Luis Guillermo Pérez: Dudas sobre al Premio Nobel de la Paz para Santos
Marleen Bosmans
El 10 de diciembre de 2016, Juan Manuel Santos, el entonces presidente de Colombia, recibió el Premio Nobel de la Paz. Hoy, Luis Guillermo Pérez, abogado de derechos humanos, tiene más y más dudas sobre las intenciones verdaderas de Santos cuando firmó el Acuerdo de Paz con las FARC-EP.
Regreso con perspectivas de paz
El 30 de junio de 2010, después de 15 años de exilio en Bélgica Luis Guillermo Pérez, abogado de derechos humanos de renombre internacional, regresa a Colombia. Ha decidido asumir la representación de la parte civil en los procesos iniciados por el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (CAJAR) contra funcionarios de la policía secreta colombiana, el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Su regreso no está exento de peligros y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) queda atenta.
Durante el gobierno del Presidente Uribe (2002-2010), el DAS emprendió una verdadera caza de brujas contra defensores de los derechos humanos, magistrados, periodistas y opositores políticos. El DAS también tenía a Luis Guillermo y a su familia en la mira. Su madre, su esposa y sus hijos decidieron quedarse en Bélgica.
Unos días antes, el 20 de junio de 2010, Juan Manuel Santos había ganado las elecciones presidenciales. En su discurso de posesión, el 7 de agosto de 2010, Santos se lanza plenamente para las negocaciones de paz para gran sorpresa de todos. Fue el mismo Santos que como ministro de Defensa (2006-2009) se había metido de lleno en diezmar a las FARC-EP, la guerrilla más grande y antigua del país. En “La batalla por la paz” (2019), sus memorias sobre el proceso de paz, cuenta que consultó al Mossad israelí y al servicio de inteligencia británico. Según dice, había decidido convertirse en “el verdugo de las FARC”. Sobre su popularidad como ministro de Defensa, escribe: “No hay nada más popular que mostrar al pueblo los trofeos de guerra, la cabeza ensangrentada del enemigo”.
Entre el reconocimiento y la duda
Luis Guillermo me recibe en su oficina en Bogotá. Se tira de uno: “Uno reconoce a Juan Manuel Santos porque efectivamente comprendió algo que el establecimiento no había comprendido: en Colombia había un conflicto armado interno que sólo se podía resolver con el diálogo y las negociaciones y no con la pretensión del exterminio militar”. “Pero al mismo tiempo fue implacable”, añade inmediatamente. “En medio de sus diálogos antes de formalizar la negociación, el ejército captura vivo a Alfonso Cano, el máximo comandante de las FARC, y él confesó que él mandó a asesinarlo.”
“Esto fue una ejecución extrajudicial, un crimen de guerra por el que tendría que haber repondido y él lo confesó,” enfatiza Luis Guillermo. Aún recuerda perfectamente el momento en que Santos hizo esa confesión que además fue de su propia voluntad. Luis Guillermo lo denunció en repetidas ocasiones insistiendo en que se investiguen las verdaderas circunstancias de lo sucedido. En las memorias de Santos se lee una versión diferente. Se refiere a un soldado joven ignorante que no tenía ni idea y apretó el gatillo para disparar contra un guerrillero que estaba huyendo.
Cuatro años de negociaciones
La muerte de Alfonso Cano generó tensiones pero se logra reactivar el diálogo entre el gobierno y las FARC-EP. El 4 de septiembre de 2012 se abren las negociaciones oficiales. El acuerdo es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Sigue la guerra, igual que las numerosas violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra. Después de casi cuatro años de negociaciones cautelosas, ambas partes llegan a un acuerdo sobre el texto final. El 26 de septiembre de 2016 se firma con una gran ceremonia festiva en Cartagena en presencia de 2.500 invitados nacionales e internacionales.
Pocos días después, el 2 de octubre, el acuerdo es rechazado en un plebiscito. La población tenía que responder con un simple “sí” o “no”. El No gana con el 50,2% de los votos, apenas 53.908 votos más que el Sí. El expresidente Uribe lidera el campo No. El 7 de octubre, Santos recibe una llamada telefónica desde Oslo informándole que ha ganado el Premio Nobel de la Paz.
Hay que volver a negociar. La agenda incluye unos 100 puntos planteados por Uribe y otros opositores al acuerdo. Santos está presionando a los negociadores de las FARC-EP porque quiere un acuerdo revisado y definitivo antes de salir para Oslo. El 24 de noviembre de 2016, se acuerda una nueva versión, esta vez final final, un voluminoso documento de 310 páginas. La firma se hace con mucha menos ceremonia.
Un plebiscito cuestionable
“Santos no tenía ninguna obligación para someter el acuerdo a un plebiscito”, explica Luis Guillermo. “Incluso desatendió las voces que le advertían que algo tan importante para la vida de una nación no tiene que ser concertada popularmente y sobre todo en un país donde a la insurgencia armada se le ha dado tratamiento de terroristas. Durante décadas el sistema ha sido manipulado y usado para tratarlos como monstruos a los que hay que destruir.”
En su libro Santos también habla sistemáticamente de “terroristas” cuando se refiere a las FARC: “Las FARC son un ratón que con terrorismo pretende rugir como un león, y vamos a seguir persiguiendo este ratón hasta que deje de respirar.” Sólo el 37,4% del electorado participó en el plebiscito.
“Luego me estoy preguntando, y todavía me pregunto, ¿hubo fraude en este plebiscito?”, continúa Luis Guillermo. “Todas las encuestas de opinión indicaban que la votación por el Si iba a ser amplia, pero no hubo ningún interés del gobierno de proteger esa votación y de saber si realmente reflejaba la voluntad ciudadana.i Luego hubo varios estudios que concluyeron que en ciertas mesas hubo fraude.” “Incluso pienso que pudo haber sido una responsabilidad del gobierno permitir que ese fraude estuviese perpetrado para lograr lo que logró,” dice, “o sea, debilitar el acuerdo en temas sustanciales hasta tener un acuerdo como Santos lo quería.”
El relato de Santos sobre las negociaciones de paz muestra claramente que él estaba decidido de fijar la agenda. Las FARC-EP habían propuesto 12 temas. Al final se pusieron de acuerdo sobre cinco. La demanda de las FARC-EP de reformas profundas y estructurales en casi todos los sectores, también en el sistema judicial, las fuerzas armadas y la policía, no alcanzó la mesa de negociación.
Exministros y expresidentes se ponen a salvo
El acuerdo de paz presta muchísima atención al reconocimiento de las víctimas y sus derechos. Para esto se diseñó un modelo de justicia especial y temporal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que prevé una reducción de penas o incluso amnistía o indulto para quienes reconozcan su responsabilidad y digan toda la verdad. Quedan excluídos los graves crímenes de guerra y los graves crímenes de lesa humanidad.
“El texto original preveía la posibilidad de que los magistrados extranjeros participaran en la JEP como una garantía de mayor independencia y objetividad frente a las cosas. Los eliminaron, nunca fueron convocados para hacer parte de la JEP. También eliminaron la potestad de poder investigar e incluso juzgar y condenar a expresidentes y exministros que pudieran haber estado implicados en crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.” “¡El caso de Santos! Confesó que mandó a matar a Alfonso Cano. Él debía haber pasado por la JEP, haber pedido perdón y haber sido condenado por este asesinato, ¿sí? Y lo que hicieron fue eliminar la competencia de la JEP sobre expresidentes y los máximos responsables.”
Los falsos positivos
Luis Guillermo también se refiere a la investigación que la JEP está llevando contra el general Mario Montoya. Se acusa a Montoya de haber incitado a sus tropas de matar a tantos guerrilleros cuantos fueran posiblen. Quería ver “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, “carrotancados” de sangre por lo cual les recompensaría. No le interesaban capturarlos. En la práctica no importaba si fueran guerrilleros de verdad o campesinos, obreros o jóvenes humildes a quienes mataron para después ponerles botas de goma y un uniforme de guerrillero. La JEP tiene conocimiento de 6.402 casos de “falsos positivos” para el período 2002-2008.
Montoya era comandante cuando Santos fue ministro de Defensa. El 11 de junio de 2021 Santos testificó ante la Comisión de la Verdad y pidió disculpas por no haber querido dar credibilidad a los tantos “rumores” sobre los falsos positivos al principio hasta que en el 2007 las instancias internacionales empezaron a denunciaron esas prácticas.
Para Luis Guillermo, y posiblemente para mucha gente, sigue siendo difícil creer que Santos no estuviera al tanto. Montoya fue un militar muy apreciado por Santos que le confió el mando de importantes operaciones
militares contra comandantes de las FARC (como el caso de Alfonso Cano) y la liberación de la política colombiana, Ingrid Betancourt.
“Juan Manuel Santos fue una gran decepción”, enfatiza Luis Guillermo. «Pudo haber hecho mucho más por la implementación de los acuerdos de paz, pero no lo hizo». Tras la firma del acuerdo final en noviembre del 2016, Santos fue presidente durante casi otros dos años más.
La disidencia en las FARC
“El golpe más duro contra la paz fue el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como Fiscal General de la Nación. Humberto Martínez era – y sigue siendo – un gran enemigo de los procesos de paz en general y de este acuerdo de paz en concreto, y de la JEP en particular,” añade Luis Guillermo.
Cierto se elige al Fiscal General pero Luis Guillermo está casi seguro de que Santos ha estado maniqueando el proceso. “Luego entendí por qué Santos hizo eso. Durante su campaña electoral en el 2014 Santos recibió dineros irregulares y de forma criminal de Odebrecht. Odebrecht es una multinacional brasileña especializada en grandes obras de infraestructura y este tipo de finanaciamiento está prohibido por la ley. Como Fiscal General, Humberto Martínez impedió que las investigaciones realmente avanzaran.”
“Pero lo más perverso que hizo ese Humberto Martínez – con la complicidad de Juan Manuel Santos – fue generar la disidencia en las FARC-EP,” dice Luis Guillermo con esta idignación serena que lo tipifica. Explica cómo, poco después de firmar los acuerdos de paz, agentes de la Administración Antidrogas de EE.UU. (Drug Enforcement Administration, DEA) montaron una transacción de diez toneladas de cocaína con las que querían comprometer a Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC-EP. Se trataba de cocaína incautada que salía de los almacenes de la Fiscalía General de la Nación.
“No sólo querían trampar a Santrich, sino también a Iván Márquez (el jefe de la delegación negociadora de las FARC-EP, ed.). Santrich era ciego y por tanto físicamente vulnerable. La DEA intentó incautar a Santrich en una cita con Iván Márquez, pero éste no se la concedió.” Santrich fue capturado y EE.UU. exigió su extradición. Santrich pasó a la clandestinidad y, junto con Iván Márquez, volvió a tomar las armas. Muchos otros excomandantes se fueron con ellos. Perdieron la confianza en el acuerdo de paz. En mayo de 2019 Humberto Martínez renuncia por desacuerdo fundamental con la negativa de la JEP de extraditar a Santrich.
“Querían golpear duramente a las FARC como partido político haciendo narcotraficantes de sus principales comandantes. Era la intención de debilitarlos y los debilitaron.” Luis Guillermo es muy explícito: “Eso fue fabricado por la DEA y ese Humberto Martínez con la complicidad de Juan Manuel Santos. Eso fue el golpe más duro que se dio al proceso de paz.”
“Por un lado el rol de Juan Manuel Santos ha sido positivo, pues había que llegar a un acuerdo y dejó la opción del exterminio, pero luego quería de mala fe debilitar a su adversario y quitarle espacios políticos,” concluye Luis Guillermo. “Todo lo pensaron para eso: los desarmamos, los llevamos a la lucha política de la democracia y además los vamos asesinando. Llevan alrededor de 500 reincorporados de las FARC que han sido asesinados. Los asesinan, los neutralizan políticamente y luego, para el establecimiento la victoria habrá sido rotunda. Y Juan Manuel Santos está detrás de todo este andamiaje.”
Un entorno político hostil
El 26 de marzo de 2024, Antonia Urrejola, experta internacional en derechos humanos para la ONU, presenta su informe de avance del proceso de paz en Colombia. El caso de Santrich recibe atención particular. Concluye que hay serias indicaciones de que la Oficina de la Fiscalía General se niega a cooperar con la JEP para investigar a fondo el caso. Según ella, esto ha impactado negativamente en la confianza en el acuerdo de paz y en la credibilidad de los negociadores y de la JEP, ha acelerado las divisiones internas en las FARC-EP y ha afectado la reintegración de los excombatientes.
*Politóloga y lleva toda una carrera como experta en derechos humanos en distintas áreas de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe, Africa y Asia. Versión original publicada en De Wereld Morgen, Bélgica, 28 de noviembre de 2024.