumplir con la orden de una Corte federal con sede en Texas para reinstalar el programa, oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), y que fue uno de los estandartes antimigratorios del expresidente estadounidense, Donald Trump.
Desde México se insiste en que la prórroga a Quédate en México debe ser transitoria y temporal, mientras Washington revierte en tribunales la resolución que la obliga a reactivar dicho programa. O mejor aún, mientras diseña una política integral que le quite su razón de las medidas que apuestan por frenar a las personas en movilidad sin tener en considración (y menos en solucionar) los fenómenos que los empujan a salir de sus regiones de origen.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), México accedió tras el compromiso de que EEUU atenderá diversas preocupaciones humanitarias, como concluir los procedimientos de asilo dentro de seis meses del retorno de una persona a México.
Además, deberá ofrecer oportunidades para los participantes de tener acceso seguro y poder comunicarse con representantes legales durante sus entrevistas y audiencias en la corte; procedimientos para mejorar los principios de no devolución, y un aumento en la cantidad y calidad de información que los migrantes inscritos reciben sobre el programa. Además, se excluirá a personas particularmente vulnerables y se ofrecerá vacunas contra el Covid-19 a todos los inscritos en el Quédate en México.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no deportar a los migrantes que estén en procesos para obtener el asilo en el vecino país del norte. Y ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en EEUU para solicitar asilo en ese país, apuntó la cancillería.
El acuerdo causó alarma entre organizaciones civiles y agencias internacionales que trabajan el tema migratorio que documentan a diario los riesgos y violaciones a derechos humanos que enfrentaron en algunas entidades del norte de México cientos de los más de 70 mil migrantes adheridos a los MPP durante su vigencia (de enero de 2019 a enero de 2021), entre ellos extorsión, secuestro, violación sexual, robos y asesinatos.
Uno de los puntos de mayor riesgo es el estado Tamaulipas, donde organizaciones no gubernamentales han advertido que en particular en la fronteriza Nuevo Laredo, hay altos riesgos de secuestro para migrantes. El 43 por ciento de los solicitantes de asilo atendidos por Médicos Sin Fronteras en esa ciudad, habían sido víctimas de ese ilícito.
La alarma es mayor debido a que en un documento oficial, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detalló que los puntos de devolución a México son San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville, los últimos, fronterizos con Tamaulipas.
Trump se fue, pero sus políticas quedaron
El MPP fue suspendido por el presidente Joe Biden desde los primeros días de su administración, y ahora se retoma en acatamiento a laresolución judicial emitida en agosto pasado por un juez federal con sede en Texas.
El regreso de esta política trumpiana no es deseable ni para los propios solicitantes de asilo ni para México, que ya se encuentra desbordado por las recientes oleadas migratorias y no cuenta con la capacidad financiera, logística ni administrativa para atender a las necesidades de las personas que buscan ingresar a territorio estadounidense.
Acorralado por los migrantes que llegan desde el sur –hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos, principalmente, y los que son rechazados por la policía estadounidense desde el norte, México no puede librar a los 
extranjeros a su suerte. Es cierto que la medida no fue tomada por Biden sino que se basa en una sentencia de un juez conservador y también por las presiones de fiscales y gobernadores del mismo signo.
Encuentros bilaterales entre México y Washington han permitido avanzar en la configuración de propuestas para atender a los flujos de migrantes del Triángulo Norte centroamericano no de manera reactiva, sino a partir de sus causas, y la reunión AMLO-Biden del 18 de noviembre pasado incluyó el acuerdo de coinvertir para la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras.
..* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)