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Desde la imposición de medidas coercitivas por parte de Estados Unidos a Venezuela, por primera vez llega al país una relatora especial de Naciones Unidas para comprobar el efecto negativo de estas acciones unilaterales en la población venezolana.

Movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos han compartido sus testimonios y experiencias como víctimas de una guerra multidimensional. La visita hasta el 12 de febrero de Alena Douhan, Relatora Especial sobre la Repercusión Negativa de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos finalmente visibiliza el impacto de un bloqueo criminal que amerita acciones urgentes de parte de Naciones Unidas.

Testimonios del bloqueo

Organizaciones sociales e investigadores coinciden en la necesidad de precisar el inicio de las mal llamadas sanciones contra el país en el año 2013 y no en el 2017 como algunos afirman. Para la economista Pascualina Curcio las medidas comenzaron a través de prácticas encubiertas, con las que el gobierno de EEUU obstaculizó desde el 2013, las transacciones de Venezuela con el sistema financiero internacional, incluyendo el acceso a créditos y la manipulación del índice de riesgo.

En su informe a la Relatora de la ONU, Curcio señala que las agresiones de EEUU contra los venezolanos no se limitan a las “sanciones”. “Entre el 2013 y el 2016 los venezolanos padecimos una escasez programada e inducida de productos esenciales que derivó en largas filas y racionamientos consecuencia de la alteración de los canales de distribución por parte de los monopolios transnacionales”.

Curcio demuestra en sus trabajos que como consecuencia del bloqueo a Pdvsa y del ataque al bolívar, “los venezolanos hemos dejado de producir alrededor de US$ 170.000 millones solo entre 2016 y 2019. Cifra que equivale a la importación de medicinas y alimentos para 40 años, o el equivalente a los recursos necesarios para la prestación de los servicios de salud, público y privado, durante 25 años, o para la educación en todos sus niveles durante 20 años”.

El bloqueo impacta la cotidianidad y los derechos de todos los sectores de la población. Un golpe severo a políticas sociales en las que Venezuela es referencia como un Estado de inclusión social. Por ejemplo el derecho a la vivienda. Como consecuencia de las medidas unilaterales a las instituciones venezolanas la ejecución de pagos  a proveedores, beneficiarios, transacciones, obligación financieras, carteras de inversión adquisición de materias primas, están limitadas.

Si bien la Gran Misión Vivienda Venezuela,  alcanzó este año las 3 millones 475 mil viviendas entregadas, el impacto del bloqueo en la política pública y popular de vivienda es significativo.

Durante su encuentro con Douhan, el Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela, que agrupa organizaciones populares, inquilinos, familias sin vivienda,  explicó el impacto del bloqueo en las políticas populares de vivienda y hábitat. El movimiento cuenta con once campamentos de pioneros con terrenos y proyectos listos para el inicio de obras para 1200 familias, que permanecen en arrendamientos en pésimas condiciones, alquilados o viviendo en edificios sin terminar por problemas de financiamiento, suministro de maquinarias y materiales, paralización de proyectos de construcción y estancamiento de nuevos proyectos.

La construcción de viviendas vía autogestión o a través de la organización popular tiene importantes experiencias concretas en todo el país.

Entre los planteamientos comunes de las organizaciones populares destaca el impacto de las medidas coercitivas impulsadas por Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela, PDVSA. El bloqueo a  la empresa petrolera afecta la entrada de recursos para la importación de alimentos, medicinas, materia prima, así como  repuestos y aditivos necesarios para las refinerías. Por consiguiente el país tiene problemas de transporte, de mantenimiento del parque automotor público y falta de gasolina.

Para las organizaciones de mujeres, el día a día está lleno de ejemplos sobre las consecuencias del bloqueo en los servicios públicos y administrativos. En su testimonio la organización feminista Tinta Violeta resaltó cómo el deterioro del servicio de transporte púbico y la escasez de gasolina inciden en la capacidad de movilización oportuna de los funcionarios y funcionarias,  para impedir la comisión de ciertos delitos o proteger adecuadamente a las víctimas de violencia frente a sus agresores, así como en el acceso de las mujeres  a los centros de recepción de denuncias y unidades de atención.

La organización también registró o acompaño casos de trata y explotación comercial y sexual de mujeres y niños, niñas y adolescentes producto de la emigración inducida desde el inicio de las medidas unilaterales contra el país.

Otras organizaciones plantearon el impacto del bloqueo en la población con alguna discapacidad en el acceso a prótesis, sillas de ruedas y otros implementos, y organizaciones que trabajan con mujeres y jóvenes denunciaron la falta de  anticonceptivos.

En su informe a la experta de Naciones Unidas, la organización de derechos humanos Sures, aportó investigaciones que demuestran que las medidas coercitivas unilaterales impuestas ilegal y arbitrariamente por parte de Estados Unidos, Canadá y otros Estados europeos sobre el disfrute de los derechos humanos a la vida, salud, integridad personal y alimentación de la población que reside en la República Bolivariana de Venezuela, configuran  un “Crimen de Lesa Humanidad”, a tenor del artículo 7.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que debe ser debidamente sancionado.

La organización destaca que en estos momento de pandemia causada por el Covid-19, el Ejecutivo Nacional y la sociedad venezolana, deben contar con todos los recursos públicos a su disposición para prevenir y atender la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo de 2020.  En Enero de este año el ejecutivo nacional denunció el bloqueo de recursos retenidos en Inglaterra, Portugal España y Estaos Unidos para la adquisición de medicamentos y vacunas para el Covid-19.

La Relatora también pudo conocer de primera mano la experiencia de Fundalatin en el acompañamiento que realiza a los familiares de personas a la espera de trasplantes de hígado y de medula ósea que anteriormente eran financiados por Citgo y el dolor de los familiares de quienes fallecieron.

Las medidas unilaterales obligaron a las organizaciones sociales a fortalecer la articulación en redes para enfrentar colectivamente lo que denominan una guerra imperial.  Desde la comuna las organizaciones sociales campesinas, agrourbanas y pesqueras trabajan  en mantener la producción de los alimentos para sus comunidades.

Para la organización social, Corriente  Revolucionaria Bolívar y Zamora,  los problemas en los niveles de  producción, distribución y movilización de los alimentos a otras partes del país,  sumado a los obstáculos para la adquisición de semilla e insumos importados, y en consecuencia la alteración del ciclo  de siembra, vulnera el derecho a la alimentación de la población.

Después de tantos años de negación o invisibilización del bloqueo y su impacto, el reconocimiento de la “Repercusión Negativa de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos”  trae esperanza y ojala que justicia.

Anahí Arizmendi